El país modelo de la democracia europea se moviliza para legalizar las minas antipersona
Se trata del país menos densamente poblado de la Unión Europea y ha llevado a cabo una recolección de firmas para levantar esta prohibición. La petición se ha trasladado al parlamento.
Finlandia, el séptimo país más extenso de la Unión Europea y el menos densamente poblado del grupo, ha llevado a cabo una recogida de firmas para exigir la retirada de Finlandia del Tratado de Ottawa, al cual se unió en 2012, que exige la restricción del uso de las minas antipersona.
La petición, que reunió el umbral necesario de 50.000 firmas, ha sido trasladada hasta el parlamento finlandés, donde será debatida, según pudo revelar la emisora nacional finlandesa Yle. La iniciativa comenzó el pasado seis de diciembre, el Día de la Independencia de Finlandia, de la mano del eurodiputado Mika Aaltola, el exministro de Defensa Jussi Niiniste, el ex comandante de las Fuerzas de Defensa finlandesas, el almirante Juhani Kaskela, y varios ex diplomáticos.
Cabe destacar que la Convención de Ottawa exigía la prohibición de la producción, adquisición, almacenamiento, venta y transferencia de minas antipersona. Sin embargo, después del uso masivo de infantería por parte de las tropas rusas, Finlandia necesita organizarse para el conflicto militar. "La situación ha cambiado significativamente desde que Finlandia abandonó las minas antipersona y se adhirió a la Convención de Ottawa en 2012", defendió Janne Jaakola, comandante de las Fuerzas de Defensa finlandesas.
Mientras tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó que la iniciativa de Biden de enviar minas antipersona estuvo justificada con el cambio de táctica de Rusia en el conflicto, ya que consideran que el suministro de estas es una de las claves para paralizar la ofensiva rusa.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, por el contrario, critica que "las minas antipersona siguen siendo la causa de amputaciones y muertes incluso después de terminados los conflictos armados, y por lo general son las personas civiles las que sufren sus horrendas consecuencias". Según las Naciones Unidas, más de 10 millones de minas almacenadas esperan su destrucción y existen enormes extensiones de tierras que siguen "infestadas y, por tanto, son demasiadas peligrosas para destinarlas a uso productivo".
