Europa rompe su tratado del siglo pasado y aprueba el uso del arma prohibida

El Gobierno finlandés ha anunciado su decisión de retirarse de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonales, también conocida como Tratado de Ottawa, a fin de proteger mejor su frontera oriental con Rusia, la más extensa de un país de la OTAN. No es un hecho aislado, sino una tendencia preocupante que afecta incluso a países democráticos, occidentales, que evidencia que gana el miedo y la ultraprotección a los derechos humanos que hasta ahora se trataban de proteger. 

La nación nórdica se suma a otros países de la región en su decisión de abandonar este tratado, entre ellos Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, que hicieron un anuncio similar el pasado 18 de marzo.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, avanzó además que el gasto en defensa aumentará hasta alcanzar el 3 % del producto interior bruto (PIB) en 2029 para financiar la compra de este tipo de minas y que se pondrá en marcha una reforma del Ejército de Tierra del país nórdico.

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para subrayar que los finlandeses no tienen de qué preocuparse. Finlandia es un país seguro. Con estas medidas, queremos asegurarnos de que la defensa de Finlandia también esté en buena forma en los próximos años", declaró Orpo en una rueda de prensa junto a varios ministros.

El titular de Defensa, Antti Häkkänen, señaló que la reintroducción de las minas antipersonales permitirá aumentar la capacidad de defensa de Finlandia, ya que son un arma defensiva muy eficaz en caso de una invasión por tierra.

Finlandia, recién entrado en la OTAN, fue uno de los últimos países de Europa occidental en ratificar la Convención de Ottawa en 2012, una decisión que le obligó a retirar las miles de minas antipersonales diseminadas a lo largo de la frontera con Rusia desde los tiempos de la Unión Soviética. 

Suma y sigue

La decisión de Finlandia, como antes la de Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, debilita el Tratado de Ottawa, que entró en vigor el 1 de marzo de 1999, ha hecho posible, según su página web, la destrucción de más de 40 millones de minas. Antes de la entrada en vigor del tratado había un centenar de empresas de 55 países que fabricaban entre 5 y 10 millones de minas al año, pero el número de países productores se redujo a 15.

Debido a la presencia de minas, por ejemplo, el 80% del terreno cultivable en Afganistán no se puede utilizar, el 60% de Angola es considerado peligroso, y en el sur de Sudán la agricultura esta paralizada.

Por su parte, la ONU y varias organizaciones humanitarias realizan programas de desminado en diversas zonas del mundo, los cuales permiten eliminar cada año unas 100.000 minas.

Desde 1999, 164 países han firmado el Tratado de Prohibición de Minas Antipersonales, de los que 157 han confirmado que ya no poseen dispositivos almacenados. Finlandia fue uno de los últimos países de Europa occidental en ratificar la Convención en 2012, una decisión que le obligó a retirar las miles de minas antipersonales diseminadas a lo largo de la frontera con Rusia desde los tiempos de la extinta Unión Soviética.

Entre los gobiernos no firmantes se encuentran China, India, Rusia, Israel, Marruecos, Cuba, Singapur o Estados Unidos.

El 23 de septiembre de 2014, Washington se comprometió a no usar este tipo de armamento y a destruir todo su arsenal, aunque la decisión fue cancelada en 2020 en el primer mandato de Donald Trump. En julio de 2022, Estados Unidos, entonces bajo la Administración Biden, renunció a usar, producir y comprar minas antipersona, cumpliendo así en gran medida con la Convención, aunque sin firmar el tratado y con una excepción, la península de Corea, donde mantuvo abierta la posibilidad de usarlas.

En noviembre de 2024, poco antes de abandonar la Casa Blanca, Biden anunció el suministro de estos dispositivos a Ucrania en plena guerra con Rusia.

El último informe del Observatorio de Minas Antipersona también de noviembre de ese año refleja que las minas y los restos explosivos de guerra mataron o hirieron al menos a 5.757 personas en 2023, de ellas el 84% civiles, en unos 50 países. La investigación reporta también que el número de víctimas a consecuencia de las minas antipersona aumentó ese año.

Sólo las minas antipersona se cobraron 833 víctimas, frente a las 628 del año anterior.

Birmania fue el país con más víctimas de minas terrestres y municiones sin estallar, con más de 1.000 personas muertas o heridas, por delante de Siria (933), que lideró la clasificación durante tres años, seguida de Afganistán (651), Ucrania (580) y Yemen (499). 

Justo unos 800 expertos en desminado de todo el mundo y de la ONU se dan cita esta semana en Ginebra para la reunión anual en la materia, en un clima de especial pesimismo ante la detención de operaciones de limpieza de este armamento financiadas por EEUU en decenas de países y por la posibilidad de que países europeos vecinos a Rusia abandonen el principal tratado antiminas.

El 28.º encuentro internacional, del 9 al 11 de abril y organizado por el Servicio de Acción contra Minas de la ONU (UNMAS) y el Centro Internacional de Ginebra para el Desminado Humanitario (GICHD), llega además en un momento de creciente uso de estas armas en los conflictos mundiales, desde Ucrania a Yemen o Birmania (Myanmar).