Al menos siete empresarios y funcionarios rusos sujetos a sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos o Ucrania por la invasión de Ucrania ordenada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hace ya más de tres años han adquirido pasaportes malteses a través del programa de "visados de oro" del país, según ha revelado una investigación del Financial Times.

Entre ellos, según destaca el medio The Kyiv Independent, se encuentra el empresario ruso Albert Avdolyan, sancionado por la UE en febrero, quien adquirió la ciudadanía maltesa en 2015 gracias a este programa, lo que le permitió eludir parcialmente las prohibiciones de viaje del bloque. Su esposa y sus cuatro hijos también recibieron pasaportes malteses.

Según su nota de lista de sanciones, Avdolyan está "estrechamente asociado" con la principal corporación estatal de armas de Rusia, Rostec.

El TJUE declara ilegales los programas de 'Golden Visa' 

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha declarado este martes ilegales los programas de ciudadanía que ofrecen 'golden visas' a grandes inversores por considerar que infringen las normas comunitarias por suponer la comercialización de la concesión de la nacionalidad de un Estado miembro.

El fallo, que alude a un programa maltés de ciudadanía para inversores de 2020, señala que dicha práctica no permite establecer el vínculo de solidaridad y de lealtad necesario entre un Estado miembro y sus ciudadanos, ni garantizar la confianza mutua entre los países de la UE, por lo que constituye una vulneración del principio de cooperación leal.

Además, incide en que un Estado miembro no puede conceder su nacionalidad a cambio de pagos o de inversiones predeterminados, ya que ello equivale esencialmente a hacer de la adquisición de la nacionalidad una mera transacción comercial.

Al respecto, el TJUE ha declarado que Malta ha infringido el Derecho de la Unión al establecer y aplicar el programa de ciudadanía para inversores 2020 y ha apuntado que a recuerda que aunque cada Estado miembro es libre de definir los requisitos con arreglo a los cuales concede o retira su nacionalidad, debe ejercer esta libertad respetando las leyes comunitarias.

La sentencia recuerda también que la ciudadanía europea garantiza la libre circulación dentro de un espacio común de libertad, seguridad y justicia y que este espacio común se basa en la confianza mutua entre Estados miembro y el reconocimiento mutuo de las decisiones nacionales.

Por lo tanto, indica que cada país debe abstenerse de adoptar toda medida que pueda comprometer los objetivos comunes de la Unión en virtud del principio de cooperación leal.