El Parlamento de Hungría ha aprobado este lunes, con 140 votos a favor y 21 en contra, una reforma de la Constitución húngara que limita aún más los derechos de la comunidad LGTBI+. El partido Fidesz, liderado por el primer ministro Viktor Orbán, ha impulsado esta medida con su mayoría de dos tercios en la cámara y que modifica la Carta Magna para blindar la prohibición de las marchas del Orgullo y de cualquier acto público que visibilice la diversidad sexual y de género. Todo, apelando a "la protección de la infancia".

La enmienda constitucional establece que “el derecho del menor al adecuado desarrollo físico, mental y espiritual prevalecerá sobre todos los demás derechos fundamentales, con la excepción del derecho a la vida”. Con esta fórmula, el Gobierno húngaro subordina derechos como los de la libertad de reunión y de expresión a la protección de la infancia, el argumento que ya ha utilizado para justificar otras leyes contra la comunidad LGTBI+.

Además, el Parlamento húngaro ha aprobado otra modificación constitucional con la que se determina que en en Hungría se reconocerán únicamente dos sexos: el masculino y el femenino, dejando fuera a las identidades de género no binarias. Una enmienda que, por otra parte, obstaculiza el reconocimiento legal del cambio de género y pone más trabas a las personas transgénero, especialmente en el acceso a cirugías de reasignación.

Críticas y protestas semanales por el veto al Orgullo

La votación de la reforma de la Constitución de Hungría se ha producido entre protestas multitudinarias en la capital, Budapest. Algunos diputados del partido liberal Momentum y varios activistas han intentado bloquear la plaza Kossuth, situada delante del edificio del Parlamento, como ya hicieron el pasado marzo, cuando se aprobó otra ley que vetaba “las reuniones que promuevan o exhiban el cambio de sexo o la homosexualidad”. Esa norma permite aplicar multas de hasta 490 euros a los denunciados y el uso de tecnología de reconocimiento facial para identificar a los participantes en dichas concentraciones.

Desde entonces, miles de personas han salido a la calle cada semana en defensa de los derechos LGTBI en Hungría. Las movilizaciones han recibido el respaldo de 22 embajadas europeas, incluidas las de España, Alemania, Francia y Reino Unido, que han alertado sobre las restricciones a la libertad de expresión y de reunión. "Esto no es protección de la infancia, esto es fascismo”, han denunciado en un comunicado los organizadores del Orgullo de Budapest, que mantienen sus planes de celebrar la marcha el próximo 28 de junio, a pesar del nuevo marco legal y de que las autoridades van a denegarles el permiso de celebración cuando se solicite oficialmente.

El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, avisó el 2 de abril de que la libertad de manifestación es un valor fundamental de la Unión Europea, y confirmó que Bruselas investiga la reforma constitucional húngara por su posible vulneración de derechos fundamentales.

La activista Dorottya Rédai, de la Comunidad Lesbiana Labrisz, ha acusado al Gobierno de Orbán de querer "eliminar a las personas LGTBI del discurso público". El independiente Ákos Hadházy, organizador de varias protestas, ha advertido que la intención final no es solo prohibir el Orgullo, sino impedir “cualquier protesta seria que incomode al poder”. 

Las reformas impulsadas por el Gobierno de Viktor Orbán incluyen también la prohibición constitucional de las drogas y la retirada de la ciudadanía húngara a personas con doble nacionalidad si las autoridades las consideran una amenaza para la seguridad nacional.