Mientras la población de Gaza sigue atrapada entre el hambre y los disparos, la organización encargada del reparto de alimentos, apoyada por Israel y Estados Unidos, ha paralizado sus operaciones. La medida llega tras tres días de tiroteos contra civiles en los alrededores de los centros de distribución. Las escenas de pánico y las muertes en plena espera de ayuda han provocado una oleada de condenas internacionales. Naciones Unidas exige una investigación inmediata e independiente.

La Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), respaldada por Israel y Estados Unidos, ha anunciado este miércoles la suspensión de sus operaciones en la Franja. “Los centros de distribución estarán cerrados con fines de modernización, organización y mejoras en la eficiencia”, publicó la organización en redes sociales. El acceso queda “terminantemente prohibido”, según su comunicado.

El Ejército israelí ha reforzado esta orden a través de su portavoz en árabe, Avichay Adraee, quien ha advertido que las carreteras que conducen a estos centros “se consideran zonas de combate” y, por tanto, están vetadas al tránsito civil. La GHF, con sede en Suiza y creada por contratistas con experiencia en otros conflictos armados, se ha convertido en la pieza central del nuevo sistema de reparto de alimentos en Gaza, reemplazando a las agencias de la ONU y ONG tradicionales.

El anuncio del cierre temporal llega tras dos días consecutivos de incidentes sangrientos cerca de los centros de distribución en Rafah, en el sur del enclave. El lunes, al menos 31 personas murieron por disparos israelíes. El martes fueron otras 27, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, y confirmadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Las víctimas estaban esperando comida cuando se desataron los disparos.

El Ejército israelí reconoció haber disparado a “varios sospechosos que se desviaron de las rutas de acceso designadas”, a unos 500 metros del centro. Asegura que comenzó con “disparos de advertencia” y que sus tropas actuaron ante una supuesta amenaza. No ha aportado pruebas.

Las Naciones Unidas, por su parte, han calificado los hechos como una “violación grave del derecho internacional”. António Guterres, secretario general de la ONU, ha pedido “una investigación inmediata e independiente” y ha subrayado que “los responsables deben responder por sus actos”. “Es inaceptable que civiles pongan sus vidas en peligro, y que las pierdan, por conseguir comida”, ha añadido.

Los gazatíes arriesgan la vida por una caja de comida

El nuevo sistema de reparto, gestionado en exclusiva por la GHF y protegido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), ha generado rechazo dentro y fuera de Gaza. Naciones Unidas lo ha criticado por su falta de neutralidad y por operar bajo condiciones impuestas por el ejército israelí. La ONG, que elude el sistema humanitario internacional, afirma haber repartido millones de raciones desde finales de mayo, pero sólo tiene operativo un centro en el sur, insuficiente para los más de dos millones de habitantes de la Franja.

“Esta área se encontraba muy alejada de nuestro centro de distribución seguro”, alegó la GHF tras las muertes del martes. En otro comunicado, añadió: “No nos hacemos responsables del área fuera de nuestros centros, que sigue siendo una zona de guerra activa”. Sin embargo, los testimonios recogidos por medios como AFP y BBC desmontan la idea de una separación clara entre zonas seguras y peligrosas.

“Eran las cinco y media de la mañana, todavía de noche. Miles de personas esperaban en la rotonda de Al Alam para ir al centro. Entonces comenzaron los disparos. Todo el mundo huyó. Reinaba el miedo y el caos”, contó un residente. “Vi gente cayendo al suelo, cubierta de sangre. Los tiros apuntaban contra civiles. No hubo aviso suficiente. Muchos no lograron escapar”, relató Mohamed Abu Deqqa, de 35 años.

Un médico extranjero en el hospital de campaña de Rafah describió la situación como una “carnicería total”. El CICR confirmó una avalancha de heridos, la mayoría con heridas de bala.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha sido tajante: “Los ataques contra civiles que intentan acceder a las exiguas cantidades de ayuda alimentaria en Gaza son inadmisibles. Impedir deliberadamente el acceso a la ayuda puede constituir un crimen de guerra”. Añadió que la población civil “se enfrenta a la peor de las opciones: morir de hambre o arriesgarse a ser asesinados mientras intentan acceder a los alimentos”.

Mientras tanto, Israel asegura que investigará los incidentes. También responsabiliza a Hamás de entorpecer el reparto. “Hamás hace todo lo posible para impedir la distribución de ayuda”, declaró el portavoz militar Effie Defrin.

La GHF ha prometido que reanudará la entrega de ayuda este jueves. Sin embargo, en Gaza no hay garantías de seguridad. Ni siquiera para quienes solo quieren sobrevivir otro día.