La esclavitud ni está lejos ni es pasado: cómo Europa aún fuerza a trabajar a las personas
La ONU ha conmemorado el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, con datos que revelan un empeoramiento de la situación mundial: hay 28 millones de sometidos, a los que se saca un beneficio de 236.000 millones. Todo un negocio.

La palabra esclavitud suena distante y a pasado, pero encierra una realidad cercana en espacio y en tiempo. Ante el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, las Naciones Unidas recuerdan la desoladora realidad del trabajo forzoso en el mundo, que también persiste en esta Europa que va de inmaculada, pero no. Un problema que no deja de crecer, llenando los bolsillos de quienes trafican con la dignidad y el esfuerzo de los demás, también con sus sueños de lograr una vida mejor para sí mismos y para sus familias.
Según el informe Ganancias y pobreza: Aspectos económicos del trabajo forzoso, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con datos referidos a 2021 como más recientes, había en ese momebto 27,6 millones de personas en situación de trabajo forzoso en un día cualquiera. Esta cifra se traduce en 3,5 de cada mil personas en el mundo. Entre 2016 y 2021, el número aumentó en 2,7 millones. A esto se suma que hay 138 millones de niños que no deberían estar trabajando pero lo hacen. "Esta progresión mundial obedeció al aumento del número de personas en situación de trabajo forzoso impuesto por actores privados", señala el dossier.
Definiendo: de qué estamos hablando
El Convenio de la OIT sobre trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) define, en su artículo 2, que el trabajo forzoso u obligatorio es "todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente".
Designa, a efectos de medición, todo trabajo que reúne dos condiciones: el carácter involuntario de la relación laboral y la coacción. El trabajo involuntario se refiere a todo trabajo que se realiza sin que el trabajador haya dado su consentimiento libre e informado. El término coacción se refiere a los medios que se utilizan para obligar a alguien a trabajar en contra de su voluntad. El carácter involuntario y la coacción pueden producirse en cualquier etapa de la relación de empleo: en la etapa de contratación para obligar a una persona a aceptar un trabajo en contra de su voluntad, durante el empleo para obligar al trabajador a trabajar y/o a vivir en condiciones con las que no está de acuerdo, o en el momento en el que el trabajador desea dejar el empleo para obligarlo a permanecer en el puesto de trabajo aun cuando desee abandonarlo.
Números y tendencias globales
La esclavitud moderna se da en casi todos los países del mundo, y traspasa todas líneas étnicas, culturales y religiosas. Más de la mitad (el 52%) de todos los trabajos forzados y una cuarta parte de todos los matrimonios forzados se encuentran en países de renta media-alta o alta. Sí, también se incluyen aquí las uniones forzadas, muchas veces con víctimas menores de edad, porque estas niñas y estas mujeres, en su mayor parte, pasan a ser mano de obra involuntaria en las casas y los negocios de quienes las compran y fuerzan.
El sexo es un factor determinante en este drama: casi cuatro de cada cinco personas (78%) que están atrapadas en esta situación son niñas o mujeres. En relación con la edad, los niños (varones y mujeres) representan la cuarta parte (27 %) del total de casos.
Ninguna región del mundo está libre del trabajo forzoso. La de Asia y el Pacífico ocupa el primer lugar, con más de la mitad del total mundial (15,1 millones), seguida de Europa y Asia Central (4,1 millones), África (3,8 millones), las Américas (3,6 millones) y los Estados Árabes (0,9 millones). Pero esta clasificación regional cambia considerablemente cuando el trabajo forzoso se expresa en términos de prevalencia, esto es, cuando se tiene en cuenta el número de casos en proporción a la población. Según esta medida, el trabajo forzoso es más elevado en la región de los Estados Árabes (5,3 de cada mil personas), seguida de Europa y Asia Central (4,4 de cada mil), las Américas y Asia y el Pacífico (ambas regiones con 3,5 de cada mil), y África (2,9 de cada mil).
El trabajo forzoso afecta prácticamente también a todos los sectores de la economía privada (hay un escaso 14% de explotación en puestos públicos). Los cuatro grandes sectores que representan la mayor parte del total de trabajo forzoso, el 89%, son la industria, los servicios, la agricultura y el trabajo doméstico. Hablamos de la minería y la explotación de canteras, la industria manufacturera, la construcción y los servicios públicos, pero también el comercio mayorista y minorista, las actividades de alojamiento y de servicio de comida, el sector de las artes, el entretenimiento y la recreación, los servicios personales, los servicios administrativos y de apoyo, la educación, la salud y los servicios sociales, y el transporte y el almacenamiento, la silvicultura, la caza, los cultivos, la ganadería y la pesca, además de las faenas para terceros.
Las formas de coacción a estas personas son múltiples. La más común (36%) es la retención sistemática y deliberada del salario a la que recurren los empleadores abusivos para obligar a los trabajadores a permanecer en un puesto de trabajo por miedo a perder los ingresos que les pertenecen. Otra forma muy usada es el "abuso de la vulnerabilidad", mediante la amenaza de despido, que se ejerce sobre una de cada cinco personas (21%) sometidas al trabajo forzoso. Las formas más graves de coacción, como el confinamiento forzoso, la violencia física y sexual y la carencia de lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, son menos comunes, "pero en modo alguno son insignificantes".
Un jugoso beneficio
Toda esa explotación se traduce en un beneficio brutal, obsceno, que la ONU estima en 236.000 millones de dólares. Son 10.000 dólares praćticamente por persona.
Esta cantidad representa salarios arrebatados a los trabajadores, lo que afecta especialmente a los que ya tienen dificultades para mantener a sus familias. Para los trabajadores migrantes, significa menos dinero que pueden enviar a casa. Además, los Gobiernos pierden ingresos fiscales debido a la naturaleza ilegal de estos beneficios, que también pueden fomentar una mayor explotación, dar más poder a las redes delictivas y socavar el Estado de Derecho. Una suma explosiva para quien la sufre y formidable para quien se adueña de los billetes.
La mayor parte del total de ganancias ilegales procede de la explotación sexual comercial forzosa. Aunque sólo constituye una cuarta parte de todas las personas sometidas al trabajo forzoso impuesto por actores privados, representa el 73% del total de las ganancias ilegales de esta naturaleza, casi 173.000 millones. "Estas cifras se explican por la enorme diferencia de ganancias por víctima entre la explotación sexual comercial forzosa y la explotación laboral forzosa: 27.252 dólares de los Estados Unidos en el primer caso frente a 3.687 dólares de los Estados Unidos en el segundo", indica el informe.
También hay que tener en cuenta el factor migrante: si has salido de tu país buscando una vida mejor o la pura supervivencia, es probable que acabes pagando comisiones de contratación a tu empleador o gastos aparejados, como la vivienda, aunque sea infrahumana en muchos casos. Eso genera riqueza al patrón pero, al esclavo, se le queda en deuda y servidumbre, que ata su futuro.

El caso europeo
Sí, Europa también peca. Los datos de la ONU muestran que hay 6,4 millones de personas esclavizadas entre Europa y Asia Central (que van juntos en el estudio), un 6,9% respecto del total. Aunque todos esos países juntos suman un 12% de la población total del mundo, el porcentaje en esclavismo es un punto más, del 13%. El 64% de esa cifra total es de trabajadores forzosos y el 36%, de matrimonios forzosos.
Los conflictos, la pandemia de coronavirus y el cambio climático han agravado aún más estas vulnerabilidades. El covid, con sus miedos y su inseguridad económica o el acceso desigual a las vacunas y la atención médica, escondió mucha miseria. En diversos grados, los países de la región se ven afectados por el cambio climático, con efectos en la agricultura y otras industrias primarias que impulsan la pobreza y la inseguridad alimentaria, además. El desplazamiento relacionado con el clima continúa incrementando el riesgo de explotación, particularmente en el trabajo forzoso, en toda la región. Y, aunque no se refleja en las estimaciones de la ONU, se reconoce que la invasión de Ucrania por parte de Rusia "ha aumentado el riesgo de esclavitud moderna, con desplazamientos masivos y migración forzada tanto dentro del país como en toda la región". Va ya para cuatro años de esto.
Turquía, Tayikistán y Rusia registraron la mayor prevalencia de esclavitud moderna en la región. Rusia, Turquía y Ucrania registraron el mayor número de personas en situación de esclavitud moderna, representando casi tres de cada cinco personas en situación de esclavitud moderna en la región. Los países con la menor prevalencia son Suiza, Noruega y Alemania. Nos movemos en horquillas que van del 15,6% al 0,5% de prevalencia.
En el caso de España, estamos en el 2,3%, con 108.000 personas afectadas. Igualmente indignante en un país avanzado y con leyes, supuestamente garantista. Nuestro país saca una buena nota en cuanto a acciones del Gobierno para combatir la esclavitud: tiene un 63% de respuesta, al nivel de Irlanda o Suecia, sólo por detrás de Reino Unido (68), Países Bajos, Austria y Portugal (67).
"El trabajo forzoso se manifiesta de diversas maneras en toda la región, tanto para adultos como para niños, incluyendo la servidumbre doméstica, el trabajo agrícola, el trabajo en la construcción y la explotación sexual comercial forzosa. Existe una alta población de trabajadores migrantes, tanto de dentro como de fuera de la región, quienes son más vulnerables a la servidumbre por deudas y la explotación. El desplazamiento alimentado por los conflictos, el cambio climático y la inestabilidad política y económica también contribuye a la prevalencia del trabajo forzoso en la región, así como a la creciente discriminación contra ciertos grupos, como la comunidad romaní", denuncia Naciones Unidas.
Tomoya Obokata, el relator rspecial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, estuvo en septiembre en Bruselas para advertir a la UE de cambios legislativos que están por venir y que pueden complicar aún más la persecución de estos delitos. Y es que, en febrero de 2025, la Comisión Europea presentó una propuesta para modificar las directivas de la UE sobre informes de sostenibilidad y diligencia debida (Propuesta Ómnibus), que implicaría simplificar la histórica Directiva sobre la Debida Diligencia Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CDSD), que entró en vigor en julio de 2024. Dicha simplificación, "implicaría que la CDSD no se ajusta a los estándares internacionales", avisa el experto. "Socava el enfoque basado en el riesgo, promovido por los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos", denuncia.
La razón es que, a menudo, los mayores riesgos existen más allá del "nivel uno", es decir, de las relaciones directas de una empresa. "Al limitar el alcance de la diligencia debida únicamente a las relaciones directas, las empresas de la UE ya no estarían obligadas a realizar evaluaciones de riesgos en etapas posteriores. Esto se aparta de las normas internacionales establecidas", describe. "Sin una identificación y mitigación adecuadas", al final se puede abrir la puerta a más trabajo forzado.
Qué se puede hacer
Ante todo, la ONU reclama a los Estados miembros que recoblen esfuerzos contra la esclavitud. Deben contar con marcos legislativos claros y hacer cumplir las leyes nacionales contra el trabajo infantil y forzoso. Casi todos los países ya tienen con leyes o reglamentos que prohíben estas prácticas, pero su cumplimiento es fundamental.
Para llegar a esa fase, hacen falta inspecciones de trabajo eficaces, que trabajen sobre el terreno para identificar el trabajo infantil y forzoso. Esto no ocurre en muchas partes del mundo. El cumplimiento de la normativa requiere recursos y funcionarios capacitados. El enjuiciamiento y el castigo también son difíciles, mientras que la rendición de cuentas y la impunidad son problemas importantes. "Las grandes marcas de Europa y otros lugares rara vez son responsabilizadas de los abusos en sus cadenas de suministro", recuerda, por ejemplo, el relator.
Más allá de las medidas legales, debemos prestar atención a las causas fundamentales del trabajo forzoso e infantil: la pobreza, la desigualdad y las formas interrelacionadas de discriminación que afectan a los grupos vulnerables: mujeres, niños, jóvenes, pueblos indígenas, personas de género diverso y personas con discapacidad. Tienen más probabilidades de ser explotadas y victimizadas que otras personas debido a la discriminación y la falta de acceso a una educación de calidad, protección social y trabajo decente.
No es sólo responsabilidad de los países donde existe trabajo infantil o forzoso. Las naciones ricas también comparten la misma responsabilidad de apoyar a estos países para abordar estas causas fundamentales. "En última instancia, los consumidores de Europa, Japón, América del Norte y ciertas partes de Asia impulsan la demanda de bienes y servicios asequibles. Las grandes corporaciones responden a esta demanda, lo que se traduce en mano de obra más barata en las etapas posteriores de la cadena de suministro. Como consumidores, todos somos igualmente responsables de estas prácticas. Por lo tanto, la concienciación es esencial", concluye Obokata.
