La única vez que España rompió relaciones diplomáticas con un país y por qué es muy difícil que lo haga con Israel
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares descartó, por el momento, tomar una medida tan drástica, pero ¿por qué?¿Qué supone y cuándo se produjo la primera y última ruptura diplomática de nuestro país con otro?
"Es una decisión que se toma solo en casos muy excepcionales". Con estas palabras, el ministro José Manuel Albares cerraba la puerta -de momento- a romper relaciones internacionales con Israel. Lo confirmó a la prensa tras el Consejo de Ministros de este martes. Y la realidad es que, aunque parece que podría ser una inmejorable medida de presión para el régimen de Netanyahu, la realidad es mucho más complicada y este tipo de movimientos se llevan a cabo de forma muy seleccionada y puntual.
De hecho, miren si es algo tan puntual que nuestro país, solo lo ha autorizado una vez en la historia reciente y en un caso especialmente grave, por lo que hasta ahora, y pese a que todo el mundo ya tenga claro que lo que Israel está llevando a cabo en Gaza sea un "genocidio" -definido de esta forma por Pedro Sánchez-, no parece que vaya a ser el camino que tome el Gobierno.
Y antes de explicar cuál fue la última -y única- vez que España tomó esta posición, en primer lugar hay que explicar qué implica romper relaciones diplomáticas con un país, si hay pasos intermedios y por qué España no tomará esta decisión por ahora.
Hay que entender que en diplomacia no todo se solventa con medidas drásticas, y para dar pasos tan contundentes y sólidos hay que meditar mucho la decisión y es necesario que se den una serie de supuestos muy extremos. Si miramos en el escalafón de posibles soluciones intermedias o anteriores a la ruptura definitiva con un país encontramos las siguientes.
- 1. En primer lugar estaría la protesta formal (nota verbal o declaración pública).
- 2. Llamar a consultas al embajador. Este ya es un paso avanzado, aunque 'poco' dentro de la escala de la que hablamos. Justo en este punto se encuentra España respecto a Israel. En este caso, al embajador que está destinado en otro país se le ordena volver temporalmente al país para mostrar malestar.
- 3. Expulsar a diplomáticos del otro país. A este supuesto, aunque no ha llegado España, sí que ha vetado la entrada al país a dos ministros israelíes como respuesta al veto que el país hebreo llevó a cabo contra Yolanda Díaz y Sira Rego.
- 4.Reducir el nivel de relaciones: En lugar de que haya embajadores, ya solo se mantienen en el otro país a los encargados de negocios, que se puede considerar el nivel más bajo.
- 5. Suspender cooperación: Aquí se entraría ya en reducir o eliminar todo tipo de ayuda económica, cultural, militar, etc.
- 6. Congelar visitas oficiales o suspender tratados bilaterales: En este caso, la situación ya adquiere unos tintes muy oscuros, ya que las relaciones diplomáticas se ven gravemente afectadas y penden de un hilo.
- 7. Y finalmente, se llegaría a la ruptura total de relaciones diplomáticas: Una medida que solo se utiliza cuando la situación se ha tornado en totalmente insostenible e insalvable.
Aclarado esto, y para poner en perspectiva y comprender la postura de España con Israel, hay que retrotraerse al año 1980 para entender claramente cuando se toma la decisión más trascendental e irreversible -al menos durante un tiempo- en las relaciones internacionales.
España rompe relaciones diplomáticas con Guatemala
Ocurrió en el año 1980. Guatemala estaba gobernada con puño de hierro por el dictador militar Romeo Lucas García, quien llegó al poder en el año 1978 tras unas elecciones de dudosa validez en el país, y no sería derrocado hasta 1982. Para introducir algo más de contexto histórico, hay que señalar que Guatemala se sumió en una cruenta y fraticida guerra civil que duraría 36 años (1960-1996), saldándose con la muerte de entre 150.000 y 200.000 personas.
Durante este período la inestabilidad en todos los órdenes era la norma y se sucedieron hasta 13 gobiernos diferentes: 9 de ellos considerados dictaduras militares y 4 de ellos civiles tras la instauración de la nueva Constitución (entre 1986 y 1996). Como pueden imaginarse, el modus operandi durante los 26 años de dictaduras militares estuvieron marcados por una fuerte represión, masacres indiscriminadas, sometimiento de la población civil, aislamiento internacional y militarización total del país.
Pues bien, durante su mandato ocurrió el caso que incumbió a España. El 31 de enero de 1981, una revuelta de campesinos guatemaltecos, cansados de la tiranía, los asesinatos y la inseguridad imperante en el país, acudieron a la Embajada de España en Guatemala para denunciar estas situaciones de opresión y masacres en el Quiché (región de Gautemala).
Ante esta situación, los militares bajo el mandato de Romeo Lucas García, entraron con violencia en la Embajada pese a ser algo totalmente ilegal a nivel internacional tras la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El barullo y la tensión se desbordó hasta el punto de que, entre toda la marabunta de gente, se produjo un incendio (a día de hoy no hay pruebas concluyentes sobre si fue intencionado o accidental).
37 muertos y un condenado 35 años después
Las consecuencias fueron dramáticas: murieron un total de 37 personas, la mayoría fueron campesinos e indígenas que se manifestaban, aunque también murieron dos expolíticos guatemaltecos (como el exvicepresidente Eduardo Cáceres), además de varios estudiantes y varios miembros de la embajada y el consulado español. Entre ellos, el cónsul español, Jaime Ruiz del Árbol y Carmelo Soria Cajal, sobrino del embajador español, Máximo Cajal, que sobrevivió aunque resultó herido grave.
De entre todos los presentes, tan solo logaron salvar la vida el embajador español y un campesino guatemalteco, que fallecería a las pocas horas tras ser secuestrado y asesinado. Debido a la gravedad de los hechos, España tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas inmediatamente con Guatemala, que continuaría sumida en un caos político y una guerra civil hasta 1996.
Finalmente y tras cuatro años (en 1984), con Humberto Mejía Víctores presidiendo Guatemala y de Felipe González en España, se produjo un restablecimiento progresivo de las relaciones bilaterales; primero con encargados de negocios y posteriormente con embajadores.
Cabe destacar que 33 años después, en 2015, se produjo la primera condena contra un miembro del gobierno de Romeo Lucas, el exjefe del Comando Seis de la Policía Nacional, Pedro García Arredondo, acusando de ordenar el asalto a la Embajada y de matar al campesino que sobrevivió en primera instancia, Gregorio Yujá Xoná. Fue condenado a 90 años de prisión. Todas las matanzas y masacres perpetradas por estos regímenes fueron calificados en 1999 por la ONU como "genocidio".