Los "5 de Ulm": activistas pro-palestinos van a juicio por el ataque a una fábrica de armas israelí en Alemania
El caso genera un enorme debate en el país. ¿Lo suyo es activismo legítimo o criminalidad organizada? Las familias afirman que han permanecido detenidos en condiciones carcelarias extremas desde su arresto, el pasado mes de septiembre.
Este lunes, 27 de abril, comienza en Alemania el juicio contra cinco activistas propalestinos, conocidos como los "5 de Ulm", acusados de irrumpir y causar graves daños en una fábrica de armamento vinculada a Israel, el pasado mes de septiembre.
El caso ha generado una intensa polémica internacional, con las familias de los acusados denunciando lo que consideran un "juicio político" y las condiciones de detención extremas.
Los acusados -ciudadanos británicos, irlandeses, alemanes y españoles asentados en Berlín- están procesados por los hechos ocurridos en la madrugada del 8 de septiembre pasado. Según la fiscalía, el grupo forzó la entrada en las instalaciones de Elbit Systems, el mayor proveedor de armamento terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en la ciudad de Ulm (Baden-Württemberg).
Utilizando hachas, los activistas habrían destruido equipos de laboratorio y material de oficina, detonado bombas de humo y realizado grafitis en la fachada. Tras la acción, los propios activistas publicaron un vídeo del asalto en redes sociales, alertaron a la policía y esperaron en el recinto para ser detenidos. Los daños materiales se estiman entre 200.000 y un millón de euros.
El Estado alemán no sólo les imputa cargos de allanamiento y daños a la propiedad, sino también participación en una organización criminal bajo la sección 129 del código penal alemán. Esta calificación es la que ha permitido mantenerlos en prisión preventiva sin fianza desde su arresto, al ser considerados una "amenaza para la sociedad".
"Asistencia de emergencia"
El equipo de su defensa, compuesto por ocho abogados, planea dar un giro radical al proceso. Su argumento central se basa en la sección 32 del código penal alemán, que justifica actos ilícitos si se realizan como "asistencia de emergencia" para evitar un daño inminente a terceros.
Benjamin Düsberg, abogado de uno de los acusados, declaró: "Nuestra intención es utilizar el proceso para invertir las tornas. Queremos demostrar que no son nuestros clientes quienes deberían estar en el banquillo, sino los jefes de Elbit, que continuaron enviando armas incluso durante el genocidio".
Düsberg sostiene que la destrucción de equipos técnicos estaba justificada para obstruir el movimiento de armas hacia Israel, en un contexto donde la Corte Internacional de Justicia ya calificó como "plausible" la acusación de genocidio en Gaza en 2024.
Las familias de los detenidos han expresado su angustia por las condiciones en las que los "5 de Ulm" han permanecido encarcelados. Según los informes, los activistas han estado encerrados hasta 23 horas al día en prisiones separadas, con restricciones severas en visitas, llamadas telefónicas y acceso a libros.
Mimi Tatlow-Golden, madre de uno de los acusados, expresó su temor de que el Estado alemán esté intentando enviar un mensaje punitivo: "Sólo causaron daños materiales en un lugar específico con el objetivo de detener un genocidio. No ocultaron su identidad y se entregaron. No representan un peligro para el público. Esto sólo puede verse como un juicio con fines políticos".
Por su parte, el abogado Matthias Schuster añadió:"Nuestros clientes no son peligrosos, pero las autoridades creen que deben ser vistos como tales para justificar las estrictas condiciones de custodia en las que han sido mantenidos".
Alemania es el segundo mayor proveedor de armas de Israel, sólo por detrás de Estados Unidos. Este juicio se produce en un momento de máxima tensión social en Europa respecto al conflicto en Gaza, y el veredicto podría sentar un precedente crítico sobre los límites de la resistencia civil y la responsabilidad de las empresas de defensa bajo el derecho internacional. De ser hallados culpables, los activistas podrían enfrentarse a penas de hasta cinco años de prisión.