Después despedirse con aplausos, agradecimientos y vítores de la Casa Blanca, Elon Musk ha disparado una dura crítica a los planes económicos del presidente Trump. El propietario de X (antes Twitter) ha calificado la ley fiscal que el presidente pretende aprobar en el Senado como "masivo, escandaloso y lleno de gastos superfluos". "Es una abominación repugnante".

"Lo siento, pero ya no lo soporto más", ha admitido en una publicación en su red social. "¡Qué vergüenza para quienes votaron por ello! Saben que hicieron mal. Lo saben", ha agregado.

En una segunda publicación complementaria, el ejecutivo de Tesla y SpaceX ha advertido de que el proyecto "incrementará masivamente el déficit ya gigante del presupuesto a 2,5 billones de dólares (!!!) y cargará a los ciudadanos de EEUU con una deuda devastadoramente insostenible".

Estas rotundas declaraciones se complementan con la entrevista que el magnate concedió a la cadena estadounidense CBS, recogida por el diario El País. En ella, el multimillonario mostró su rechazo al proyecto, afirmando sentirse "decepcionado" al ver el "enorme gasto público, que aumenta el déficit presupuestario". Para él, esto socava el trabajo que está realizando el equipo del DOGE (Departamento de Eficacia Gubernamental), que precisamente él mismo dirigió hasta hace cuatro días. 

Pero aun en su cargo gubernamental, el magnate mantuvo su posición. Musk se despidió el viernes pasado de su cargo tras haber expresado críticas contra el gran plan fiscal de Trump. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, minimizó el impacto de las declaraciones en su rueda de prensa diaria: "El presidente sabe la postura de Elon Musk sobre este proyecto de ley. Esto no cambia su opinión. La opinión del presidente es que este es un proyecto de ley grande y hermoso, y lo respalda".

Bautizada por Trump como "el gran y hermoso proyecto de ley", la propuesta busca extender los alivios fiscales del primer mandato del neoyorquino (2017-2021) y añadir promesas de campaña como las exenciones fiscales a las propinas, a las horas extras y a las compras de automóviles fabricados en el país. La mayoría republicana del Senado busca convencer a sus escépticos para aprobarla el próximo 4 de julio.