Trump quiere quemar anticonceptivos por valor de 10 millones de dólares para mujeres del Sur Global
En su estrategia de desmantelamiento de la agencia de cooperación, se niega a cederlos o a venderlos, cuando están aún bien de fecha. Las leyes de Bélgica, donde se guardan, impiden su destrucción. Una campaña pide a Europa que se haga cargo.
Donald Trump prometió en la campaña electoral que, con él, las mujeres estarían "felices" y "no pensarían en abortar". "Yo seré su protector", dijo el entonces candidato a la Presidencia de Estados Unidos. Ahora, tras casi nueve meses desde su retorno a la Casa Blanca, el republicano ha vuelto a demostrar que la salud y el bienestar de las mujeres se la trae al pairo. Como muestra, un botón: los casi diez millones de euros en material anticonceptivos que su Gobierno guarda en suelo europeo y que quiere mandar directamente a una incineradora.
Vamos con el contexto: el pasado julio, el diario norteamericano The New York Times y la agencia Reuters desvelaban la existencia de un cargamento perteneciente a USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, guardado en una nave de la firma Kuehne + Nagel (de origen suizo) las cercanías de Amberes (Bélgica). Se trata de píldoras anticonceptivas, dispositivos intrauterinos tipo DIU e implantes hormonales por valor de 9,7 millones de dólares que estaban destinados a mujeres del Sur Global (eso que antiguamente, con toda la carga, se llamaba Tercer Mundo).
Un paquete cuyo gasto fue ordenado por el anterior presidente de EEUU, el demócrata Joe Biden, y que aún está a la espera de ser repartido. Problema: las intenciones de la Administración son las de quemarlo, incinerarlo en una planta especializada de Francia, con un coste evaluable de 167.000 euros y un coste incalculable en exposición, inseguridad y dolor futuro para las mujeres de países necesitados.
Desde aquella filtración a la prensa, ha habido un choque formidable entre las autoridades de EEUU (esas que tienen en su mano a los aliados europeos) y el Gobierno regional de Flandes, la región en la que se localiza la nave, con sensible poder competencial. Tras conocerse el plan de Trump, el portavoz del Ejecutivo flamenco, Tom Demeyer, se precipitó a recordar a Washington que sus normas impiden la destrucción de este tipo de material si está en vigor, como es el caso: vencerán entre abril de 2027 y septiembre de 2031, según un documento interno que enumera las existencias en almacén y verificado por tres fuentes de Reuters.
Hace tres días, el Times volvió a remover al avispero al confirmar, con fuentes de USAID, que el cargamento había sido hecho polvo pasado el verano. Sin embargo, la funcionaria que así se lo garantizó -con nombre y apellidos- se ha desdicho ahora y cita una "falta de comunicación" entre las dos orillas del océano Atlántico para justificarse. En resumen: el cargamento aún no ha sido quemado. Lo han verificado también desde el Gobierno de Flandes, con una inspección in situ, que insiste en la violación legal que supondría hacer lo contrario. No han recibido ninguna petición por parte de EEUU para hacerlo, añaden.
Más allá de cuándo se vaya a llevar a cabo ese proceso, si Trump se atreve, está la denuncia belga de que se está privando de asistencia a mujeres "del África Subsahariana", como ha confirmado el Ministerio de Exteriores. Desde los restos de gestión de USAID, ahora integrados en el Departamento de Estado que comanda Marco Rubio, apenas se explica que estos materiales "no son un salvavidas". Sin más.
La prensa norteamericana ha detallado que hay agencias de Naciones Unidas y ONG -como la Fundación Gates o la Fundación de Fondos de Inversión para la Infancia (CIFF)- que han pedido a Washington que le venda estos anticonceptivos o, si se pone espléndido, se los regale, y así ellos puedan aprovecharlos en sus misiones. Sin embargo, ninguna de ellas ha recibido contestación.
Además, unos 40 eurodiputados de izquierdas han remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, para que sea Europa la que se haga con este material y lo entregue, como parte de su ayuda en cooperación. Si no, al menos le reclaman que la CE revise bien si la quema de ese material incumpliría o no las normas comunitarias, flamencas aparte. En paralelo, se ha lanzado una campaña online con el mismo propósito que ha recogido ya más de 100.000 firmas.
Parte de un desmantelamiento
El gesto habla por sí sólo no únicamente de las políticas de Trump para su país, sino para el exterior. El recorte de ayuda a USAID ha ido más allá de meros tijeretazos desde que volvió a sentarse en el Despacho Oval, en enero, para pasar a ser un desmantelamiento claro: se han congelado los fondos y se han suspendido el 90% de los contratos.
Aunque todavía es complicado cuantificar en dinero el daño, los ejemplos de esta política se acumulan: se han visto afectados programas que repartían medicamentos contra el VIH en decenas de países, campañas para frenar el ébola en Uganda y la polio en Etiopía, proyectos de acceso a agua potable en Latinoamérica, planes permanentes de salud, alimentación y educación en Haití, Afganistán, Ucrania, Burkina Faso, Filipinas, Kenia, Vietnam o Malí... y miles de empleados de USAID han sido despedidos o suspendidos; algunos, los menos, transferidos a otros departamentos.
Han ido poco a poco, tajo a tajo, hasta que la reorganización completa se aplicó este verano, según informó el Departamento de Estado. Es una sentencia de muerte para USAID, una agencia multimillonaria que combatió la pobreza y el hambre en todo el mundo, referente y esperanza para millones de personas. El Gobierno de Trump tenía a esta entidad entre ceja y ceja, por supuestamente malversar el dinero de los contribuyentes y financiar programas en el extranjero que no benefician a EEUU. El término woke le ha servido para despreciarla en el pasado y también fue diana de los ataques iniciales del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk, que recortó miles de empleos y programas en todo el Gobierno federal antes de pelearse con Trump en mayo.
