Bustinduy lanza la enésima advertencia al PSOE para prorrogar alquileres: "Se puede hacer mañana"

Sin tapujos, con la paciencia agotada y con una mensaje muy directo a sus compañeros en el Gobierno de coalición. El ministro de Derecho Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha lanzado la enésima advertencia acerca de la necesidad de prorrogar los contratos de alquileres que fueron suscritos durante la pandemia del coronavirus y cuya actualización se está traduciendo en subidas de entre el 20 y el 50%. Cuando no se materializan directamente en finalizaciones del contrato para sacarlo de nuevo al mercado y testar cuánto pueden aumentar ese precio.

Bustinduy no ha escondido su hartazgo ante una medida que Sumar lleva tiempo solicitando al socio mayoritario de la coalición sin que este haya respondido a la llamada, en un contexto de tensión y claro enfrentamiento con la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez. El titular de Derechos Sociales también ha señalado que no es necesario buscar una complicada fórmula o instrumento jurídico, ya que ellos apuestan por una prórroga automática que "se puede hacer mañana". Hace poco más de un mes que presentaron un borrador de decreto ley para tener lista una base jurídica para actuar.

Para hacerse una idea de la magnitud de lo que está aconteciéndole a miles de familias, en este 2025 que va a finalizar, la dimensión de lo que conforma un auténtico quebradero de cabeza para quién no sabe cuál será su futuro en meses, eran 340.000 contratos afectados. Este 2026, el total de arrendamientos que tendrán que ser actualizados al precio del mercado supone casi el doble: 630.000. Pero si les pones rostro, son 1,6 millones de personas.

Sumar pone cifras a la brecha y recuerda al PSOE que solo hay dos opciones

En esa línea, Bustinduy también ha cifrado lo que supone de media para una familia mediana afrontar el fin del contrato de alquiler. Unos 1.735 euros que en términos globales deja un agujero de mil millones de euros. Así, el ministro se ha dirigido al PSOE y ha expuesto que en este caso solo hay dos formas de proceder o dos opciones entre las que elegir: "O se protegen los intereses de los inquilinos e inquilinas y de las familias trabajadoras o se blindan los beneficios de una minoría rentista que está extrayendo riqueza de las familias trabajadoras para su propio lucro".

"Hay que pinchar la burbuja del alquiler y nadie entendería que no intervengamos para proteger a 1,6 millones de personas que se ven ante una situación angustiante, que es el vencimiento de su contrato y la necesidad de renegociarlo en unas condiciones que pueden suponer un incremento de un 30, 40 o un 50% de sus rentas", ha esgrimido el ministro.

Así, el titular de Derechos Sociales ha deslizado que la situación actual en el Consejo de Ministros es la siguiente: "Estamos solo a la espera de una respuesta por parte de nuestros socios de gobierno [PSOE] para poder implementar esta medida". No se ha quedado ahí y ha dejado otra reflexión para los socialistas: "Creo que ninguna persona, aunque no sea progresista, entendería que el gobierno no actúe para proteger a las familias trabajadoras que están teniendo cada vez más dificultades para poder afrontar los gastos que implica la crisis de vivienda. Eso es defender el interés general y es perfectamente compatible con respetar plenamente la posición de cada partido".