Consumo sanciona con 64 millones a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con 64.055.311 millones de euros a la plataforma online de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, según ha informado este lunes a través de una nota de prensa oficial. 

El departamento que comanda Pablo Bustinduy (Sumar) expone que la resolución "deviene firme" y agota la vía administrativa, después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro. La resolución implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.

En concreto, son cuatro las infracciones de la normativa de consumo, identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb, y que han dado lugar a esta resolución. La primera de ellas, son las "prácticas comerciales desleales con personas consumidoras y usuarias", una infracción en la letra M del artículo 47.1 del TRLGDCU, texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. A Airbnb se la culpa por publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, "contraviniendo así las obligaciones impuestas en la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad".

También por publicar anuncios de alojamientos turísticos "indicando un número de licencia o registro que no se corresponde con la numeración utilizada por los registros", o por publicar anuncios "sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones", incurriendo así en una práctica de "publicidad engañosa", denuncia Consumo.

"Se impone una sanción por infracción grave, por importe de 64.055.311 euros. Dicha cuantía es equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por AIRBNB como consecuencia de las prácticas sancionadas durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde el apercibimiento formulado por parte del Ministerio hasta su retirada por la plataforma", indica el comunicado, que recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado ya previamente la orden de retirada dictada por el ministerio en distintos autos.

El segundo motivo alegado por el equipo de Bustinduy es que ha habido un "incumplimiento del régimen u obligaciones de los contratos celebrados a distancia (infracción en la letra T del artículo 47.1 del TRLGDCU) como omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento de uso turísticos que se publicita en esta plataforma. Infracción leve sancionada con 10.000 euros".

También se detecta una "obstrucción o negativa" a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección (en este caso, la infracción es de la letra I del artículo 47.1 del TRLGDCU), ya que la plataforma "no ofreció respuesta a los requerimientos de Consumo durante la instrucción de este expediente"; eso lleva a otra. infracción leve, sancionada con 10.000 euros.

Al fin, indica Consumo, hay un "incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales" dictadas por el órgano instructor con el fin de evitar la producción o continuación de riesgos o lesiones para los consumidores y usuarios durante la tramitación del expediente (infracción en la letra O del artículo 47.1 del TRLGDCU). Eso se traduce en una infracción grave, sancionada con 55.000 euros.

La pelea sigue

En el ámbito de la vivienda, el ministerio mantiene también en curso distintos expedientes sancionadores a agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler. Todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por Bustinduy de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas del país, según ha declarado. "Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", ha manifestado, al tiempo que también ha señalado que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.

Previamente, en mayo pasado, se había ordenado a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios de viviendas turísticas que incumplían la normativa. La legislación española exige que los alquileres turísticos de corta duración cuenten con la licencia o registro pertinente antes de ser anunciados en plataformas como Airbnb.

Lo que dice la norma

En España, los pisos turísticos en plataformas como Airbnb están sujetos a una normativa estricta y específica que varía según la comunidad autónoma y el municipio. A nivel general, es obligatorio contar con una licencia turística o número de registro único (NRU) para operar legalmente.

Para empezar, hace falta una licencia obligatoria: todo alojamiento anunciado para estancias cortas debe poseer un número de registro del organismo autonómico competente. Airbnb exige a los anfitriones que muestren este número en sus anuncios.

Igualmente, hace falta una regulación autonómica y municipal: Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen potestad para establecer sus propias normas. Esto puede incluir limitaciones en el número de días alquilados por año, requisitos de habitabilidad (como un mínimo de metros cuadrados), o incluso la prohibición total de nuevas licencias en determinadas zonas.

La aprobación de la comunidad de vecinos es otro paso esencial: a partir de abril de 2025, las comunidades de propietarios pueden vetar o limitar la actividad de pisos turísticos en su edificio mediante una mayoría cualificada de tres quintos de los propietarios.

Finalmente, entre las medidas exigidas está el registro de huéspedes: los propietarios están obligados a registrar los datos de identidad de todos los huéspedes y enviarlos a la Policía Nacional o la Guardia Civil.