De qué se le acusa a Ana María Fuentes, la gerente del PSOE envuelta en el 'caso Leire'
Seún el auto del juez Pedraz, habría participado en el engranaje de la estructura para torpedear casos judiciales a través de la falsificación de facturas.

"Ha llevado las cuentas de manera escrupulosa". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, despachó ayer con estas palabras el peliagudo asunto de que la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, acababa de ser imputada por el juez Pedraz en la derivada del 'caso Leire' que obligó a la presencia de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz. Un gesto de apoyo que, sin embargo, no reduce la grave circunstancia que supone que una gerente de un partido político esté acusada de emitir facturas falsas para pagar y financiar a la trama que se había orquestado desde el propio PSOE para torpedear causas judiciales que afectarían directamente a miembros socialistas o al entorno del presidente.
Fuentes, malagueña nacida en el año 1972, fue diputada del PSOE en el Congreso entre 2004 y 2011 con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder. Después, en 2018, aterrizó en Ferraz para ponerse al frente de la Oficina de Cumplimiento Normativo del PSOE, supervisando que se cumplían los códigos éticos y la normativa interna en el funcionamiento del partido. Y tres años después, en 2021, fue nombrada gerente para validar y supervisar las cuentas del partido. La confianza de Sánchez hacia ella es tal que, cuando explotó el 'caso Cerdán', fue una de las personas que ocupó la dirección interina del partido hasta la reconfiguración que llevó a cabó el secretario general.

Ahora, ha sido puesta bajo la condición de "investigada" por el juez Pedraz al sostener que podría haber participado en el engranaje de la estructura para torpedear casos judiciales a través de la falsificación de facturas. En concreto, según el auto al que ha tenido acceso El HuffPost, el juez considera que Fuentes "emitía presumiblemente las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez". Los operarios de la UCO habrían estado buscando ayer en Ferraz las facturas y recibos falsos que confirmen estos traspasos de dinero.
Y todo porque la investigación apunta a que fue Santos Cerdán, en calidad de secretario de organización, quien puso "a disposición de la estructura criminal" la propia "estructura del partido" para que el PSOE pagara los gastos de desplazamientos de sus miembros. Y, por supuesto, las remuneraciones a percibir. En el caso de Leire, primero se abonaron diferentes mensualidades de 4.000 euros a través de la consultora de Gaspar Zarrías. Y, después, a través de la intermediación de dos sociedades administradas por Ismael Romero Oliver, abogado vinculado a la trama.
Esos pagos a través de la interposición de diferentes sociedades quedan reflejados en los mensajes que Leire Díez intercambiaba, por ejemplo, con Víctor Fernández, ahora expresidente de la SEPI. "No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar Zarrías", dice en referencia a la consultora del exvicepresidente de la Junta de Andalucía. A través de ella, llegó a recibir cuatro pagos de 4.000 euros cada una. "Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vincule. ¿Te parece?", le dice Oliver a Leire cuando articulan los siguientes pagos a través de dos de sus sociedades.
El auto recoge igualmente la posible participación de Ana María en otros pagos sospechosos, como al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. Según el juez, habría cobrado del PSOE "al menos, 125.000 euros", "habiendo quedado los pagos amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz, cuya confección no habría resultado posible sin la confección de una nota de encargo por Leire Díez a través de Cerdán y rubricada en última instancia por Ana María Fuentes, en calidad de directa gerente federal del PSOE". Por eso, Pedraz la señala como posible autora, como poco, de un delito de falsedad en documento mercantil.
Otro informe de la UCO y una visita al Senado
Su nombre también figuró previamente en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por su aparición en los mensajes intercambiados entre Koldo García y el entonces director general de Carreteras, Javier Herrero. En esos mensajes se hacía referencia a que la gerencia del PSOE quería contactar con éste último para reclamarle "el impuesto". Aunque algunos sospechaban que pudiera tratarse de una fracción de una mordida por la adjudicación de un contrato, el PSOE aseguró que son las donaciones que los miembros del partido aportan para su financiación.
También compareció en el Senado hace unos meses para explicar los pagos en metálico que se hicieron a Cerdán, Ábalos o Koldo, todos implicados en la presunta trama de cobro de comisiones. En esa comparecencia, aseguró que todo pago en efectivo estaba "documentado" y negó la existencia de una 'caja B' para pagar a algunos de sus miembros.
