El decreto para evitar otro apagón en España naufraga en el Congreso: qué incluía y qué pasará ahora
Los votos en contra de PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y CHA tumban la norma con la que el Gobierno quería reforzar el sistema eléctrico tras su colapso el pasado abril.
El conocido como 'decreto antiapagones' ha naufragado en el Congreso. El Gobierno de Pedro Sánchez ha encajado este martes otra importante derrota en la que ha sido el último pleno antes del parón veraniego, al no lograr que la Cámara convalidase la norma con la que se pretendía blindar el sistema eléctrico español para evitar que repita un episodio de "tensión cero" como el ocurrido el pasado 28 de abril, cuando un apagón masivo dejó sin suministro eléctrico durante horas a gran parte de la Península Ibérica.
La respuesta legislativa del Ejecutivo al apagón no logró los apoyos necesarios por los votos en contra de PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y el diputado de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, integrado en Sumar, que ha roto la disciplina de voto del grupo después de comunicar su posición a la dirección de la coalición "con total transparencia y sin ninguna opacidad”, según ha explicado en los pasillos del Congreso. Los 165 votos a favor de ERC, Bildu, PNV, Coalición Canaria, el exministro socialista José Luis Ábalos, además de los de PSOE y Sumar, no han sido suficientes para evitar que los 183 votos en contra tumbaran un decreto que el Gobierno consideraba clave.
Desde Uruguay, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia a una nueva derrota parlamentaria del Ejecutivo, destacando en su lugar las normas que sí han salido adelante durante la última sesión del curso: "De siete leyes hemos aprobado seis, ni tan mal”, aunque con tono firme ha culpado al Partido Popular de anteponer sus intereses y también ha criticado que algunos partidos, tras acusarle de oscurantismo, finalmente se negaran a respaldar una medida pensada para proteger a los usuarios: “Aquellos que nos criticaban por oscurantismo y por no poner encima de la mesa soluciones que protejan al usuario son los que tumban este decreto con su voto en contra”, ha dicho.
Aunque la tramitación del decreto antiapagones ha fracasado —incluía una batería de medidas con impacto directo en el suministro eléctrico, el precio de la energía y la integración de renovables—, el Ejecutivo ya ha confirmado que volverá a presentar el texto después de las vacaciones. “Esto de ir al Congreso a votar en contra del Gobierno cuando lo que haces es votar en contra del interés general es de todo menos política”, subrayó Sánchez, que aunque ha calificado la derrota de revés político, ha dejado claro que el plan volverá a debatirse, a votarse y se ha mostrado confiado en que “se aprobará”.
¿Qué incluía el decreto antiapagones del Gobierno?
El pasado 28 de abril, una buena parte de España y también de Portugal se quedó sin luz durante varias horas. Un fallo general en la red eléctrica, provocado por una combinación de subidas y bajadas bruscas en la tensión y la falta de coordinación entre los operadores, derivó en un apagón que afectó a hogares, empresas, hospitales y medios de transporte.
Después de ese histórico episodio, el Gobierno encargó un informe para entender qué es lo que había fallado ese día y proponer así una batería de medidas para que no volviera a ocurrir. El resultado fue el decreto antiapagones, que planteaba mejoras en la red, nuevos protocolos para actuar con mayor rapidez en caso de emergencia y cambios destinados a facilitar el uso de energías renovables. El Ministerio para la Transición Ecológica lo presentó como una prioridad nacional, una forma de reducir costes y, de paso, dar mayor estabilidad al sistema eléctrico en España.
Entre todas las medidas que el Gobierno puso sobre la mesa con el decreto, estas son las más destacadas de un texto que ha caído en el Congreso pese al visto bueno del sector eléctrico y de organizaciones ecologistas:
- Más control a las eléctricas y acceso unificado a los datos. El texto obligaba a revisar si las compañías eléctricas habían cumplido con su papel en el apagón y preveía inspecciones regulares. También proponía un sistema único de acceso a los datos de consumo, abierto para todos los usuarios, con el fin de acabar con la fragmentación entre distribuidoras.
- Rebajas para la industria y más autoconsumo. La norma incluía una rebaja del 80 % en los peajes eléctricos para las industrias con mayor consumo energético. Además, facilitaba el autoconsumo colectivo y reconocía la figura del gestor energético para organizarlo de forma más eficiente.
- Impulso al almacenamiento de energía. El decreto consideraba de utilidad pública las baterías conectadas a la red y recortaba los plazos administrativos para instalarlas. También aclaraba que podían consumir energía de la red en momentos puntuales sin quedar penalizadas por la normativa actual.
- Más puntos de recarga y climatización limpia. Se eliminaban trabas para instalar estaciones de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos. También se facilitaba la adopción de bombas de calor en viviendas y comunidades, y se abría la posibilidad de bonificaciones fiscales por este tipo de instalaciones.
- Protección a proyectos renovables en marcha. Se adaptaban los plazos y requisitos que deben cumplir los promotores para evitar que pierdan sus permisos. También se favorecía la repotenciación de instalaciones antiguas y se introducían reglas para compartir infraestructuras entre distintos productores.
- Cambios fiscales y respuesta a precios negativos. El decreto modificaba el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para no penalizar a las industrias que electrifican sus procesos. Además, ajustaba las condiciones de funcionamiento mínimo para evitar que las plantas renovables pierdan ingresos en momentos de precios negativos en el mercado eléctrico.
¿Qué hará ahora el Gobierno?
El rechazo del decreto ha generado preocupación en el sector eléctrico y también entre las organizaciones ecologistas. En las semanas previas a la votación de hoy, asociaciones como la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), enviaron una carta al Congreso para pedir el respaldo de la Cámara.
A su juicio, la norma reforzaba la seguridad del suministro, aportaba certidumbre a los inversores, favorecía a la industria electrointensiva y resultaba clave para avanzar en la transición energética. Tras el rechazo, estas organizaciones han lamentado que “no existía ninguna razón técnica para oponerse” y advirtieron sobre las “graves consecuencias” del rechazo: desde la paralización de inversiones hasta un mayor riesgo de nuevos apagones.
Por su parte, Greenpeace ha criticado que el Congreso rechazara una norma que, según ha apuntado, contenía medidas “largamente esperadas” para acelerar el autoconsumo y frenar el poder del oligopolio energético. Aunque reconoce que el texto deja fuera puntos clave, como la regulación del mercado hidroeléctrico o el impulso a las renovables más flexibles, la organización ecologista ha pedido al Gobierno que presente “lo antes posible” una nueva propuesta, más ambiciosa. “La crisis climática no espera a nadie”, ha advertido el responsable de la campaña de combustibles fósiles, Francisco del Pozo Campos, quien ha reclamado una normativa “valiente, limpia y descentralizada” que garantice el acceso a la energía en condiciones dignas.
El rechazo del decreto no responde a un bloque ideológico único. PP y Vox han acusado al Gobierno de ser el responsable del apagón de abril y han exigido dimisiones antes de apoyar cualquier solución. Junts y CHA han reprocahdo la falta de negociación previa y han alertando sobre el impacto ambiental de algunos proyectos. Por último, Podemos y BNG han considerado que el decreto rechazado priorizaba los intereses del oligopolio de la energía en España sobre los de los ciudadanos y los territorios.
A pesar del varapalo parlamentario, el Ejecutivo ha anunciado que volverá a presentar el decreto ante el Congreso porque defiende que las medidas que contiene son urgentes y necesarias para evitar que el sistema vuelva a colapsar. La incógnita a despejar, ahora, es si el Gobierno logrará recomponer los apoyos tras el verano o si optará por fragmentar el contenido en varias iniciativas para sortear los vetos cruzados.
