El desenlace de la 'guerra fría': Sánchez y Feijóo se vuelven a ver las caras después de un verano de crispación
El líder del Ejecutivo y de la oposición volverán a encontrarse en el Congreso este miércoles después de una época estival marcada por la corrupción, los incendios, la migración y currículums de una y otra formación que han provocado dimisiones.
Llegan los últimos vestigios del verano. La vuelta al cole ya ha comenzado y, con ella, el regreso del curso político y la actividad política en el Congreso de los Diputados. Después de una temporada estival de alta intensidad política y medioambiental, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, vuelven a verse las caras en el momento de la legislatura más hostil enfrentados el uno con el otro. Después de que el presidente del Partido Popular cerrara el año con el XXI Congreso Nacional extraordinario de la formación, en el que marcó la ofensiva contra el Ejecutivo eligiendo a Miguel Tellado como secretario general y Ester Muñoz, portavoz en el Congreso; toda la carne está sobre el asador por parte de los conservadores —aunque no entre en su hoja de ruta la moción de censura—.
Por otro lado, Pedro Sánchez terminó el curso con los casos de corrupción rodeando la sede de Ferraz. En unos últimos meses en los que las figuras de Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos acapararon las portadas de los periódicos, la estabilidad del Gobierno quedó entredicho justo antes de preparar las toallas y las sombrillas. Cerdán dimitió de su cargo en el Congreso y de todos sus cargos del Partido Socialista, además de entrar en prisión preventiva en Soto del Real por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelara presuntos comportamientos delictivos del que fuera secretario de Organización del partido. Con todo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará por primera vez en los banquillos por petición del Tribunal Supremo, siendo el primer caso semejante en la historia de la democracia.
Poco tiempo después, el verano descubrió el primero de los acontecimientos que marcaría una temporada estival de todo menos tranquila: los casos de los currículums. Después de un rifirrafe entre el ministro de Transporte, Oscar Puente, y Noelia Núñez, la que fuera nombrada por Feijóo como vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital —además de ser portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada—, desembocó en la dimisión de la militante popular y de otros cargos, además de rectificaciones in extremis de numerosos CVs. Entre ellos, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero; o Comisionado de Reconstrucción tras la DANA, José María Ángel Batalla.
Tras ello, el fuego protagonizó toda la atención del país. Las llamas comenzaron a arrasar decenas de miles de hectáreas afectando particularmente a tres puntos clave: Galicia, Extremadura y Castilla y León. Esta nueva crisis climática nacional volvió a generar crispación entre las comunidades autónomas, gobernadas en su mayoría por el Partido Popular, y el Gobierno central. Las responsabilidades y reproches volaron entre unos y otros dejando, de nuevo, una imagen de ruptura y de falta de coordinación entre las instituciones del Estado. El resultado produjo casi 400.000 hectáreas calcinadas, además de 8 fallecidos, decenas de heridos y 31.000 desalojados que tuvieron que ser evacuados de sus hogares.
A muchos de los encargados políticos de esta situación les pilló de vacaciones, lo que sirvió de arma arrojadiza. Con ello, también despertó un malestar social que supuso el reproche generalizado hacia la clase política. Esto, conjuntamente con los sucesos que se han vivido a lo largo de todo el curso ha provocado una considerable distancia entre la sociedad y los representantes públicos.
Entre los argumentos principales de ambas formaciones, Pedro Sánchez apostó por proponer "un pacto de Estado" para poner solución a la "emergencia climática que está asentando a España en una crisis sin precedentes" y la creación de una comisión interministerial. Además, reprocharon a los populares que achacaran todo lo que estaba sucediendo en las comunidades autónomas a "la crisis de pirómanos" que eran de un porcentaje ínfimo en comparación con las otras causas. Por el lado de los de Alberto Núñez Feijóo, acusaron al Ejecutivo de "siempre llegar tarde", además de "improvisar" y "escatimar en gastos".
Además, durante el verano, la agresión a un vecino de Torre Pacheco (Murcia), de 68 años, por parte de tres personas de nacionalidad extranjera fue la chispa que provocó otro incendio que lleva tiempo gestándose entre la sociedad y que despertó el odio y racismo de la extrema derecha. A los meses, el Ayuntamiento de Jumilla, otra localidad murciana, prohibió las oraciones musulmanas en los espacios deportivos, lugares en los que era común que se llevaran a cabo. Todo ello, puso encima de la mesa de la crispación los mensajes xenófobos que lleva tiempo abanderando Vox y otros grupos de ultraderecha.
La situación de los menores migrantes también ha sido otro reflejo de la crispación entre los gobiernos autonómicos y el central. Mientras que Canarias lleva tiempo solicitando el reparto por la sobrecogida que lleva tiempo arrastrando, las comunidades populares y la Castilla-La Mancha liderada por el socialista Emiliano García Page han rechazado asumir las cantidades acordadas. A esto se le suma el goteo migratorio de la Ruta Atlántica que no cede a lo largo del verano y el cambio de discurso de Feijóo que ha asumido como propio el argumentario de Vox asociando la migración con la delincuencia.
El resultado de todos estos antecedentes provoca que el clima de tensión al que se van a enfrentar tanto el líder de la oposición como el del Ejecutivo este miércoles marque un inicio de curso, con una crispación rara vez vista en el hemiciclo. Las encuestas perfilan un año complicado para los populares debido a que el partido encabezado por Santiago Abascal sigue subiendo de forma descontrolada en las encuestas, mientras que los de Feijóo parecen haberse estancado.
Además, los retos del Gobierno se plantean como prácticamente imposibles. El primero y, al mismo tiempo que el reencuentro, es la votación de la reducción de la jornada laboral. La medida estrella de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, parece que, a falta de sorpresas, caerá en saco roto. Los sindicatos han organizado movilizaciones por todo el país y el reloj va en contra de Sumar que se encuentra a la baja en las encuestas.
La norma esencial de cualquier Gobierno, los Presupuestos Generales del Estado, parece que también tiene difícil su aprobación y, aunque Pedro Sánchez ya ha asegurado que seguirá hasta 2027, el camino se presenta especialmente empedrado para los proyectos del Ejecutivo de coalición. Este miércoles comienza el primer duelo de la temporada, el que marcará los listones de la oratoria entre los principales líderes del país que apunta a la agresividad. Mientras tanto, la estabilidad y el futuro quedan en un limbo de imposible predicción.