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El Gobierno aprueba una ley contra los malos usos de la Inteligencia Artificial y con multas de hasta 35 millones de euros

El Gobierno aprueba una ley contra los malos usos de la Inteligencia Artificial y con multas de hasta 35 millones de euros

Se perseguirá, por ejemplo, no cumplir con la obligación de etiquetar correctamente cualquier imagen, audio o vídeo que se ha generado o manipulado con IA.

Aplicaciones de Inteligencia Artificial
Aplicaciones de Inteligencia ArtificialGetty Images

Antes de nada, lanzamos este aviso: el siguiente artículo no está escrito por Inteligencia Artificial. Sin embargo, mucho contenido que puedas llegar a leer en internet (y fuera de internet) sí esté elaborado total o parcialmente por esta tecnología que ya usan en el mundo más de cuatrocientas millones de personas cada día. Y no siempre con fines positivos. 

Los principales desafíos a los que nos enfrentamo ahora con la IA, a nivel regulatorio, son el incumplimiento de las leyes de protección de datos personales, la violación de derechos de propiedad intelectual, la discriminación, las estafas, los fraudes, el acoso cibernético, el robo o la suplantación de identidad, así como la distribución de virus y malware. Y el Gobierno español va a intentar ponerles coto. 

El ministro de Transformación Digital, Óscar López
  El ministro de Transformación Digital, Óscar LópezEFE

El Consejo de Ministros tiene previsto este martes un proyecto de Ley para regular el uso de la Inteligencia Artificial en nuestro país, con multas que pueden llegar a los 35 millones de euros en sus usos más perversos. Hace algo más de un año, el 11 de marzo de 2025, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ya llevó a la reunión de ministros el anteproyecto de esta ley con el objetivo de asegurar un uso "ético, inclusivo y beneficioso" de la inteligencia artificial y facilitar, a su vez, que los usuarios puedan diferenciar con nitidez los contenidos que son reales de los que son virtuales.

Dicho anteproyecto, basado ya en el reglamento europeo , establecía las prácticas prohibidas mediante Inteligencia artificial, como el uso de técnicas subliminales (como las imágenes o los sonidos imperceptibles) para manipular decisiones sin consentimiento, o el uso de un 'chatbot' que identifica usuarios con adicción al juego y les incita a entrar, con técnicas subliminales, en una plataforma de juego online.

La norma prohibía también en ese primer desarrollo la clasificación biométrica de las personas por raza u orientación política, religiosa o sexual, la puntuación de individuos o grupos basándose en comportamientos sociales o rasgos personales como método de selección para, por ejemplo, denegarles la concesión de subvenciones o préstamos, o valorar el riesgo de que una persona cometa un delito basándose en datos personales como su historial familiar, su nivel educativo o su lugar de residencia.

Las sanciones que se pondrán para este tipo de sistemas oscilaban entre los 7,5 y los 35 millones de euros, o entre el 2 y el 7 por ciento del volumen de negocio mundial de la empresa responsable, aunque en el caso de las pymes esa cuantía podrá ser inferior.

Entre las infracciones graves se contemplaba la de no cumplir con la obligación de etiquetar correctamente cualquier imagen, audio o vídeo que se ha generado o manipulado con IA y que muestren a personas reales o inexistentes diciendo o haciendo cosas que nunca han hecho o en lugares donde nunca han estado, lo que constituye una "ultrasuplantación" (deepfake).

Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública han confirmado a EFE que el proyecto definitivo que se aprueba este martes, antes de derivarlo al Congreso, ha sido revisado por varios órganos, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial, y mantiene las horquillas de sanciones entre los 6.000 euros para los casos más leves y 35 millones para los más graves

Desde que se aprobó el anteproyecto, varias asociaciones de internautas, usuarios y expertos en derecho digital han criticado que el texto que prepara el Gobierno excluya a las administraciones públicas del régimen de sanciones que se pueden imponer a quienes hagan un uso inadecuado de la IA y se limite en esos casos a un 'apercibimiento' sin multas.

Precisamente, el ministro López presentó hace un mes la Oferta Pública de Empleo para el año 2026, donde puso el foco en la necesidad de priorizar en la administración pública la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial. 

La IA opera mediante el procesamiento de grandes conjuntos de datos, a partir de los cuales identifica patrones subyacentes que le permiten tomar decisiones autónomas o producir resultados específicos. A diferencia de los sistemas tradicionales que ejecutan instrucciones predeterminadas, la denominada "Inteligencia Artificial" optimiza su rendimiento en un proceso análogo al aprendizaje humano basado en la práctica y la experiencia acumulada.

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