La imputación de Zapatero reabre los "grises" entre tráfico de influencias y lobby: la ley que los resuelve sigue atascada en el Congreso
El ministro de Función Pública llegó a reclamar hace solo dos semanas que los partidos apoyaran esta propuesta, en trámite desde hace un año y medio.
La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional está generando ríos de tinta y horas de tertulias. Una pregunta se repite en ellas, y llegó este miércoles incluso a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. "¿Dónde acaba el lobbismo y empieza el tráfico de influencias?", dijo el diputado de ERC, Gabriel Rufián. El mismo día, Enrique Santiago, de Sumar, urgió a regular la actividad de los expresidentes.
El auto sostiene un gran número de indicios (que todavía no son pruebas) y Zapatero está llamado a declarar el próximo 2 de junio. Tendrá que explicar por qué sus trabajos de consultoría para la empresa Análisis Relevante no le convierten en el presunto líder de una trama organizada de tráfico de influencias, como sostiene la investigación sobre la causa Plus Ultra. Mientras eso llega, la pregunta parece continuar sin respuesta.
Y continúa sin respuesta mientras un proyecto de ley continúa atascado en el Congreso. Los llamamientos de Sumar a regular la actividad de los expresidentes tienen fundamento: para ello podrá servir la esperada ley de lobbies, cuyo nombre oficial es Proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés... aunque también fue conocida como la ley de las puertas giratorias. En realidad, el Consejo de Ministros ya aprobó un primer anteproyecto en noviembre de 2022, pero no llegó a Cortes por el adelanto de las elecciones generales en 2023.
Finalmente, el Gobierno volvió a aprobar por segunda vez el anteproyecto de esta norma en 2024 y llegó al Congreso en enero del año pasado. Sin embargo, desde entonces está atascada. Fuentes conocedoras de su tramitación han explicado a El HuffPost que en realidad existe consenso entre los grandes partidos, pero el acuerdo no llega y la propuesta sigue durmiendo el sueño de los justos.
Óscar López pidió a los partidos hace dos semanas que apoyaran la ley
Los últimos avances de la iniciativa se produjeron en noviembre, cuando se constituyó la ponencia. De hecho, este miércoles el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que dicha norma continúa atascada en la Cámara Baja. Hace apenas una semana, el pasado 12 de mayo, el ministro Óscar López pidió a los partidos que apoyaran la norma, "imprescindible para mejorar la calidad democrática de España".
El proyecto legal define qué es un lobby (grupo de interés) y cuáles son sus actividades de influencia, crea un registro público y obligatorio y establece un código de conducta y un régimen sancionador. Además, obligará a que en el legislativo exista una huella de influencia, un registro que plasmará qué aportaciones realizadas por estos grupos de presión han acabado llegando a los proyectos legales finales.
Esta ley en sí misma no habría evitado los debates de esta semana. "Ninguna regulación impide por sí sola que alguien actúe de forma opaca o ilícita, igual que el Código Penal no impide que se cometan delitos. Pero una regulación del lobby acorde con los estándares europeos, como la que APRI reclama desde hace 18 años, sí elevaría el coste de la opacidad y ayudaría a distinguir con mucha más claridad entre una actividad legítima de lobby y una actuación irregular".
Así lo dice Jorge Aliende, director general de APRI, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales. Esta APRI, junto con la Universidad de Navarra, conforman el Observatorio de Asuntos Públicos de España. APRI, además, lleva años reclamando que la ley de lobbies sea ley. "APRI, como asociación que representa a los profesionales del lobby en España, reclama la regulación urgente de la actividad", incide Aliende.
Para el director general de APRI, España "debe salir de la anomalía normativa en la que se encuentra y situarse en línea con las democracias avanzadas de nuestro entorno". "Una regulación permitiría que quienes realizan actividades de influencia figuren en un registro de transparencia, declaren los intereses que representan y sometan sus contactos con responsables públicos a mayores exigencias de transparencia, escrutinio y cumplimiento de un código de conducta vinculante".
El Código Penal no evita los asesinatos, pero sí los nombra
La ley de lobbies no hubiese impedido los debates de esta semana, pero habría permitido aclarar algunas cuestiones en torno a la imputación del expresidente del Gobierno. De la misma forma que el Código Penal no evita los asesinatos, al menos sí les da nombre. "Ninguna ley impide por completo que alguien utilice sociedades interpuestas, pagos indirectos o canales informales para ocultar la verdadera naturaleza de sus gestiones", asume Aliende.
"Pero una buena ley de lobbies sí permitiría dejar mucho más claro que quien actúa así lo hace fuera del marco legítimo de representación de intereses", insiste.
En definitiva, continúa el director general de APRI, una regulación del lobbismo en España no sustituiría al Código Penal "pero ayudaría a reducir las zonas grises". "Sobre todo, separa con nitidez las conductas opacas o penalmente relevantes de una actividad legítima, profesional y necesaria". Por eso, la APRI hace "un nuevo llamamiento a las fuerzas parlamentarias para que dialoguen y acuerden las mejoras que consideren oportunas para lograr la aprobación de la ley". "Esto va de calidad democrática".
