El exasesor ministerial Koldo García se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. García había sido llamado por cuarta vez ante el juez tras el informe policial que le situaba como "gestor y custodio" del dinero del exministro José Luis Ábalos, quien también ayer se negó a declarar y quedó en libertad pese a apreciar el juez cierto riesgo de fuga.

Koldo García ha entrado al alto tribunal acompañado de su abogada unos quince minutos antes de su cita con una mochila al hombro. "Hombre precavido vale por dos", ha dicho al ser preguntado por algunos medios al respecto.

Fuentes del entorno de García aseguran que se encuentra preparado para entrar en prisión provisional, medida que hasta la fecha solo ha prosperado con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por el riesgo de fuga y de destrucción, ocultación y manipulación de pruebas debido a su "papel principal" en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

Por el momento, tras acogerse a su derecho a no declarar, la fiscalía no ha pedido prisión provisional para él.  El exasesor, por su parte, ha intentado hacer un alegato sobre que no ha podido defenderse bien porque no ha podido acceder a sus dispositivos, pero el juez instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, le ha frenado, han indicado.

Las mismas fuentes indican que el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, ha afeado a Koldo que calle ante el juez pero hable ante los medios de comunicación, una intervención que el instructor también ha frenado, de acuerdo con las fuentes consultadas.

El magistrado destacó en su auto la existencia de muy estrechos vínculos entre los patrimonios de Ábalos y Koldo García, quien ha venido asumiendo con su propio patrimonio gastos del exministro.

La UCO señaló la existencia de una reserva de dinero en metálico que no encontraría respaldo en los ingresos regulares del exdirigente socialista y de la que Koldo dispondría para hacerse cargo de pagos que corresponderían a su entonces jefe, tales como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, la empleada doméstica o regalos a sus parejas.

Además, la Guarda Civil reflejó que el PSOE pagó tanto a Koldo como a Ábalos con dinero en efectivo mediante sobres. Algunos de esos pagos, explicó, tenían respaldo documental en lo aportado por el Partido Socialista como compensación por gastos, pero otros no.

La UCO detalló que Koldo y su entonces mujer, Patricia Uriz, verbalizaban en sus conversaciones de WhatsApp que parte del dinero que gestionaban, en efectivo o a través de sus cuentas, no era suyo, sino de Ábalos, y que se referían a él como "chistorras" (billetes de 500 euros), "soles" (200 euros) y "lechugas" (100 euros).

Con todo, el magistrado cree que Ábalos y Koldo "pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen".

En un último movimiento de su defensa, el exasesor solicitó el pasado martes al Supremo que anulara y archivara las pesquisas en todo lo que el Congreso de los Diputados no había autorizado expresamente al conceder el suplicatorio para investigar a Ábalos, el único aforado de la causa y el motivo por el que García también está investigado en el TS, además de en la Audiencia Nacional, donde comenzaron las pesquisas.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa argumenta que todo lo que excede el mandato parlamentario debe quedar fuera de la investigación del Supremo, de modo que el alto tribunal solo podría indagar en las supuestas adjudicaciones irregulares de contratos para comprar material sanitario en plena pandemia a una empresa vinculada al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Según este razonamiento, Puente debería solicitar tantos suplicatorios al Congreso como hechos distintos a investigar, entre ellos las supuestas gestiones de Koldo, por mandato de Ábalos, para colocar en empresas públicas a Jésica Rodríguez, expareja del exministro, o los presuntos amaños de obra pública.