La Comisión de Venecia avala la amnistía aunque critica su urgencia y recomienda un mayor consenso
El informe final del órgano consultivo europeo, que no es vinculante, considera que las fuerzas políticas deben trabajar para lograr una mayoría cualificada.
Sí, pero. La Comisión de Venecia ha emitido este viernes su veredicto final respecto a la ley de amnistía aprobada este jueves en el Congreso. El órgano consultivo europeo avala las amnistías para casos como el que toca y comparte la argumentación esgrimida por PSOE, Junts y ERC en la redacción de la norma, si bien también critica la urgencia con la que se ha realizado el proceso legislativo y recomienda que sea secundada por una mayoría cualificada.
El órgano europeo, que publicará la totalidad de su informe el lunes 18 de marzo, destaca que la ley se haya presentado como "una propuesta legislativa" y como un "procedimiento de urgencia" y cree que "ha profundizado en una "división de la clase política, las instituciones, el poder judicial, el mundo académico y la sociedad española", por lo que recomienda que "las autoridades y las fuerzas políticas se tomen el tiempo necesario para mantener un diálogo significativo [...] con el objetivo de lograr la reconciliación social y política".
"Los procedimientos legislativos acelerados", según apuntan desde Venecia, "no son apropiados para leyes de amnistía, dadas sus consecuencias de largo alcance y su naturaleza a menudo controvertida".
Los constitucionalistas que conforman la Comisión europea consideran también que la ley de amnistía "no debe diseñarse para cubrir a personas concretas" y realizan una serie de recomendaciones, entre ellas: acotar y definir de manera más precisa el ámbito material y temporal de su aplicación; establecer una relación causal más estrecha entre "las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias" y los actos de malversación y corrupción; y, respecto a los delitos de terrorismo, garantizar que las violaciones graves de los derechos humanos queden excluidas de su aplicación.
En relación con la independencia judicial, reconocen que el objetivo de las amnistías es justamente el de anular o impedir procedimientos judiciales. No obstante, "para ser coherente con el principio de la separación de poderes, se debe confiar al poder judicial" la decisión última sobre quién cumple los criterios para ser incluido en la amnistía.
Al igual que sucedió con el informe preliminar, un documento que desencalló las negociaciones para el acuerdo final entre las tres formaciones políticas, el dictamen final de la Comisión dice una u otra cosa en función de a quien se le pregunte, si bien el propio órgano destaca que "no se pronuncia sobre constitucionalidad del proyecto, que en última instancia correspondería dictaminar al Tribunal Constitucional español, ni sobre su compatibilidad con el derecho en la Unión Europea, que correspondería al Tribunal Europeo de Justicia".
Mientras desde el PSOE, la secretaria segunda del Congreso, Isaura Leal, ha afirmado que lo expuesto por el órgano europeo demuestra que la ley "es constitucional", según declaraciones recogidas por la Cadena SER, fuentes del PP han asegurado que el informe supone "un varapalo para el Gobierno" al "no avalar" la norma.
El Gobierno, por su parte y según recoge la agencia EFE, considera que el dictamen ratifica por unanimidad su aval al considerar la ley legítima para buscar la reconciliación política. Aunque fuentes del Ejecutivo reconocen la recomendación de una mayoría cualificada, señalan que la Comisión reconoce que también es posible aprobarla a través de una ley orgánica por mayoría absoluta del Parlamento.
Respecto a la advertencia de buscar un mayor consenso, el Gobierno ha expresado el deseo de que el PP todavía pueda sumarse a la ley.
A la segunda fue la vencida
Tras una primera votación infructuosa en enero, PSOE, Junts y ERC lograron llegar a un acuerdo hace pocos días, coincidiendo con la publicación del informe preliminar de la Comisión de Venecia.
Finalmente, el Congreso votó a favor de la ley de amnistía con 178 votos a favor de una redacción que recogía cambios sobre todo respecto a la exclusión de los delitos de terrorismo, relacionándolos con la Directiva europea y no con el Código Penal español.
