Marisol C.P., la víctima de un posible crimen machista ocurrido en Campo Lameiro (Pontevedra) el pasado 31 de mayo, estaba registrada en el sistema VioGén de protección a víctimas de violencia de género, en riesgo alto. Así lo ha confirmado este miércoles el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada.

A pesar de que su pareja, José Ramón G.C., el hombre que según todas las hipótesis la mató y después se quitó la vida prendiendo fuego al coche en el que estaban, tenía una orden de alejamiento tras una condena previa por malos tratos, ambos habían retomado la convivencia.

Doce días antes de que sus cuerpos aparecieran calcinados en Campo Lameiro, el 19 de mayo, la Guardia Civil interceptó a la pareja en otra pista forestal poco transitada, en el municipio lucense de Bóveda, al estar en búsqueda el coche de José Ramón G.C.

Las autoridades investigaban la presunta desaparición de la mujer y, aunque él acabó pasando la noche en los calabozos, quedó en libertad al día siguiente tras declarar en sede judicial. Aunque esa orden de protección seguía vigente, ambos se marcharon juntos.

"Eso efectivamente fue así", ha señalado a la prensa el subdelegado, que ha defendido que la Guardia Civil en ese momento "hizo lo que tenía que hacer" y lo que corresponde a un estado "garantista", en donde son los tribunales "los que deciden quien ingresa en prisión y quien no".

Losada, más allá de estos datos, no ha querido desvelar más detalles de la investigación y ha apelado a la necesidad de "dejar trabajar" a la Guardia Civil para aclarar las causas del suceso.

"Hasta que la Guardia Civil confirme la motivación es mejor esperar", ha señalado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, que ha pedido "prudencia" ante lo que ha definido como una "presión para avanzar más que los propios investigadores".

"No se puede proteger a quien no está dispuesto"

Para el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, la actuación de la Guardia Civil ha sido "irreprochable", "absolutamente impecable", porque "no se hizo o se dejó de hacer nada que hubiera que hacer en términos de protección de la víctima". Ha sostenido que, cada vez que se registra algún asesinato machista, "se revisan los protocolos" pero, en este caso según ha insistido el subdelegado, han funcionado bien.

Sobre el hecho de que, a pesar de que existiera una orden de alejamiento vigente, la pareja siguiera conviviendo, el responsable gubernamental ha apuntado que "no podemos evitar que la gente decida convivir" cuando son dos personas "mayores de edad e independientes".

"No se puede proteger a quien no está dispuesto a que le protejan", ha insistido Abel Losada, que ha añadido que es un "hecho objetivable" que no podemos pedir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "vayan más allá de su obligación, de su deber y de su trabajo".

Losada ha recordado que, a finales del pasado año, hubo un caso "lamentablemente parecido" en Baiona (Pontevedra), en donde la víctima también seguía conviviendo con su agresor. Las autoridades, ha sentenciado el subdelegado del Gobierno, "no pueden poner vigilancia 24/7 a todo el mundo", reiterando que los ciudadanos "somos adultos y tenemos que saber que no se puede proteger a quien no se deja proteger".

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.