Marlaska lleva al CGPJ "su más enérgica queja" contra el juez Peinado por cuestionar a los escoltas de Begoña Gómez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido una "más enérgica queja" al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Juan Carlos Peinado por las afirmaciones incluidas en el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, según publica EFE.

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, Marlaska considera que el magistrado realiza un "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" al sugerir que los agentes encargados de la protección de Gómez podrían colaborar en una eventual fuga o actuar siguiendo órdenes ilegales de sus superiores.

Interior rechaza las alusiones del juez a los agentes policiales

El origen de la polémica se encuentra en uno de los argumentos empleados por el juez Peinado para justificar las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez.

En su resolución, el magistrado sostiene que los agentes encargados de su escolta podrían, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", colaborar en acciones destinadas a facilitar una hipotética huida que impidiera que la acusada permaneciera a disposición de la Justicia.

Para el Ministerio del Interior, estas afirmaciones proyectan "sospechas injustificadas" no solo sobre los policías concretos que prestan el servicio de protección, sino también sobre toda su cadena de mando al insinuar la posibilidad de que pudieran recibir o ejecutar órdenes contrarias a la legalidad.

Marlaska pide al CGPJ que valore posibles actuaciones

Ante esta situación, Grande-Marlaska ha trasladado formalmente la cuestión a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, con el objetivo de que el órgano de gobierno de los jueces estudie si procede adoptar alguna medida dentro de sus competencias.

El departamento que dirige el ministro entiende que las manifestaciones recogidas en el auto afectan al prestigio y la credibilidad institucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación, sostiene, se rige por criterios de legalidad y profesionalidad.