Última hora de las pensiones y transporte público tras la votación del decreto ómnibus, en directo: Junts presentará una propuesta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este jueves a PP y Junts a que cambien su posición con respecto al decreto ómnibus que fue rechazado ayer en el Congreso de los Diputados, precisamente por el voto en contra de ambas formaciones.

En una rueda de prensa en la sede de la delegación del Gobierno en Valencia, parada incluida en su primera visita en tres meses a la región más afectada por la DANA, el jefe del Ejecutivo ha pedido reivindicar la política útil y que un proyecto político no se base solo en "votar no a todo". "¿De verdad creen que sus electores les votaron para no revalorizar las pensiones o para retirar las ayudas al transporte público? Estas decisiones causan dolor social", ha dicho.

El Gobierno se enfrenta este miércoles a su primera gran prueba de fuego del año. El Congreso de los Diputados celebra hoy su primer pleno de 2025, convocado de manera extraordinaria para abordar la convalidación de tres decretos esenciales para el Ejecutivo. En concreto, están en juego la reforma de las pensiones, el impuesto especial a las grandes energéticas y el llamado decreto ómnibus, que recoge entre otros beneficios la rebaja de precios del transporte público o la revalorización de las pensiones.

Para el Gobierno, que sufrió el pasado año algunas importantes derrotas en las Cortes, esta cita es crucial para medir sus fuerzas y la lealtad de sus socios en la antesala de la negociación de los Presupuestos. Y, sobre todo, para comprobar el estado de sus relaciones con Junts, después de que el partido de Puigdemont anunciara el pasado viernes que rompía cualquier "negociación sectorial" con el PSOE y que no iba a sentarse en la mesa para hablar de cualquier ley o decreto que pudiera presentar el Gobierno. 

El PP ha anunciado este miércoles que votará en contra del decreto ómnibus del Gobierno, que entre otras medidas sociales, incluye la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público.

Los populares, en su ofensiva total contra Pedro Sánchez, han anunciado desde la tribuna del Congreso de los Diputados su negativa a apoyar este paquete de medidas, aunque - según adelante El Español - han registrado a la vez una proposición de ley para salvar la subida de las pensiones, de forma que esta medida se apruebe en solitario y no junto al resto de medidas.

Junts y PP han vuelto a unirse este miércoles en el Congreso para votar en contra del denominado decreto ómnibus del Gobierno, que incluye entre otras medidas sociales la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público. De esta manera, el Ejecutivo ha sufrido una durísima derrota en el primer pleno del año, al tiempo que ve cómo el partido de Puigdemont consuma su amenaza de retirar el apoyo a Sánchez votando también en contra de los otros dos decretos presentados hoy.

[Subida de pensiones, transporte público o ayudas por la DANA: qué incluía el decreto tumbado por PP y Junts]

Junts y PP han vuelto a unirse este miércoles en el Congreso para votar en contra del denominado decreto ómnibus del Gobierno, que incluía entre otras medidas sociales la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público. De esta manera, el Ejecutivo ha sufrido una durísima derrota en el primer pleno del año.

La norma en cuestión incluye un amplio paquete de medidas económicas y tributarias aprobado en el último Consejo de Ministros de 2024. Aunque éstas ya estaban en vigor desde el pasado 23 de diciembre, el Congreso tenía que decidir si los convalidaba o los derogaba antes de que transcurrieran treinta días desde su promulgación, tal como establece la Constitución.

Junts y PP han vuelto a unirse este miércoles en el Congreso para votar en contra del denominado decreto ómnibus del Gobierno, que incluye - entre otras medidas sociales - la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público.

El PP, en su ofensiva total contra Pedro Sánchez, ha sido el primer en anunciar desde la tribuna del Congreso de los Diputados su negativa a apoyar el decreto ómnibus, aunque han registrado a la vez una proposición de ley para salvar la subida de las pensiones, de forma que esta medida se apruebe en solitario y no junto al resto de medidas. 

Junts y PP han vuelto a unirse este miércoles en el Congreso para votar en contra del denominado decreto ómnibus del Gobierno, que incluye entre otras medidas sociales la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público. 

Fuentes del ministerio de Transportes han confirmado que, desde este mismo jueves, el precio de los Cercanías, media distancia y autobuses interurbanos subirán tras no ser convalidado el decreto. 

Todo es relato, o al menos así lo ve Carles Puigdemont. En respuesta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien este miércoles culpó a PP y Junts de impedir la revalorización de las pensiones o de mantener las ayudas al transporte público, el líder catalán ha definido sus palabras como un intento por "reforzar el relato". Para eso y "para poder conseguir ese titular", ha dicho Puigdemont, "son capaces de jugar con los pensionistas y los usuarios de los transportes públicos".

En un mensaje publicado en la red social X en cuanto se ha conocido que Junts ha votado junto al PP y a Vox contra el llamado decreto ómnibus del Gobierno, Puigdemont ha considerado que "lo tienen fácil: que presenten un decreto con la revalorización de las pensiones y los descuentos en el transporte público, y mañana mismo los tendrán aprobados. Pero aprovechar que son decisiones que todos queremos aprobar para forzarnos a aceptar en el mismo paquete unas ochenta medidas de lo más diverso y disperso, es inaceptable. Y lo saben porque se lo hemos dicho en todas las reuniones".

A partir de este jueves 23 de enero, los descuentos en el transporte público que el Gobierno había mantenido durante 2024 desaparecerán. el cambio se produce como consecuencia del rechazo de Vox, Junts y PP al decreto ómnibus del Ejecutivo, que también ha frenado la revalorización de las pensiones y más ayuda a los afectados por la DANA de octubre.

Desde mañana, ya no se podrán adquirir abonos recurrentes de Renfe. Durante todo el año pasado, los usuarios frecuentes de Cercanías, Media Distancia y autobuses estatales habían disfrutado de servicios gratuitos, pero esta gratuidad termina hoy. Los trenes Avant, que contaban con un descuento del 50%, también perderán esta bonificación y volverán a su precio completo.

Una vez tumbado, con los votos en contra de PP, Junts y Vox, el decreto ómnibus presentado por el Gobierno, al Ejecutivo le quedan pocas alternativas para poder evitar, entre otras cosas, la congelación de la subida de las pensiones o las ayudas al transporte público.

Mientras PP y Junts culpan al Gobierno por incluir estas medidas en un paquete más grande y aseguran que las aprobarían si fueran por separado, el Gobierno sigue responsabilizándoles de afectar a millones de personas. ¿Pero existe alguna opción de que el Gobierno pueda sacar adelante estas medidas para evitar, por ejemplo, que los pensionistas vuelvan a cobrar lo mismo que el año pasado el próximo mes de febrero? 

Las comunidades y ciudades autónomas perderán 9.675,2 millones de euros en ingresos como consecuencia de la no actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación del ejercicio 2025. Esta revisión ha decaído al no convalidarse el decreto ómnibus del Gobierno.

Fuentes del Ministerio de Hacienda apuntan que el grueso del impacto recaerá en las comunidades autónomas, que perderán 9.665,2 millones en ingresos, mientras que las ciudades autónomas perderán en conjunto 10 millones de euros.

En los entornos de los partidos políticos siempre hay alguien que, en momentos de crisis, suelta aquello de “ahora a la batalla por el relato”. Llámenle relato o narrativa. La cosa va de convencer. Sirva como ejemplo lo que ha sucedido este miércoles. Después de que PP, Junts y Vox tumbasen en el Congreso el decreto ómnibus presentado por el Gobierno, todos los implicados se han esmerado en trasladar su argumentario. Básicamente, en tratar de persuadir al votante, al no votante y a cualquiera que ponga la oreja. ¿De quién es la culpa? Es la pregunta para la que todas las formaciones con representación en el Parlamento tienen ya una respuesta, una réplica que confían en trasladar de los pasillos del Congreso a las calles. Para PP y Junts (siempre para Vox), la culpa es del Gobierno, para quien la culpa es del PP y Junts. Esa es la batalla por el relato.

A pesar de que hasta este miércoles no se sabía todavía qué votaría el Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, tenía ya preparada su reacción. En cuanto se conoció la derrota del Gobierno, el líder del PP tiró de argumentario. “Esta legislatura es ingobernable – dijo – Sin la confianza de la Cámara ni de la calle, el Gobierno ya solo puede aportar decadencia e inoperancia. Que dejen en paz a los españoles. Que dejen paso al servicio público. Ya hemos tenido suficiente, Pedro Sánchez. Sin capacidad para sacar presupuestos, reales decretos o leyes, y con más corrupción cada día, es inasumible seguir. Somos la cuarta nación de la UE. Si no gobierna, apártese. Es miserable que el Gobierno mezcle a pensionistas, valencianos y vulnerables con chantajes de sus socios. El PP ha presentado iniciativas para subir pensiones, ayudar a Valencia, a los perceptores del IMV y al transporte. Que lo tramiten con urgencia hoy mismo. Si no pueden gobernar, el colmo es que responsabilicen a la oposición. Dejen de tomar el pelo a los españoles”. No se dejó nada. A partir de ahí, a replicar.

Nueva bofetada al Gobierno en el Congreso. PP y Junts han unido de nuevo sus fuerzas este miércoles para tirar abajo el denominado decreto ómnibus del Ejecutivo, que - entre otras medidas sociales - incluía la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público. Un duro revés para el Gobierno de Pedro Sánchez en el primer pleno de 2025.

El voto de los populares no habría sido trascendental si Junts no hubiera decidido de nuevo poner en jaque a Pedro Sánchez votando en contra de este y los otros dos decretos que se pretendían convalidar hoy en la Cámara Baja. Una decisión que ya se barruntaba después de que, el pasado viernes, Carles Puigdemont asegurara públicamente que rompía cualquier "negociación sectorial" con el PSOE. "No hablaremos ni de los Presupuestos Generales, ni de ningún decreto ni de ninguna ley", avisó. 

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha anunciado este jueves que su partido presentará una propuesta para la revalorización de las pensiones y ayudas al transporte público si el Gobierno de Pedro Sánchez, "en las próximas horas", no aprueba un nuevo decreto para impulsar estas medidas.

En declaraciones a TV3, Turull ha justificado el 'no' de Junts al decreto 'ómnibus', que incluía la revalorización de las pensiones y ayudas al transporte público, en el pleno de ayer miércoles en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno no tiene intención de aprobar de forma inmediata un decreto que palíe los efectos del rechazado el miércoles en el pleno del Congreso y que impedirá, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones o renovar las ayudas al transporte.

El real decreto ley 'ómnibus' que incluía esas decisiones no prosperó debido al voto en contra de los diputados del PP, Vox y Junts.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha exigido al Gobierno del Estado actuar con rapidez y aprobar un nuevo Real Decreto-ley que permita recuperar las bonificaciones al transporte ferroviario y garantizar la subida de las pensiones. Esta solicitud surge después del rechazo por parte del PP, Vox y Junts a la validación del Real Decreto-ley ómnibus que contenía medidas para la protección social y económica de la ciudadanía.

Asimismo, Néstor Rego ha responsabilizado al PP de que más de 689.000 pensionistas vayan a cobrar 30 euros menos a partir de febrero, si no se solucionar el problema, y de abandonar la más de 80.000 gallegos y gallegas usuarias del transporte público.

A apenas ocho minutos andando de la Torre Eiffel y a un par de minutos del río Sena, en el número 11 de la Avenue Marceau, está la sede del Instituto Cervantes en París, un formidable palacete de cuatro plantas diseñado con el famoso estilo haussmaniano parisino. Pensado por el arquitecto Paul Déchard — quien proyectó también el inmueble en el que luego viviría Honoré de Balzac, hoy un hotel de cinco estrellas —, el edificio fue construido en 1883 para albergar el domicilio de Narcisse Fillot, directivo de uno de los primeros grandes almacenes del mundo, Le Bon Marché. Ni Déchard ni Fillot eran conscientes entonces de que más de 140 años después la villa sería motivo de disputa en el Congreso de los Diputados y una de las razones por las que el PP tumbaría un decreto para, entre otras cosas, consolidar la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte público. El asunto es que el edificio era en realidad, y es, propiedad del PNV, quien logró hace unas semanas la restitución de la titularidad del inmueble.

En 1936, y según una investigación del diario vasco Deia recogida por la Fundación Sabino Arana, la propiedad del edificio recaía en una ciudadana norteamericana, Hélène Brawn, hasta que un año después, en 1937, fue adquirido por el diputado del PNV Rafael de Pikabea. La idea era instalar en el inmueble las oficinas de la Delegación del Gobierno tras la sublevación militar y la posterior Guerra Civil española. Poco después, y por encargo del PNV, el naviero vasco Marino de Gambia, que tenía nacionalidad norteamericana, compró el palacete a título individual, pero gracias a las aportaciones de los vascos que se habían ido al exilio. Costó 1.460.000 francos. En 1939, con la intención de proteger aún más la titularidad del inmueble y otras propiedades, el PNV creó una sociedad anónima, Finances et Enterprises, que de nuevo recompró el edificio por 1.600.000 francos.

Aunque se ha contado menos, el decreto ómnibus que han tumbado PP, Junts y Vox incluía también la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional aprobado en 2024 hasta, al menos, la aprobación del nuevo SMI, ahora mismo en negociación en la mesa de diálogo social. La no convalidación del mismo dejaba este miércoles en una suerte de vacío legal el que existiera un suelo mínimo para los salarios.

¿Podría entonces una empresa contratar a alguien sin pensar ya en el SMI? Para evitar esta posibilidad, el Ministerio de Trabajo, aseguran fuentes del departamento, “ha comenzado a tomar medidas que permitan proteger los derechos laborales ante la insólita derogación del SMI 2024 acaecida ayer en el Congreso de los Diputados”. ¿La respuesta? “Las nuevas contrataciones no deben tomar como referencia un salario mínimo inferior al fijado en 2024”. Es decir, no. Ninguna empresa podría contratar sin la base de los 1.134 euros.

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado movilizaciones para el domingo 2 de febrero en toda España para oponerse a "la anulación de todas las medidas de protección social y financiación de la Seguridad Social rechazadas en el Congreso con el voto conjunto de Junts, Partido Popular y Vox", han informado en un comunicado conjunto.

En el texto, los sindicatos manifiestan "su rechazo absoluto" a lo que consideran un "ejercicio de oportunismo político con elevadísimos costes sobre las espaldas de la ciudadanía". Cifran los afectados en "millones de personas". "Pensionistas que no verían revalorizada su pensión contributiva y no contributiva, así como las pensiones mínimas; perceptores del SMI y del IMV; usuarios del transporte público; personas vulnerables en riesgos de desahucio o que verán que desaparecen sus ayudas para pagar suministros básicos", etcétera.

La mayoría de las comunidades autónomas y consorcios metropolitanos de las grandes ciudades mantendrán, al menos de momento, los descuentos que venían aplicando al transporte público, pese a la retirada de la ayuda estatal al no haber sido convalidado por el Congreso el decreto-ley que la regulaba.

Si bien casi todas mantienen el descuento, salvo Castilla-La Mancha, unas indican que de forma temporal hasta final de enero o mientras el Gobierno tramite otra fórmula para su subvención, aunque algunas van más allá y ya apuntan a que durante todo el año aportarán los fondos que no dé el Estado, como Asturias o Galicia.