Condena al fiscal general del Estado: el Gobierno defiende su "deber legal de respetarla", pero también el "deber moral" de "no compartirla"

El fiscal general del Estado, condenado por revelación de secretos. El Tribunal Supremo ha sentenciado con dos años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz, que además tendrá que pagar una multa de 7.200 euros, más una indemnización a Alberto González Amador de 10.000 euros. El shock político e institucional es total y asegura un caudal de reacciones inmediatas y en los próximos días. En otras palabras, una 'convulsión general del Estado'.

Fuentes del Gobierno adelantaban de inmediato que Moncloa respeta pero no comparte la condena al fiscal general del Estado, que ahora puede recurrirla, por lo que pondrá en marcha su relevo en los próximo días, pero ha sido Félix Bolaños, ministro de Justicia, el primero en valorarlo de forma oficial.

"El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no compartimos", ha explicado Bolaños, en una breve comparecencia institucional para valorar el fallo del Supremo.

El ministro de Justicia ha querido transmitir, en su mensaje sin preguntas, el "agradecimiento" del Gobierno "a la labor de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y su compromiso en defensa del servicio publico, de la ley y de la verdad".

Tras asegurar que "en los próximos días" activarán el mecanismo para elegir al nuevo ("o nueva") fiscal general del Estado, Félix Bolaños sí ha querido mandar un mensaje, "especialmente a los que no comparten la sentencia".

"La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la Justicia. España es un estado de Derecho, con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial".

Algo más llamativa ha sido la primera reacción en persona de un miembro del Ejecutivo. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de Función Pública ha respondido "voy a morderme la lengua y ser prudente".

Esa prudencia queda bastante clara en Óscar Puente, que se ha limitado a publicar su reacción en un tuit que lo dice todo sin apenas decir nada:

Sumar, el otro partido de la coalición, no ha dudado en hablar de "golpe judicial en toda reglar" y un intento de "desestabilizar" al Gobierno. Así lo defiende en un comunicado el partido de Yolanda Díaz, donde ven en la condena "la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno". Unos hechos que catalogan de "una gravedad institucional absoluta".

Desde Sumar creen que la inhabilitación y multa al fiscal general del Estado se basa "en indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración" y "solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática" de España. "No aceptaremos que el Estado de derecho se use para desestabilizar a un Gobierno legítimo", prosigue el texto.

Ayuso lo celebra hasta en inglés

La presidenta de la Comunidad de Madrid puede cantar victoria. La condena a García Ortiz por revelación de secretos de su novio, Alberto González Amador, se lo ha tomado como un asunto personal, igual que hiciera con todo el asunto. 

En dos tuits, en español y en inglés, Isabel Díaz Ayuso celebra que "toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular".

"En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo. Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España", remata Díaz Ayuso.

La oposición ve una losa sobre Sánchez y exige "elecciones"

Munición total para la oposición. PP y Vox se han dado prisa en salir en bloque. Alberto Núñez Feijóo, presidente popular, ha sentenciado que "esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez". Para Feijóo, Sánchez "ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo".

Más en detalle, aunque sin espacio a preguntas, Núñez Feijóo ha comparecido desde Génova 13 para exigir "la dimisión de Sánchez", acusándole sin pruebas de haber "liderado" lo que llama "una campaña contra el PP", en la que García Ortiz "participó con ciega obediencia". Por todo ello cree que "no hay más salida" que el adelanto electoral en España tras "haberse escrito una página negra" con tinta "suministrada por el propio Sánchez".

Desde la sede del PP llegaban de inmediato reacciones en caliente. En palabras de Cuca Gamarra, actual vicesecretaria de Regeneración Institucional y ex número dos del PP "la verdad se ha impuesto" ante una "histórica" inhabilitación. "Quien tiene que perseguir los delitos, los ha cometido. La degeneración sanchista es total, pero la ley es igual para todos", ha asegurado Gamarra. 

Su compañera Carmen Fúnez, vicesecretaria de Política Social del PP, ha ido más allá, al recordar que Pedro Sánchez "exigió disculpas de todos para el hoy condenado García Ortiz". "Pues ahora tendrá que ser él quien pida perdón a los españoles por tanta corrupción. "La degradación es insoportable. España merece otro Gobierno", ha añadido.

Desde Vox, José María Figaredo, define la sentencia como "otro hito más de la vergüenza" que supone el Gobierno. En su alegato, el secretario general en el Congreso ha pedido elecciones "por dignidad y coherencia", enumerando los distintos escándalos alrededor del Gobierno y/o el PSOE. 

Su 'jefe', Santiago Abascal añadió algún que otro matiz al análisis, aventurando que Pedro Sánchez "será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel". "Es inaceptable celebrar ni conmemorar nada junto a esta mafia que no hace más que ensuciar las instituciones", ha zanjado al respecto de su veto a participar de actos en los que esté el Ejecutivo.

"El franquismo vive", "golpismo judicial": hablan los socios de legislatura

"Es una guerra contra unas ideas y contra unos partidos", afirma Gabriel Rufián, portavoz y alma de ERC en el Congreso, socio clave para el Gobierno de coalición. En otro tuit iba más allá en su ya habitual juego retórico. "Hermano de Ayuso. 280.000€ en comisiones. ¿Quién pilla? Pablo Casado" / "Novio de Ayuso. 350.000€ en comisiones. ¿Quién pilla? El Fiscal General del Estado". "El mensaje es claro: Ayuso no se toca", ha rematado.

Desde el PNV el primer sentimiento es el de "perplejidad". Así lo ha transmitido la portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Maribel Vaquero, emplazando a un posterior  análisis en profundidad del partido "para poder hacer un análisis sereno, pero la primera impresión es de perplejidad". "¿Impunidad para quien reconoce haber mentido? La judicialización de la política nos perjudica a todos", ha advertido.

Para Podemos, hoy encuadrado en el Grupo Mixto, la sentencia es "puro golpismo judicial". En palabras de la líder morada, Ione Belarra, "la derecha judicial y mediática asesina civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio".

Desde Izquierda Unida se dirigen igualmente al supuesto papel de "la derecha". Lo defiende el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, para quien la condena es una "vergüenza" que revela que hay instituciones "capturadas por la derecha" para dar "impunidad a los suyos". 

"¿Alguien duda de qué va esto? 50 años después de la muerte de Franco, sigue habiendo tarea de limpieza democrática. Vergüenza", ha apostillado Maíllo, en unos términos similares a los de Compromís, ambas formaciones dentro del proyecto Sumar. El diputado de Compromís Alberto Ibáñez se ha limitado a señalar en su perfil de X que a "20 de noviembre de 2025, el franquismo vive".