Subida en la cuantía de las multas para los que no adapten el horario de sus trabajadores antes de esta fecha
El Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan el anteproyecto de ley que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros.

El consejo de ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales, tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, pero sin el apoyo de la patronal.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que esta jornada es un "día histórico" para España y que esta nueva medida "sirve para modernizar al país".
El objetivo de Trabajo es que la norma, que beneficiará a cerca de 12 millones de trabajadores del sector privado, esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación. De hecho, la idea es que los convenios colectivos estén actualizados antes del 31 de diciembre de 2025.
En caso de no cumplirse, el Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan la reducción de la jornada semanal o el registro horario que también contempla la norma.
Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: en primer lugar, porque se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global, y en segundo, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.
Así, de acuerdo con el anteproyecto, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
Cabe recordar que el anteproyecto de ley, con todas estas medidas, necesitan la aprobación del Congreso. Junts, formación necesaria para que reciba la luz verde, ya ha asegurado que el Gobierno no ha consensuado la norma con ellos y que "será complicado" que le den su apoyo.