Vox se carga también en Castilla y León el organismo de mediación laboral por "falta de financiación"

Vox se carga también en Castilla y León el organismo de mediación laboral por "falta de financiación"

Yolanda Díaz lo considera "una mala noticia" y lo ve como una nueva maniobra de la extrema derecha

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-GallardoEFE

Vox vuelve a la carga en Castilla y León. El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, anunció el pasado viernes el inicio de los trámites para disolver el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) ante el endeudamiento actual y la falta de financiación de un ente del que también forman parte UGT, CCOO y CEOE.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo ha calificado una semana después de "una muy mala noticia que atenta contra el Diálogo Social y el papel clave del SERLA en la mediación y resolución de conflictos laborales". "A la extrema derecha le molesta la democracia, los derechos laborales y el trabajo de los sindicatos y empresarios", ha añadido.

El organismo, que nació en 1997 fruto de un acuerdo del Diálogo Social, realizó en 2022 3.534 procedimientos de conciliación en conflictos individuales. Es la cifra más alta de su historia. Un dato que, sin embargo, no ha servido como razón para Vox para mantener el servicio con vida. CCOO y UGT de Castilla y León se han dirigido al ministerio de Trabajo para que "actúe de forma rápida y contundente" con el fin de evitar su eliminación.

La Consejería de Industria se excusa en que aunque en sus estatutos se estipula una participación tripartita en su patronato, en la práctica y sin que exista una normativa que obligue a ello, su financiación procede en exclusiva de los presupuestos públicos, lo que ha supuesto en 2022 un desembolso para la Administración de Castilla y León de 980.378 euros.

El actual Gobierno autonómico ya suprimió en 2022 la subvención directa a sindicatos y patronal por importe de 232.500 euros en concepto de asistencia técnica, por considerarlo "gasto superfluo" que no incidía en el servicio que la Fundación presta a los ciudadanos.