Adrián Todolí, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia: "Tendría sentido que el Supremo obligara a indemnizar a los interinos que sufrieron abuso de temporalidad aunque no pierdan su puesto"
La justicia europea vuelve a poner en jaque a España y abre la puerta a cambios que podrían afectar a cientos de miles de trabajadores públicos.
El debate lleva años encima de la mesa, pero ahora ha vuelto con más fuerza que nunca. Y con una pregunta incómoda: ¿qué hacer con los interinos que llevan años encadenando contratos temporales en la Administración?
La última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido clara: España no está compensando adecuadamente a estos trabajadores. Pero no ha dado una solución cerrada. Y eso deja todo en el aire.
O casi, porque los expertos ya empiezan a marcar el camino.
El giro que plantea Todolí
Uno de los planteamientos que más fuerza está ganando no pasa por convertir automáticamente en fijos a estos trabajadores. Pasa por algo distinto.
Indemnizar.
Así lo defiende Adrián Todolí, que apunta a una vía que podría cambiar por completo el escenario actual.
"Tendría sentido que el Supremo indicara que se tuviera que indemnizar a quienes sufran abuso de temporalidad por el mero hecho de haber estado en esta situación, aunque no pierdan su puesto", explica.
Es decir, compensar el abuso… aunque no haya despido, un enfoque que rompe con el modelo actual.
Un problema que afecta a cientos de miles
No se trata de un caso aislado. Ni de un pequeño colectivo. Las cifras varían, pero todas son altas. Muy altas.
Algunos sindicatos hablan de unas 125.000 personas afectadas. Otros expertos elevan la cifra por encima de los 900.000 trabajadores en situación de temporalidad en el sector público.
Docentes. Sanitarios. Personal administrativo.
Personas que llevan años -en muchos casos décadas- ocupando puestos estructurales sin una plaza fija.
Europa aprieta… pero no impone
El TJUE ha vuelto a insistir en lo mismo que ya dijo en ocasiones anteriores: las medidas adoptadas por España no son suficientes.
Ni la figura del "indefinido no fijo". Ni las indemnizaciones actuales. Ni los procesos de estabilización. Pero, al mismo tiempo, no obliga directamente a convertir en fijos a estos trabajadores. Y ahí está la clave del debate.
Porque el Gobierno se agarra precisamente a eso.
El límite legal en España
Desde el Ejecutivo se insiste en que hacer fijos automáticamente a los interinos chocaría con la Constitución. En concreto, con el principio de acceso al empleo público basado en igualdad, mérito y capacidad.
Es decir, no basta con haber trabajado durante años en una plaza.
Hay que pasar un proceso selectivo. Y eso complica cualquier solución directa.
Las alternativas sobre la mesa
Ante ese bloqueo, los expertos empiezan a explorar caminos intermedios.
Uno de ellos es la figura del "fijo a extinguir", una especie de estatus especial que permitiría a estos trabajadores mantener su puesto hasta su jubilación, pero sin posibilidad de promoción o movilidad.
No convence a todos.
Todolí, por ejemplo, lo descarta como solución válida, al considerar que no responde a la naturaleza del problema: un abuso de la temporalidad que debe ser compensado.
Y ahí vuelve la idea de la indemnización.
Más dinero… o más demandas
Otra de las opciones que se plantea es elevar significativamente las indemnizaciones actuales, que ahora se sitúan en 20 días por año trabajado y solo en determinados supuestos.
O incluso abrir la puerta a sanciones para las Administraciones que hayan abusado de la temporalidad.
Pero hay otra consecuencia que ya empieza a vislumbrarse. Más juicios.
El efecto inmediato: una avalancha judicial
La lectura que hacen algunos juristas es clara: la sentencia europea puede provocar un aumento de las reclamaciones individuales contra la Administración.
Demandas por abuso. Impugnaciones. Reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
Un escenario que podría saturar aún más los tribunales… y aumentar la presión para encontrar una solución política.
El Supremo tiene la llave
Ahora la pelota está en el tejado del Tribunal Supremo.
Será el alto tribunal el que tenga que interpretar la sentencia europea y decidir qué hacer. Si opta por una solución concreta. Si sugiere cambios. O si deja la responsabilidad en manos del Gobierno.
No es una decisión menor.
De ella depende el futuro de cientos de miles de trabajadores.
Un problema sin solución fácil
Porque en el fondo, el debate no es solo jurídico. Es político. Y también social.
¿Cómo compensar años de precariedad dentro de la propia Administración sin romper las reglas del sistema?
No hay respuesta sencilla.
Lo que sí está claro es que el modelo actual ya no sirve. Europa lo ha dicho varias veces. Y ahora lo vuelve a repetir.
España tiene que cambiar algo. La cuestión es el qué y el cómo.
Mientras tanto, miles de interinos siguen en la misma situación; trabajando y esperando. Y ahora, quizá, también reclamando.