El dueño de una freiduría vendía cocaína escondida en el dispensador de curry, junto a las patatas fritas: "Me avergüenzo de lo que hice"
Aunque el acusado manifiesta estar arrepentido, el fiscal del caso solicitó medida de aseguramiento dado el extenso historial delictivo del cocinero.
Las patatas fritas son, sin lugar a dudas, una de las insignias de la gastronomía belga. Este palto, más que ser un simple acompañante, es un auténtico orgullo nacional. Se caracteriza por su contraste de texturas, ya que es crujiente por fuera y tierno por dentro. Por lo general, es servido en cucurucho y se complementa con una amplia variedad de salsas.
En Bélgica, las patatas fritas se suelen vender a través de locales de comida rápida, puestos callejeros o furgonetas especializadas exclusivamente en la comercialización de dicho producto.
Un negocio oculto detrás de la venta de patatas fritas
Recientemente, las autoridades de dicha nación descubrieron que el dueño de uno de estos locales utilizaba su establecimiento como fachada para operar actividades ilegales. Así lo informa el diario local, HLN, por medio de uno de sus más recientes artículos.
Se trata de un hombre de 47 años originario del municipio de Lier, un municipio situado al norte del país. El individuo llevaba vendiendo cocaína de manera discreta durante los últimos cuatro años. “Se encontraron once paquetes escondidos en el dispensador de salsa de curry», declara la fiscal Nele Van Looy.
De igual manera, se hallaron 70 gramos del mismo surfactante en el coche del acusado. La fiscalía estima que, a raíz del funcionamiento del negocio ilícito, el hombre obtuvo un beneficio económico cercano a los 72.550 euros. “Y es posible que esta cifra sea una subestimación de la cantidad real”, añade Looy.
No es la primera vez que el individuo enfrenta este tipo de cargos. En 2016 fue acusado de suministrar droga a los clientes de un bar de su propiedad. Asimismo, el sujeto tiene un amplio registro delictivo con al menos 10 condenas en su historial.
Es por ello que la fiscal solicita ante el tribunal una pena de prisión de tres años y una multa de 24.000 euros. Por su parte, el implicado manifiesta estar arrepentido y la abogada defensora busca un castigo alternativo.
“Me avergüenzo de lo que hice, pero he enderezado mi vida desde entonces”, sostiene el involucrado. La letrada, Celestine Goetschalckx, afirma que busca la sanción más apropiada para su cliente; por lo tanto, solicita que se le imponga el servicio comunitario. “De esta manera, puede aportar algo a la sociedad”, concluye. El veredicto final del caso está previsto para el próximo 24 de junio.
