Estos son los cambios en cárceles catalanas para evitar los riesgos con presos con delitos de sangre
Los funcionarios hacen los turnos más arriesgados en parejas y los mayores de 55 años están exentos de las tareas complejas.
Que el acceso de los presos más peligrosos a zonas como las cocinas o las carpinterías de la cárceles sea muy restringido y vigilado; que los funcionarios vayan siempre en pareja durante las tareas en las que están más expuestos, como los recuentos de presos, sus traslados o las rondas nocturnas, o que los trabajadores de las cárceles mayores de 55 años queden exentos de realizar tareas de alta exigencia.
Estas son algunas de las medidas que ha puesto en marcha la Generalitat de Catalunya cuando se acaba de cumplir un año del asesinato por parte de un preso de Núria López, la cocinera de la cárcel de Mas d’Enric, en Tarragona. El reo estaba encarcelado por delitos de sangre y el suceso conmocionó y sacó a la calle a numerosos funcionarios de las cárceles catalanas para protestar por la gestión que estaba haciendo el Departamento de Justicia de esta comunidad y su entonces consejera Gemma Ubasart, ya que, según aseguraban los manifestantes, no defendían debidamente a los funcionarios de estas prisiones de las agresiones de los reos.
En la actualidad, está al frente de esta consejería Ramon Espadaler, desde cuyo departamento de Justicia han asegurado públicamente, coincidiendo con este aniversario, que la normativa aprobada el pasado mes de septiembre pone en marcha nuevas medidas de protección para estos trabajadores, como el mencionado endurecimiento de los requisitos para que los presos accedan a lugares de trabajo de las prisiones que puedan representar algún tipo de riesgo para la seguridad, como la cocina o la carpintería.
La idea de estas autoridades es evitar que, concretamente, los presos con delitos de sangre no puedan acceder a puestos como el que tenía el asesino de Núria, de forma que se impide su asistencia a reos con muchos años de condena por delitos muy graves o a los que han utilizado armas al cometerlos, incluidos los cuchillos.
Pero, por otro lado, la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha instado al Gobierno de la Generalitat a que reconsiderara las restricciones aplicadas a algunos internos para poder trabajar en las prisiones en el Informe Anual del Mecanisme de Prevenció de la Tortura. Argumenta que esta circular oficial "tiene por efecto una restricción de los derechos de los presos", aunque sugiere seguir aplicando medidas de control y ampliar las que ya existen".
Entre otras medidas ya implantadas, los centros penitenciarios de toda Cataluña han implementado el trabajo en parejas durante las situaciones de riesgo, como pueden ser los recuentos, los traslados a las celdas o las rondas nocturnas, así como que los funcionarios mayores de 55 años quedan exentos de trabajos de alta exigencia y más riesgo.
Y, de cara al futuro, el consejero Espadaler ha asegurado que "impulsará el reconocimiento de los funcionarios de prisiones con la condición de agentes de la autoridad". Estos implicaría, por ejemplo, que tendrían la llamada "presunción de veracidad; más protección legal, ya que los delitos contra ellos están más penados, y una mayor capacidad de actuación en situaciones de conflicto. Una categoría con la que sólo cuentan, en la actualidad, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y funcionarios como los inspectores de trabajo.
El Departamento de Justicia argumenta, además, que el pasado año el Gobierno catalán "aprobó la ampliación de la plantilla penitenciaria con 407 nuevos efectivos, incluyendo personal de base y más de un centenar de puestos de responsabilidad".
