La justicia condena a un matrimonio a derribar la cocina de su propia casa: "Teníamos permiso de obras, pero al parecer no tiene ningún valor jurídico"
Ha ocurrido en Francia.
El matrimonio formado por Didier y Maryline Gautier ha ido poco a poco, con el paso de los años, reformando la casa que ambos compraron en la población francesa de Trélazé en el año 1981. Renovaron todo: la albañilería, la fontanería, la electricidad…
La vivienda se convirtió en todo un proyecto de vida. De hecho, ambos la adquirieron cuando tan solo tenían 18 años. Sin embargo, ese sueño que parecía haberse convertido en realidad se ha vuelto una pesadilla.
Tal y como recoge el medio de comunicación francés Ouest-France, la pareja de jubilados ha sido condenada a destruir la parte central de su propia casa, lo que incluye la cocina y un aseo, para cumplir con la normativa administrativa.
Ambos, en el año 1990, adquirieron el edificio contiguo. Posteriormente, en 1994, realizaron una ampliación para conectar ambos inmuebles. Las obras, para las que el ayuntamiento concedió una licencia, se realizaron en el lugar donde antes estaba el camino de entrada.
El problema es que la parte central de la reformada y ampliada casa no figura en el catastro. "La culpa es del topógrafo de la época, que vino a dividir el terreno y se olvidó de estos 10 metros cuadrados", ha lamentado Didier. En consecuencia, esa superficie pertenecía a una vecina.
Demolición en seis meses y pago de 17.000 euros
Cuando esa persona falleció, el nuevo propietario se dio cuenta del error y lo reclamó judicialmente. Tras un largo proceso judicial, el matrimonio ha sido condenado a demoler la ampliación que realizaron en un plazo de seis meses.
Por si eso fuera poco, la justicia francesa también ha dictaminado que los Gautier tienen que pagar un total de 17.000 euros en concepto de costas judiciales y daños morales al vecino afectado.
El ayuntamiento, consultado por Ouest-France acerca de lo ocurrido, se ha limitado a expresar que "la licencia de obras es una autorización expedida por el ayuntamiento para verificar que un proyecto cumple con el código urbanístico y los documentos relacionados. Cuando se expide la autorización, se hace sin perjuicio de los derechos de terceros. Las normas entre vecinos son competencia exclusiva del derecho privado".