La idea de Alex Bores para la era de la IA: impuesto al uso de la tecnología y participaciones del Estado en las tecnológicas que sustituyan empleos a gran escala

La inteligencia artificial (IA) ya no se discute solo como una revolución tecnológica. Cada vez más, se debate como un problema laboral, fiscal y político. Y pocas propuestas resumen mejor ese cambio que la de Alex Bores, asambleísta del estado de Nueva York y candidato a la Cámara de Representantes de EEUU, que acaba de poner sobre la mesa una receta en el pódcast The Ezra Klein Show: si la IA sustituye empleo a gran escala, las tecnológicas tendrán que devolver parte de ese beneficio a la sociedad.

Su planteamiento parte de una idea sencilla: si la IA aumenta la productividad, concentra riqueza y desplaza a trabajadores, los ciudadanos deben tener una participación directa en esa ganancia. Para eso propone un AI dividend, o dividendo de la IA, que se activaría si la tecnología desplaza de forma significativa a los trabajadores estadounidenses. Ese dinero no solo financiaría pagos directos, sino también reciclaje profesional, educación y capacidad del Estado para supervisar la propia IA.

Un impuesto al uso de la IA cuando reemplace trabajo humano

La parte más llamativa de la propuesta es el llamado token tax, que Bores describe como un impuesto modesto al consumo o uso de IA. La lógica es que durante décadas, la teoría económica ha asumido que invertir en capital termina creando más empleo. Pero Bores sostiene que la IA puede romper esa regla, porque es la primera gran tecnología cuyo objetivo declarado por parte de sus creadores es competir con el trabajo humano e incluso reemplazarlo en muchas tareas.

En la entrevista en la que ha desarrollado su plan, Bores insiste en que no basta con asumir que "toda revolución tecnológica crea más empleo del que destruye". Según su argumento, la IA es distinta porque se mide precisamente por su capacidad para imitar y superar formas de trabajo humano. De ahí que vea razonable cambiar también la política fiscal: gravar el uso de la IA y rebajar los incentivos a sustituir personas por software.

No se trata, según él, de castigar la innovación. De hecho, Axios recoge literalmente que su plan quiere funcionar como un "seguro" frente a un escenario de desplazamiento masivo, no como un freno automático a toda la industria. Pero sí supone una enmienda de fondo al relato dominante en Silicon Valley: si la IA genera riqueza gracias a datos, cultura y trabajo acumulado por toda la sociedad, esa sociedad debe cobrar una parte.

Participaciones del Estado en las tecnológicas si se disparan con la automatización

La segunda pata de la propuesta es todavía más ambiciosa. Bores plantea que el Estado tenga una fórmula para participar en el valor futuro de las grandes compañías de IA. En su explicación pública, eso se traduce en algo parecido a warrants: derechos para comprar acciones a un precio fijado de antemano si esas empresas se disparan en bolsa.

La lógica política de esa medida es tan importante como la financiera. Bores viene a decir que es más fácil pactar hoy una participación pública en el éxito futuro de la IA que intentar hacerlo después, cuando una o varias compañías ya se hayan convertido en gigantes casi intocables. En ese escenario, argumenta, cualquier intervención posterior sería denunciada como confiscatoria. 

En cambio, si se fija ahora, el Estado simplemente estaría reservándose una parte de las capas de una tecnología que puede reordenar toda la economía.

Es una idea que encaja con una preocupación más amplia: que la IA no solo destruya determinados empleos, sino que concentre aún más poder económico y político en un puñado de firmas. Ese miedo no es abstracto. 

La carrera de Bores se ha convertido en un campo de batalla sobre quién tendrá el poder de moldear el futuro de la industria de la IA, en un momento en el que varios super PAC financiados por grandes nombres del sector gastan millones en política.

UBI, formación y transición: Bores admite que el ingreso básico no basta

Otro punto importante de su discurso es que el ingreso básico universal, por sí solo, no resuelve el problema. Bores reconoce que una transferencia general puede quedarse corta si la automatización golpea primero a grupos concretos y deja intactos a otros. 

Por eso su planteamiento añade varias capas. Primero, cambiar el código fiscal para frenar la sustitución indiscriminada de personas por IA. Segundo, invertir en community colleges, reciclaje profesional y nuevas carreras. Y tercero, pensar mecanismos de transición más finos para profesiones reguladas o con licencias largas, de modo que quienes invirtieron años en formarse no vean evaporarse de golpe el valor de ese esfuerzo. 

Aquí aparece una de las tensiones más reales del debate actual: la dignidad del trabajo. Bores sostiene que durante décadas la identidad y el valor social de muchas personas se ha vinculado a su oficio, y que sustituir eso por una simple transferencia monetaria sería una respuesta incompleta y, para muchos, decepcionante. 

Por eso su enfoque intenta hablar no solo de ingresos, sino de tiempo de transición, protección sectorial y capacidad política de los trabajadores para influir en cómo avanza la tecnología.