Los bulos sobre un cupo máximo de solicitudes y la desinformación aumentan el caos en la regularización de migrantes: "Tengo la cara quemada, pero no me voy a quedar fuera"

A Jennifer no se le despega la sonrisa del rostro. Llega al local de la Red Solidaria Popular de Latina-Carabanchel (Madrid) con los deberes hechos: "Tengo lista casi toda mi documentación porque cumplo con los requisitos", relata a El HuffPost en una tarde de finales de abril, apenas dos semanas después de que arrancase el proceso de regularización extraordinaria.

Esta medida, a la que se acogerán más de 500.000 personas, es una oportunidad para solventar una situación administrativa que impide, por ejemplo, firmar un contrato de trabajo y cotizar a la Seguridad Social.

Después de haber venido desde Ecuador hace un año, Jennifer se muestra esperanzada ante la posibilidad de vivir en España con ciertos derechos básicos. El camino, sin embargo, no ha sido sencillo. Menciona "las filas largas para conseguir una cita" y a las personas que han esperado día y noche a la intemperie "para que le dejen turno".

Los diez migrantes que se reúnen esa tarde en la Red Solidaria Popular (RSP) cuentan historias similares. Todos han pasado horas en una o varias colas, todos tienen multitud de preguntas sobre los documentos a presentar y todos tienen miedo a quedarse fuera del proceso.

Las voluntarias de la RSP Latina-Carabanchel les asesoran y acompañan, resuelven sus dudas y les ayudan a rellenar los papeles y a conseguir cita. Afirman que hay mucha desinformación y apuntan al certificado de vulnerabilidad como foco de varios problemas: no todo el mundo necesita aportarlo entre la documentación, pero muchos han corrido a por él creyendo que resultaba indispensable. 

La "locura y el caos" del certificado de vulnerabilidad

Según las voluntarias de la RSP Latina-Carbanchel, sólo una cuarta parte de los migrantes interesados en la regularización necesitan el certificado de vulnerabilidad, pero como muchos piensan que es imprescindible han acudido a las colas sin motivo.

Marisa, una mujer colombiana que lleva tres años en España, hace una descripción precisa de estas colas. Ella acudió una mañana muy temprano a la sede de una ONG que expide el certificado. La noche anterior había llovido y se topó con "miles de personas esperando con cartones y plásticos".

Allí encontró a una conocida, también colombiana, que le permitió colocarse delante de ella en la fila. Eran las seis de la mañana. Hasta las once no consiguió cita: "Me dieron el número 640", explica mientras niega con la cabeza, recordando el cansancio y los nervios de aquel día: "Fue muy difícil, los vecinos de alrededor se quejaron y llamaron a la policía".

Aunque haya corrido el rumor de que el certificado de vulnerabilidad es totalmente necesario, lo cierto es que muchos no tienen que pedirlo. Sólo quien no esté dentro de uno de estos tres grupos debe solicitarlo:

Muchos reúnen alguno de estos requisitos, pero se lanzan a las colas por miedo. Marisa consiguió el certificado aquel mismo día, ya a las nueve de la noche, después de que le diesen cita para las cinco de la tarde.

Jennifer tampoco quiso quedarse sin este documento: "Con el requisito del certificado de vulnerabilidad todo ha sido una locura y un caos. Ha sido difícil porque me ha tocado hacer filas largas para conseguir una cita, no el certificado, sino una cita", subraya.

El miedo a ser el último

A la desinformación respecto al certificado de vulnerabilidad se une otro elemento que también ha influido a la hora de aumentar las colas y el nerviosismo: el bulo de que existe un cupo máximo de regularizaciones.

Se trata de una mentira que se ha ido extendiendo por el boca a boca y grupos de WhatsApp, pero que desde la RSP Latina-Carabanchel desmienten: "Entiendo que hay ansiedad, y que nos están contando que hay un cupo y que los últimos no van a entrar; pero no es verdad. No hay un cupo. El 30 de junio es el último día para presentar la documentación, por presentarla en mayo no pasa nada", insiste una de las voluntarias frente a los migrantes que han acudido a uno de los talleres informativos que organizan cada semana.

A pesar de que el mensaje es claro, la ansiedad se ha adueñado de los migrantes interesados en regularizar su situación. "Toda la semana me la pasé caminando de un lado a otro, todo el día, toda la mañana y toda la tarde", relata Marisa, que antes de conseguir el certificado de vulnerabilidad acudió a pedir información al Ayuntamiento de Madrid y a varias asociaciones. Fueron días enteros desplazándose de un lugar a otro, sin descanso, pasando horas y horas bajo el sol: "Tengo la cara quemada, pero no me voy a quedar fuera".

Las asociaciones vecinales y las ONGs, un salvavidas para quienes no pueden pagar un abogado

La labor de asociaciones y voluntarios está resultando esencial en la regularización. La mayoría de personas que quieren acogerse no disponen de medios económicos para pagar a un abogado que les facilite los trámites. Tienen que enfrentarse por sí mismos a las exigencias y plazos de la Administración, una tarea nada sencilla habitualmente, y menos aún cuando entran en juego la desinformación y el miedo.

"Gente como yo, que no tenemos trabajo fijo, lo queremos hacer por nuestra cuenta para no pagar abogado, porque un abogado te está cobrando entre 300 y 500 euros", lamenta Jennifer, que ha encontrado un apoyo indispensable en estas redes vecinales.

La RSP Latina-Carabanchel organiza charlas informativas tres veces por semana en su local (lunes, jueves y sábado), y además reparte folletos en la calle y en las estaciones de metro para ofrecer su ayuda. También acompañan a los migrantes el día de la cita. Sucede igual con otras organizaciones. Sin este trabajo, todo sería más complicado.

"Busco estas organizaciones que nos orientan y nos dan asesoría legal", continúa Jennifer, a la que sólo le queda presentar la documentación. "Por no tener abogado, no me voy a quedar fuera", asegura, aún sonriendo.