Una jubilada de 78 años compra la casa ideal, la reforma y al confiar en la buena fe del albañil cae en la trampa

Trabajas toda tu vida, ahorras lo que puedes, decides reformar tu casa para vivir con más confort... y te encuentras con una jugarreta de las grandes. Es lo que le ha ocurrido a una señora jubilada de 78 años, que se ha visto atrapada cuando más necesitaba caltra y tranquilidad. Esta es la historia de una obra hecha a distancia, basada en la confianza y la buena fe, que se convirtió en un infierno para una francesa llamada Georgette.

Según relata el diario galo Le Figaro, la mujer lo tenía todo planeado para un retiro estupendo: en 1999, invirtió en una casa en Pamiers (en la zona de Ariège, al sureste de Francia), donde vive su hermana, con la esperanza de disfrutar de su jubilación cuando llegase. Pero nada salió como esperaba. La vivienda necesitaba algunas reformas, que ella encargó a un albañil llamado José. Como la mujer vivía en la región de París y no podía supervisar la obra, acordaron que se irían informando, tras dejarle claro lo que quería y necesitaba. La relación era cordial y se entendieron. 

Las reformas, añade el diario, salieron bien. El mismo albañil se convirtió por aquel entonces en agente inmobiliario, además, por lo que se ofreció a buscarle a su clienta un inquilino y gestionar él mismo el alquiler, ya que vivía cerca. Georgette aceptó, claro, y recibió 350 euros de alquiler al mes durante dos años. Aquel primer inquilino se marchó en 2007 y el albañil encontró un segundo inquilino, que no duró mucho.

Entonces ideó otro plan: que su propia hija fuera a vivir a la casa. Ahí empezaron de veras los problemas. Según explica el marido de la anciana, acordaron bajarle el alquiler a 300 euros y a los pocos meses empezó a dejar de pagarlo. "Acumuló una deuda de 7.000 euros en alquileres impagados. A veces, mi esposa recibía dinero, pero no el alquiler completo", expone el esposo, llamado David, a otro medio, Le Parisien. 

La inquilina morosa hija se fue en 2011 y fue el albañil-promotor inmobiliario el que se quedó con la casa, entonces, alegando que tenía un contrato verbal con Georgette. Ella reconoció la existencia de este contrato verbal, pero insiste en que no hay nada escrito y no quiere que se quede. El caso es que así lleva desde entonces, sin poder disfrutar la casa que preparó con esmero para sus años de retirada. Según confirman las autoridades francesas, Georgette no habría recibido ningún pago por el uso del inmueble desde el año 2019. Un okupa, denuncia.

La pregunta que se hace la prensa francesa ante este caso es si es legal o no eso de un arrendamiento verbal. Desde el 9 de abril de 2024, la Ley n.º 2024-322 de Francia prohíbe los contratos de alquiler verbales e introduce sanciones penales por no formalizar un contrato por escrito. Los arrendadores que no se atengan a la norma se arriesgan a penas de hasta un año de prisión y multas de hasta 20.000 euros para personas físicas o 100.000 para personas jurídicas. Estas sanciones, detalla Le Figaro, sólo se aplican si el arrendador se niega a proporcionar un contrato por escrito. Esto significa que cualquier arrendador que actualmente alquile mediante un contrato verbal no está necesariamente infringiendo la ley: primero debe recibir una notificación para regularizar su situación; solo si se niega a hacerlo se vuelve punible.

La denuncia y el fallo

La mujer, a la vista de los hechos, presentó una denuncia en la comisaría, pero fue desestimada, ya que José se había mudado legalmente. "Protegen más a los delincuentes que a los caseros. Invertí todos mis ahorros en esta propiedad, pero casi la he perdido", lamentaba la señora. Entonces, envió una carta certificada al habitante de su casa, ordenándole que desalojara la vivienda, y en 2022 presentó una denuncia formal por fraude, falsificación, uso de documentos falsificados y abuso de una persona vulnerable. La fiscalía de Foix abrió una investigación por allanamiento de morada, incluso. Mientras tanto, ella vivía en una vivienda social con su pareja, pero temía ser desahuciada, ya que era propietaria de su casa y eso ponía en riesgo el cumplimiento de las condiciones económicas de la ayuda. 

Al final, el juzgado penal de Foix falló el pasado septiembre a favor de Georgette y condenó al inquilino a pagar 70.000 euros, añadiendo 3.000 en concepto de daños y perjuicios por el alquiler impagado y las pérdidas sufridas por la anciana. José tenía que ser desahuciado en un plazo de dos meses; sin embargo, la historia no termina ahí, ya que el albañil apeló la sentencia y la moratoria de desahucios de invierno comenzó el 1 de noviembre . Por lo tanto, no puede ser desahuciado, por razones sociales. 

Georgette incluso ha puesto la casa a la venta, pero su ocupante se niega a abrir la puerta para que los posibles compradores la visiten y no deja entrar ni al técnico certificador de eficiencia energética. "La inmobiliaria creía que la casa era suya porque intentó venderla hace unos años con documentos falsificados. ¡Es un mentiroso, un fabulador que nos está amenazando!", denuncia el esposo. 

La pareja ahora sólo quiere cobrar el dinero, construir una casa en otro pueblo cercano y dar por terminado este asunto.