El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, se enfrenta a un juicio que puede provocar su destitución
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, puede ser destituido este mismo viernes después de que la Cámara de Diputados aprobara emprender un "juicio político" contra él. El pliego de acusación contra el dirigente se basa en cinco actuaciones puntuales de su Gobierno, entre las que se incluye la matanza de Curuguaty, por las que se pide también un proceso penal. La cámara considera que Lugo ha incumplido sus funciones como presidente al permitir un aumento de la conflictividad social.
La principal causa de la petición de los diputados son los enfrentamientos que se produjeron hace diez días entre campesinos y policías en la localidad de Curuguaty, al sureste del país, que terminaron con la muerte de 17 personas. Los disturbios tuvieron lugar después de que los policías irrumpieran en una finca propiedad del exsenador del opositor Partido Colorado Blas Riquelme para desalojar a un centenar de campesinos, que desde hacía semanas ocupaban el lugar para protestar por la escasez de tierras agrícolas.
Uno de los diputados paraguayos, Óscar Tuma, asegura que la pérdida de vidas se debió a la "incompetencia" de Lugo: "Desde que ejerce la presidencia, ha permitido la violación del derecho de propiedad y el odio entre clases sociales". Cree, además,que hay "evidencias" que demuestran que fue un acto premeditado gracias a la "actitud cómplice" del presidente. "Debe ser enjuiciado políticamente y penalmente", subrayó.
Otras acusaciones a las que se enfrenta Lugo:
- Las operaciones de seguridad llevadas a cabo en los departamentos de San Pedro y Concepción contra el Ejército del Pueblo Paraguayo.
- La invasión de tierras en la localidad de Ñacunday por parte de campesinos
- La autorización dada por el presidente a un grupo de jóvenes, liderados por el exministro de Acción Social Camilo Soares, para ocupar el Comando de Ingeniería
- La firma del Protocolo de Usuaia II, que autoriza a los países del Mercado Común del Sur a bloquear a los estados en los que se registren amenazas contra el orden democrático, al considerar que "constituye un atentado contra la soberanía de Paraguay".
En cuanto a la firma del protocolo de Usuaia, la acusación señala que permitiría "cortar el suministro de energía a Paraguay y el cierre de fronteras. Eso violenta los principios comerciales y atenta contra los pueblos. Muestra un claro perfil autoritario", según informa el diario paraguayo La Nación.
Lugo deberá ahora responder a las preguntas de los legisladores sobre estos hechos a partir de las 18.00 (hora española). El presidente ya ha anunciado que promoverá una acción de inconstitucionalidad contra el juicio político, según ha informado a Reuters un asesor jurídico de la Presidencia.
El último juicio político a un presidente paraguayo tuvo lugar en 1999, cuando Raúl Cubas fue acusado de mal desempeño de sus funciones tras el asesinato del vicepresidente Luis Argaña y la muerte de siete jóvenes manifestantes. Cubas renunció antes de que concluyera el proceso judicial.
