ECONOMÍA
29/04/2013 12:05 CEST | Actualizado 29/04/2013 12:45 CEST

Javier Marín sustituye a Alfredo Sáenz como consejero delegado del Banco Santander

EFE

Alfredo Sáenz Abad, consejero delegado y vicepresidente del Santander, ha anunciado que deja sus cargos en la entidad, según ha informado el banco en un comunicado remitido a la CNMV. Le sustituirá en el puesto Javier Marín Romano. El relevo llega con Sáenz en medio de la polémica, tras la anulación parcial del indulto que le concedió el gobierno de Rodríguez Zapatero.

Marín, el nuevo consejero delegado, se incorporó al Grupo Santander en 1991. Según informa la entidad, ha sido director general del banco y responsable de la División Global de Seguros, Gestión de Activos y Banca Privada.

A cierre del ejercicio 2012, Alfredo Sáenz tenía reconocida una pensión a lo largo de sus años en la entidad por 88,1 millones de euros.

El pasado 12 de febrero la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo anuló por unanimidad parte del indulto concedido en 2011 a Alfredo Sáenz por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un decreto el pasado 12 de abril por el que dejaba en manos del Banco de España el futuro de Alfredo Sáenz. Se incorporaba a la legislación española los criterios de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre la honorabilidad de los cargos en las entidades financieras, lo que permitía que Sáenz pudiera seguir ejerciendo a pesar de haber sido condenado.

Con estos cambios en marcha, el Banco de España abrió un nuevo procedimiento para decidir sobre su futuro, pero Sáenz ha dejado el cargo antes de que se pronunciaran sobre su honorabilidad.

El consejero delegado y vicepresidente del Banco Santander había sido condenado a tres meses de arresto e inhabilitación para el oficio bancario por acusación falsa a unos deudores de Banesto.

El alto tribunal sostuvo en su decisión de anular el indulto parcial concedido por Zapatero que el Gobierno se extralimitó en sus funciones cuando, al conceder la medida de gracia, estableció que no le podía afectar ningún "impedimento para ejercer la actividad bancaria".