Manos amigas para el pueblo saharaui
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Manos amigas para el pueblo saharaui

Esta semana se cumple el triste aniversario de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, con los que la España franquista (pero España, al fin y al cabo, para el derecho internacional) hizo dejación de sus obligaciones como potencia administradora del Sáhara Occidental. De aquellos polvos vienen estos lodos de violaciones de los derechos humanos.

A finales de enero de 2009 aterricé en El Aaiún formando parte de la Delegación del Parlamento Europeo para el Sáhara Occidental. Fue la primera visita oficial efectuada al territorio por parlamentarios de cualquier ámbito desde que fuera ocupado por Marruecos en noviembre de 1975. Permanecimos allí menos de 24 horas, durante las que, a un ritmo frenético y cargado a veces de tensión, nos entrevistamos con numerosas asociaciones saharauis en el antiguo Parador Nacional, atestado por cientos de personas, unas, simples ciudadanos, otras, fuerzas de seguridad de Marruecos.

Nunca he escrito sobre aquel viaje, nunca, porque pensé que la mejor manera de hablar era dejar que lo hiciera colectivamente el Informe que rendiría la propia Delegación ante la Eurocámara, como así hizo. Hoy se puede consultar ese texto en los archivos del Parlamento Europeo y en las escasas noticias dedicadas por la prensa occidental, incluida la española, al documento y al propio viaje en sí.

Lo que oímos entonces no dejaba lugar a dudas: los saharauis partidarios de la autodeterminación del territorio eran víctimas de una persecución sistemática y regular por sus opiniones que incluía la cárcel, las detenciones arbitrarias, la tortura y el acoso permanente, por no hablar de la represión violenta de cualquier manifestación colectiva en ese sentido. Lo que pudimos constatar no era nada distinto a lo que organizaciones tan creíbles y acreditadas como Human Rights Watch habían verificado antes, es verdad, pero esta vez por parte parlamentarios europeos.

Los testimonios en ese sentido de auténticos símbolos de la dignidad humana como Aminetu Haidar no recibieron ni una sola argumentación creíble en sentido contrario. Más aún, ella misma y otros saharauis que comparecieron ante nosotros llegaron con dificultades (por ser moderado en el término) a la reunión y salieron del mismo con otras añadidas. Todavía recuerdo sus llamadas angustiadas pidiéndonos protección y aún nos veo saliendo del edificio a todo correr para que pudiera llegar al encuentro.

Al igual que tengo todavía en mi mente la frustración que se sentía al escuchar a los miembros de la MINURSO (la Misión de la ONU) explicar que en su mandato no se incluía la verificación de las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, lo que les impedía actuar en ese terreno, y las palabras de los activistas marroquíes por los derechos humanos confirmando que lo que estaba ocurriendo en El Aaiún y otras ciudades del territorio era una persecución por delitos de opinión.

Esta semana se cumple el triste aniversario de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, con los que la España franquista (pero España, al fin y al cabo, para el derecho internacional) hizo dejación de sus obligaciones como potencia administradora del Sáhara Occidental: el 14 de noviembre de 1975. Directamente, sin solución de continuidad, de aquellos polvos vienen estos lodos de violaciones de los derechos humanos de quienes siguen defendiendo el derecho a la autodeterminación de su pueblo.

Un derecho de autodeterminación establecido por la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y reconocido específicamente al pueblo saharaui en otras tantas y tantas resoluciones de la ONU que es difícil recordar su numeración, pero que a pesar de todas ellas le sigue siendo imposible ejercer.

Hoy, la ONU sigue empujando para que la legalidad internacional se abra paso. Hace pocos días, el enviado especial de su Secretario General, Christopher Ross, ha visitado la región y, por primera vez, los territorios ocupados de la misma para buscar fórmulas que permitan al pueblo saharaui pronunciarse por la única vía que la legalidad contempla: las urnas de un referéndum que lleva durmiendo demasiado tiempo el sueño de los justos.

Un paso en ese sentido sería ampliar el mandato de la MINURSO al capítulo de los derechos humanos. Otro más, que la UE fuera capaz de comprender de una vez por todas que el tiempo no todo lo cura y que en los campamentos y en las ciudades ocupadas seguirá viviendo el pueblo saharaui, porque a los pueblos no los borra el mirar para otro lado como si no existieran. Y, finalmente, un tercero que en realidad es el previo, el del medio y el último: que España asuma de una vez su responsabilidad histórica como potencia administradora que sigue siendo mientras haya derecho, anales en la sede de la ONU y memoria en las víctimas.

Pocos meses después de aquel viaje dejé de ser eurodiputado. Pero estoy convencido de que el esfuerzo hecho entonces por aquella Delegación, una minucia comparada con la valentía de quienes defienden sus derechos sobre el terreno, sirvió para que los saharauis sintieran manos amigas. Españolas y europeas.