El juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio en las protestas contra el equipo Israel en La Vuelta
Así como por posibles delitos contra la seguridad vial, lesiones y desórdenes públicos, tras una denuncia de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado abrir diligencias en torno a las protestas propalestinas y contra el equipo Israel Premier Tech en La Vuelta a España, por un posible delito de odio, entre otros.
La medida del magistrado responde a la denuncia presentada por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) por presuntos delitos de odio, contra la seguridad vial, lesiones y desórdenes públicos contra los promotores del boicot al equipo ciclista israelí.
A lo largo de las 17 etapas de La Vuelta se han vivido numerosas protestas, que han llegado a obligar a la organización a neutralizar las llegadas o improvisar metas kilómetros antes de lo previsto. La última masiva, este martes, cuando una masa de manifestantes cerca de la meta en Castro de Herville obligó a adelantar la llegada a 8 kilómetros del punto inicialmente previsto. Anteriormente, la etapa con meta en Bilbao quedó neutralizada tras numerosos incidentes.
Según ha avanzado El Periódico y añade Europa Press, el juez Pedraz ha preguntado a la Fiscalía su postura sobre si admitir o no a trámite la denuncia, que se dirige contra organizaciones y partidos políticos que "han promovido activamente la exclusión" del pelotón israelí de la competición.
La denuncia original de la asociación recoge que "estas agresiones constituyen un acto sistemático de discriminación por razón de nacionalidad", el cual "vulnera frontalmente los principios de igualdad, neutralidad y seguridad que deben regir el deporte profesional". Por ello apuntaba que "convertir las carreteras españolas en escenarios de acoso y linchamiento antisemita es inadmisible y tendrá consecuencias legales".
La denuncia de ACOM se dirige tanto contra los autores materiales como "contra los instigadores y amparadores institucionales". Entre ellos se señalan explícitamente a la red RESCOP/BDS y a dirigentes y formaciones políticas como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, "que han promovido activamente la exclusión del equipo israelí". Igualmente, a quienes ostentan responsabilidades en la organización de la carrera, incluido su director técnico, Kiko García y adelantaba su intención de plantear medidas contra los ministros José Manuel Albares y Sira Rego.
Mientras sigue adelante La Vuelta con numerosas dudas, la misma entidad denunciante reclama a la Audiencia Nacional la cancelación inmediata de la carrera como medida cautelar urgente, ante "el riesgo cierto e inminente para la vida e integridad de los deportistas y del público". La organización, encabezada por la empresa Unipublic, insiste en su voluntad de culminar la prueba el domingo en Madrid, cita para la que se ha preparado un operativo especial.
Al respecto, los ciclistas han decidido, este mismo miércoles, seguir adelante de momento, aunque avanzan que pararán la carrera ciclista si se vuelven a vivir situaciones de tensión, como la que provocó la caída y posterior abandono de Javier Romo, sorprendido por un manifestante que salió de una cuneta.