Un año y lo que queda. La operación pública de adquisición (OPA) lanzada por el BBVA sobre el Sabadell está lejos de llegar a su final. Este martes, y tras varios movimientos que evidenciaban su rechazo, el Gobierno se ha decidido a tratar el asunto en Consejo de Ministros. Lo ha hecho tras la decisión anunciada por el titular de Economía, Carlos Cuerpo, una posición que ha tenido rápida respuesta de Bruselas. En la UE no ven "ninguna razón" para que el Ejecutivo llegue a bloquear la OPA. 

“Las autoridades competentes han dado su opinión sobre la transacción. El Banco Central Europeo la ha aprobado. La autoridad española de Competencia —la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC— la ha aprobado, sujeta a una serie de medidas de mitigación para garantizar [...] Sobre esta base, no conocemos ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo de la operación. Nuestra expectativa sería, por tanto, que el Gobierno español se alineara con las decisiones de las autoridades competentes", apuntaban a última hora de este martes fuentes de la Comisión Europea citadas por EFE.

La respuesta de Bruselas ha sido contundente luego de que Carlos Cuerpo confirmase que elevaba la cuestión al Consejo de Ministros alegando razones de "interés general" que iban más allá de la mera competencia. Según el responsable de Economía, no ha sido una decisión suya, sino consensuada con los otros ministerios con naturaleza económica, a los que seguirá reclamando informes específicos para tratarlo de forma conjunta en La Moncloa. 

Desde Bruselas, la UE ya ha apuntado que la Comisión está estudiando la compatibilidad de las medidas del Gobierno español con el Derecho de la UE, llegando a advertir de que  "no dudará en hacer uso de sus poderes como guardiana de los Tratados" comunitarios.

Por ello, el organismo encabezado por Ursula von der Leyen "espera que haya coherencia entre el apoyo oficial de los Estados miembros para seguir avanzando en la Unión Bancaria y la Unión del Ahorro y la Inversión y sus políticas nacionales de consolidación bancaria".

En primera persona, el portavoz comunitario de Servicios Financieros, Olof Gill, no ha querido mencionar el caso específico del BBVA y el Sabadell, pero sí ha dejado claro que las operaciones de consolidación bancaria se evalúan desde dos ángulos. Desde la perspectiva prudencial —por el BCE y/o el supervisor bancario nacional— y de la competencia —por la Comisión Europea o las autoridades nacionales de competencia, en función de los importes en juego—.

"Si se da luz verde en ambos frentes, entonces —en el mercado único y aún más en la Unión Bancaria— no hay base para detener una operación de acuerdo a una decisión discrecional del gobierno de un Estado miembro", ha añadido.

Para el responsable comunitario, la consolidación del sector bancario mediante fusiones nacionales y transfronterizas puede contribuir a mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los bancos, "beneficiando así a los consumidores europeos y a la economía en su conjunto".

"En la UE tenemos un sector bancario fuerte y diversificado, pero nuestros bancos no han crecido lo suficiente como para ser competitivos en la escena internacional". Por ello, ha insistido en la necesidad de "bancos fuertes" en la eurozona, con unos procesos de consolidación que "puedan llevarse a cabo sin que se impongan obstáculos indebidos o inadecuados. Esto refleja las libertades fundamentales del Tratado, la de establecimiento y la de libre circulación de capitales”, aseveraba Gill.

Con su decisión, el Gobierno de Pedro Sánchez se da el plazo de un mes, hasta el 27 de junio, para deliberar e imponer nuevas condiciones a la operación, que ya contaba con la autorización de Competencia desde abril. 

Desde el Senado, Cuerpo matizaba que "no se trata de endurecer o de ablandar las condiciones, sino simplemente de considerar si hay razones de interés general distintas de las de competencia"

La Comisión Europea había solicitado más información a España sobre esta opa en el marco del procedimiento que aplica cuando considera necesario mantener un debate informal de manera más estructurada con los Estados miembros sobre posibles cuestiones relativas al cumplimiento de la legislación de la UE. La Comisión recibió la respuesta de España el pasado 11 de octubre y la está evaluando desde entonces.

En este tiempo, el Ejecutivo español ha mostrado su rechazo, llegando a lanzar una consulta pública, abierta y no vinculante a la población para recoger el sentir de la sociedad sobre un movimiento que ya supera el año de proceso... Y va para largo.