POLÍTICA
23/12/2020 17:33 CET | Actualizado 23/12/2020 18:36 CET

El Senado aprueba la ley Celaá con mayoría absoluta

La Cámara Alta respalda la reforma educativa del Gobierno de coalición, que se convierte en la octava ley educativa de la democracia.

Europa Press News via Getty Images
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.

La octava ley educativa de la democracia ya es una realidad. El Senado ha aprobado este miércoles con mayoría absoluta el proyecto de ley de reforma educativa del Gobierno de coalición: la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), conocida popularmente como ley Celaá. El texto ha salido adelante con 142 votos a favor, 112 en contra y 9 abstenciones.

La reforma educativa elaborada por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, dará carpetazo a la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), conocida como ley Wert. Esta fue impulsada a su vez por José Ignacio Wert, ministro de Educación en el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

La ley Wert fue aprobada en noviembre de 2013 con el único apoyo de los diputados del PP. Una norma que no gustó a nadie. Alumnos, padres y profesores se unieron en una masiva huelga en su contra. Incluso el PP empezó a desmontarla en 2016 cuando el propio Gobierno conservador dejó sin efecto académico las reválidas.

La ministra ha recordado el compromiso adquirido por 10 grupos parlamentarios en 2013 durante el primer mandato de Rajoy para derogar la Ley Wert. “Hoy hemos dado la bienvenida a la LOMLOE y estoy significa abrir una vía de oportunidades donde la LOMCE ponía una barrera de obstáculos”, ha asegurado Celaá tras la aprobación de la ley. 

Una tramitación muy rápida

Al igual que ha ocurrido en ocasiones anteriores, la nueva ley educativa ha nacido envuelta en polémica. PP, Vox y Cs se han opuesto a la reforma uniéndose a la plataforma Más Plurales, que agrupa a asociaciones de familias y patronales de colegios concertados y privados. 

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto el 4 de marzo, apenas unos días antes de que se decretara el estado de alarma por la pandemia. El texto de la ley salió del Congreso el pasado 19 de noviembre con el voto a favor de 177 diputados, un escaño por encima de la mayoría absoluta.

El Senado ha tramitado la reforma en apenas un mes. El PSOE no ha aceptado ninguna enmienda de las 650 presentadas por la oposición, lo que ha sido criticado incluso por algunos socios del Gobierno. “No nos gusta el papel que se le concede a esta Cámara porque no se debaten las enmiendas. Han hurtado al Senado la capacidad para debatir leyes”, ha asegurado Eduardo Fernández Rubiño, senador de Más Madrid.

Tras la aprobación por parte del Senado, el texto no tiene que regresar al Congreso al no haberse incluido ninguna modificación. Se publicará directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.

Ante las amenazas de algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP de rebelarse contra esta ley, la ministra se ha manifestado tajante sobre el cumplimiento de la legalidad. “Estamos en un estado de derecho y en un estado de derecho, las leyes han de cumplirse”, ha afirmado Celaá.

Apuesta por la educación pública

La reforma apuesta claramente por la educación pública. La ley prohíbe que los centros educativos que segreguen a los alumnos por sexo reciban dinero público. Además, prohíbe ceder suelo público para la construcción de los colegios concertados. “La concertada sabe bien que esta ley no ataca a la concertada”, ha señalado.

La norma también blinda el sistema de inmersión lingüística, existente en Cataluña. El texto propone eliminar la referencia a que el castellano es una lengua vehicular en las aulas, que se introdujo con la ley Wert. 

Los centros de educación especial no desparecerán tras la aprobación de la ley como ha denunciado la derecha. La norma establece un plazo de 10 años para que los colegios ordinarios se adapten para incorporar a alumnos con discapacidad y así las familias puedan escoger, en una apuesta por la educación inclusiva. “Los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”, señala la ley.

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