Frente común en Europa para evitar la deriva de la pesca de fondo tras el veto de Bruselas

-Estrasburgo. No solo en el mar se enrola uno en campañas largas. También en Bruselas las decisiones que afectan al sector pesquero pueden suponer una larga travesía. La que ha puesto en jaque al sector pesquero de España, Francia, Irlanda y Portugal desde el pasado mes es una de ellas. Este domingo ha entrado en vigor el veto de la Comisión Europea a la pesca de fondo en 46 caladeros del océano Atlántico, una medida que llevaba gestándose cerca de seis años atrás y que ha caído como un jarro de agua fría en la flota.

La prohibición llega marcada por el último giro de la Comisión del jueves que excluyó del veto a 41 de las 87 zonas afectadas inicialmente. Una cuestión que minimiza el impacto sobre todo para los arrastreros, pero que no ha servido para calmar las aguas entre los profesionales, ni escorar un milímetro el frente común que navega en Europa para defender el modo de vida de centenares de familias españolas. Tampoco para dar un solo paso atrás en la presentación, por parte del Gobierno, de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Cuatro eurodiputados analizan para El HuffPost las claves de cómo se ha llevado a cabo una medida fuertemente discutida por los datos de los informes en los que se sustenta (e incluso la falta de información) y que golpea a un sector ya castigado por el alza de los combustibles, añadiendo un componente de incertidumbre a esta tormenta perfecta.

El fondo del veto a la pesca de fondo

Para comprender la dimensión de la amenaza que se materializará este lunes en puertos españoles, es necesario repasar los últimos movimientos en Europa y en casa, así como de qué hablamos cuando hablamos de pesca de fondo. La normativa que ha aprobado Bruselas y parte del departamento del comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, el lituano Virginijus Sinkevicius, afecta en mayor medida a los arrastreros y restringe su actividad a partir de los 400 metros en 41 áreas frente a las 46 en las que se mantiene hasta los 800 metros.

Si buena parte del arrastre español se ha salvado con dicha suavización del veto, la aplicación del reglamento continúa siendo compleja y su incidencia difícil de calcular por su efecto en empleos indirectos y en la cadena de valor. El propio ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, explicaba el viernes en declaraciones a ‘La Hora’ de TVE que “hay 87 polígonos identificados en los anejos del reglamento de la Comisión Europea, de esos 87, en 76 hay presencia de la flota pesquera española de diferentes artes y, evidentemente, en diferentes condiciones”. Tras la reducción de la Comisión, son 35 los caladeros en los que faena España y que se verán afectados.

Esas diferentes condiciones a las que aludía Planas se ejemplifican en las distintas artes pesqueras que se ven afectadas. La prohibición no solo afecta a métodos móviles como el arrastre -consistente en desplegar una red que va ‘arrastrando’ para capturar los peces-, también a sistemas fijos menos agresivos con el lecho marino como el palangre -despliegue de una línea de anzuelos-. El ministro también se refirió a las artes de enmalle como el rasco -empleada para el rape- o la volanta -merluza-.

También en TVE, distintas asociaciones de armadores comunicaban que en el golfo de Cádiz hay cerca de 120 pesqueros afectados y que la captura de la cigala es la gran perjudicada, mientras que en Galicia la amenaza continúa cerniéndose sobre el palangre de fondo, con 80 embarcaciones y gran incidencia en la flota de los puertos de Celeiro y Burela (Lugo). Estos últimos son los grandes suministradores de la merluza de pincho, capturada de forma individual con anzuelo, la considerada de mejor calidad y, por tanto, la más cotizada.

Tras este telón de fondo, Planas confirmó que, en virtud del derecho europeo, no se puede solicitar la suspensión del veto hasta que se presente el recurso en Luxemburgo y que “esto va para largo”. “Vamos a ir al Tribunal de Justicia [de la UE] con una buena demanda para intentar conseguir un resultado efectivo de anulación y, paralelamente, estamos en conversaciones permanentes con la Comisión Europea para tratar de limitar y de matizar todo lo posible para el sector pesquero, evidentemente, protegiendo su interés”, apuntó sobre una estrategia de doble vía, judicial y política.

Precisamente, el ministro dejó una frase tan significativa como ilustrativa de la unión política que se ha creado para que el nuevo reglamento no encalle contra el sector español: “Tiene que quedar claro que estamos unidos en la defensa de nuestros pescadores. Tenemos que defender que nuestros mares y océanos sean sanos y puedan ser protegidos, pero tenemos que buscar un equilibrio entre esa protección y la protección de nuestra flota”.

Incertidumbre ante los datos científicos

Los cuatro eurodiputados consultados por El HuffPost, miembros de la Comisión de Pesca, coinciden en múltiples puntos a la hora de criticar la decisión de Bruselas, pero todos ellos comienzan su análisis con un factor clave: el tiempo que ha pasado desde que se comenzó a preparar la norma que decanta el veto y los datos en los que se sustenta. Con un importante matiz, nadie está en contra de asegurar la sostenibilidad del recurso y del ecosistema marino, pero debe conjugarse con información rigurosa y actualizada.

“Hasta seis años después no hemos visto la medida, no sabíamos a qué nos ateníamos”, resume la eurodiputada del PSOE Clara Aguilera (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), de un veto cuyo aval es el reglamento de aguas profundas elaborado en 2016, eso sí, con datos cuyo corte se remonta a 2011. “Si tenemos datos dados por los Estados miembro, incluida España, hasta 2020, coge los últimos”, esgrime la socialista, puesto que “de 2011 a 2020, las cosas pueden haber ido a mejor o a peor”.

“Lo que no podemos es de un día para otro, gente que se la ha jugado, que tiene un barco que cuesta un montón dinero, decirle que lo dejamos sin que salga a faenar y sin alternativas. Eso no puede ser porque no se hace con ningún sector”, señala la socialista, contraponiendo lo que ocurre con, por ejemplo, el proceso de descarbonización en la industria.

La cronología de los datos en los que se ha basado la Comisión para articular el veto tiene otro importante factor añadido. Todos los ojos están puestos en noviembre, cuando se presentará un nuevo documento con la información actualizada. Es decir, apenas un mes después de que se consume la prohibición.

“Todo parece indicar, y el comisario lo reveló así, que en noviembre se espera un nuevo informe del ICES [siglas en inglés del CIEM, Consejo Internacional para la Exploración del Mar], entonces, si ha esperado seis años, ¿por qué le han venido las prisas en julio? ¿Por qué no espera unos meses más?”, detalla el eurodiputado del Partido Popular Francisco José Millán Mon (Partido Popular Europeo), quien junto a su compañero Gabriel Mato representan la punta de lanza del PP en defensa de la pesca española en Europa.

Desde el PPE enviaron una carta conjunta (España, Irlanda, Portugal y Francia) al comisario reclamando la suspensión urgente de la aplicación de la prohibición. Los populares también solicitaron la comparecencia de Sinkevicius en el pleno anterior a la entrada en vigor del veto y lograron que la Eurocámara aprobase una enmienda para revisar la decisión sobre los caladeros, un contundente mensaje político.

“La Comisión, desde sus despachos fríos y secos, manda a la flota a casa”, ironiza la eurodiputada Ana Miranda del Bloque Nacionalista Galego (BNG, integrado en la Alianza Libre Europea-Los Verdes), sobre la situación de incertidumbre con la que arranca esta semana la actividad en los puertos.

“Es la crónica de una muerte anunciada porque esta decisión se viene manejando desde 2013”, apunta Miranda rememorando que el anterior grupo en el que estaba integrada su formación, Europa de los pueblos, se opuso al reglamento de 2016 por el calendario que acompañaba a los datos científicos.

“Después de seis años y un informe desfasado, la Comisión Europea ha dictado una orden de ejecución en el que no ha utilizado los mejores informes científicos, es más, la comunidad científica incluso duda de esta decisión”, analiza la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao (Renew Europe), quien lleva 13 años en la Comisión de Pesca y sabe muy bien lo que significa la profesión a la que se dedicó su familia y “las dificultades” y “esfuerzos” que ha hecho el sector en aras de avanzar hacia mayor sostenibilidad.

Demanda de mayor información sobre otras artes afectadas

El popular Millán Mon también pone el foco en que “el propio informe reconoce que tiene pocos datos de la actividad pesquera y de las zonas marítimas pesqueras en lo que llaman las aguas de la Península Ibérica y del golfo de Vizcaya, en cambio dice que tiene buenos datos del mar Céltico”.

Además, el eurodiputado del PP destaca que haya pocos datos sobre el impacto de las artes fijas, como el palangre o las nasas, pero se incluyan igualmente en la prohibición. “La Comisión sí que arrastra, tira para delante”, lamenta, opinando que “aquí se ha trabajado con brocha gorda, no con pincel fino”.

“Según dicen los científicos, el director del IEO (Instituto Español de Oceanografía), cuando se ha estudiado la huella que dejan estas artes de fondo, se tiene muy estudiado el arrastre, pero no otras”, incide Clara Aguilera añadiendo que “llevar todos en el mismo saco también es dudoso”. “Se está demonizando la pesca de arrastre, pero esto afecta a otras artes”, se pronuncia en la misma línea Izaskun Bilbao.

A la espera del análisis del impacto socioeconómico

En este sentido, la clave de la oposición al veto de la Comisión es la ausencia de un estudio de impacto socioeconómico más allá de los trabajos científicos. Es decir, un informe que determine cómo afectará a los trabajadores y al tejido empresarial y que, según apuntan los eurodiputados, todavía se está realizando.

“Hay una cosa que obliga la PPC [Política Pesquera Común], hacer un análisis del impacto que esto va a significar”, destaca Izaskun Bilbao, indicando que “después de esta decisión, no hay ningún análisis que diga ‘esto va a tener un impacto social en tantos sitios o va a tener un impacto económico de tanto...’”.  “El sector pesquero no fue consultado debidamente para el estudio de impacto socioeconómico”, sentencia también la eurodiputada del BNG, Ana Miranda,  aludiendo a que “tendría que haber medidas preparatorias y compensatorias”.

Otra de las claves de cómo se han delimitado los caladeros en los que se instaura el veto la aporta el popular Millán Mon. “Los cuadros que utilizan son distintos de los cuadros o la cartografía que tienen los pescadores”, resume de uno de los componentes que generó mayor incertidumbre a la hora de identificar con exactitud las zonas de pesca afectadas y que quedó evidenciada con el giro de última hora al reducirlas de 87 a 46. Precisamente, porque en esas cuadrículas no todas contaban con profundidades de entre 400 y 800 metros.

A falta de conocer el perjuicio económico que puede ocasionar el veto, la gran pregunta de este lunes puede resumirse en ¿qué ocurre ahora con las embarcaciones que no podrán faenar en alguna de esas 35 zonas? La solución no está clara, pero todo apunta a que deberán desplazarse a caladeros donde ya pescan otras embarcaciones.

Lo que sí está claro es que este escenario obligará a realizar cambios en los volúmenes de pescado que se extraen y cuotas. Tal y como explica la socialista Clara Aguilera, se trata de una cuestión en la que el Gobierno de España ya trabajaba, estudiando posibles reubicaciones. No obstante, todavía es pronto para conocer el efecto de dicha reorganización.

“Estos buques van a tener que ir a otras zonas donde hay otros buques con otro tipo de pesquerías, entonces ¿cómo va a ser la convivencia entre estos?”, se pregunta la eurodiputada del PNV.

Sostenibilidad en casa, importando pescado fuera

“Hay un interés comercial en excluir a la flota gallega porque se está importando pescado de fuera -el 70% de los productos marinos, concretamente-. Si Alemania tuviese flota pesquera esto no pasaría, se consideraría un sector industrial potente”, valora Ana Miranda, indicando que de nada sirvió solicitar una reunión al comisario hace ya más de dos semanas, sin recibir respuesta. Como ya hizo en el pasado en defensa de la pesca artesanal del xeito -en Galicia fue sonada su intervención en la que junto a pescadores desplegaron una red de este sistema de captura selectiva en la Eurocámara-, la política gallega ha invitado a representantes de la flota a acudir a Bruselas.

″[En el PPE] tenemos esa visión equilibrada de la pesca, una visión en la que sabemos que el recurso es importante y que hay que tratarlo bien, respetar las zonas vulnerables, pero al mismo tiempo tener una visión de la dimensión económica y social”, defiende el eurodiputado popular, destacando que en un contexto en el que la UE busca su independencia en planos estratégicos como el energético, qué pasa en cambio con “la autonomía alimentaria”.

“Tenemos que cuidar que esto tenga un equilibrio medioambiental, económico y social”, indica Izaskun Bilbao añadiendo que “mientras tanto ¿qué nos está ocurriendo? Cada vez importamos más pescado del exterior porque somos grandes consumidores”.

Unidos en Europa para defender al sector

Con estas cartas, ahora a España le toca seguir dando la batalla a través del recurso en el TJUE y de la presión política. En ambos casos, está garantizado el esfuerzo común de los partidos, a pesar de críticas entre unos y otros. “Hay un frente común de todos los grupos españoles”, reconoce Clara Aguilera, esgrimiendo que “desde el minuto uno, el Gobierno de España ha dicho que está con el sector, que estaba estudiando el recurso, que no se habían hecho bien las cosas, que los datos no se han tenido en cuenta”.

“El recurso se tenía que haber previsto antes, ahora puede tardar hasta dos años”, lamenta Miranda, quien coincide en la importancia del frente común, pero se muestra crítica con el papel de los dos grandes partidos españoles: “Aquí lo que hubo fueron cinco años parados. Los gobiernos sucesivos de PP y PSOE no hicieron nada y ahora le toca la patata caliente al Gobierno progresista. Le toca lo peor, las escamas del pescado”.

Por su parte, Millán Mon reitera que la posición será de apoyo, puesto que “no queremos hacer fisuras”, pero se pregunta ”¿cómo hemos llegado hasta aquí?”. El popular se refiere a que desconoce “si el Gobierno en estos años ha dado los datos que esperaba [la Comisión], dado que el informe del CIEM es del 2021” y señalando que el comisario de Pesca manifestó que los datos aportados por España no se pueden aplicar retroactivamente.

Y es que, a pesar de toda la incertidumbre, lo que ha quedado claro es que la política ha entendido a la perfección que en este caso no se cumple ese viejo refrán de que ‘a río revuelto, ganancia de pescadores’.