Mónica Oltra rechaza dimitir tras ser imputada por supuesto encubrimiento de abusos sexuales

Mónica Oltra rechaza dimitir tras ser imputada por supuesto encubrimiento de abusos sexuales

Dice que el auto indica que "no hay una prueba directa" de los delitos que se le imputan.

Mónica Oltra, vicepresidenta del Govern valenciano, ha rechazado dimitir tras ser imputada por supuesto encubrimiento de abusos sexuales por parte de su exmarido a una menor tutelada.

Así lo ha asegurado en una comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno valenciano en la que ha defendido que el auto de imputación indica que “no hay prueba directa” del supuesto delito. “Esa es la frase del auto”.

Preguntada por si rechaza dimitir aunque el proceso judicial prosiga y se mantenga imputada, Oltra se ha limitado a decir que “ningún proceso judicial cambia la realidad”.

La dirigente valenciana ha rechazado que se pueda comparar su imputación con la de otros políticos valencianos imputados en el pasado, como Francisco Camps, expresidente valenciano del PP.

“Siempre he desvinculado las imputaciones de las líneas éticas. Cualquier comparación con el comportamiento corrupto del PP es odiosa”, ha asegurado.

Es una cacería política de la extrema derecha
Mónica Oltra, vicepresidenta valenciana, sobre su imputación.

“He actuado con total transparencia y lealtad parlamentaria”, ha proseguido Oltra, que ha explicado que el presidente valenciano, Ximo Puig, no ha hablado con ella de este tema.

La vicepresidenta valenciana ha asegurado que todo este caso se trata de “una cacería política de la extrema derecha”, ya que la denuncia está interpuesta por dos conocidos ultraderechistas.

De hecho, como ha recordado la propia Oltra, uno de ellos ha llegado a tuitear “me la voy a follar sin tocarle un pelo” en referencia a la vicepresidenta valenciana, que ha mostrado los mensajes.

Se refiere a este mensaje de José Luis Roberto Navarro, líder del partido ultraderechista España 2000 y exrepresentante de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, que ejerce la acusación como abogado de la víctima:

“No podemos permitir que esta gente gane, es una cuestión política. Si me lo hacen a mí se lo pueden hacer a cualquiera”, ha agregado.

En sus explicaciones, Oltra se ha preguntado si los 13 funcionarios que han negado ante el juez que se intentara ocultar el caso “están mintiendo” para salvarla a ella.

“Yo a muchas de estas personas no las conozco, no sé qué piensan, si les caigo bien o mal. Sí que sé que la verdad es la verdad”, ha agregado.

Lo que dice el auto de imputación

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) imputó esta semana a Oltra por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada y la citó a declarar el próximo 6 de julio.

En este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV.

Tras la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos. Posteriormente, se imputó a cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. Un total de 13 investigados.

La Sala, tras estudiar el caso, se declaró competente para instruirlo al apreciar “una serie de indicios plurales” que “hacen sospechar la posible existencia de un concierto” entre la aforada y diversos funcionarios para “proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada”, según consta en un auto notificado hoy a las partes.

El TSJCV entiende por tanto que resulta procedente incoar diligencias previas, de las que será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, “con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario”.

La Sala asume la causa en su integridad, es decir, también en lo relativo a los otros 13 investigados, entre los que figuran altos cargos de la Conselleria y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos, al considerar que existe en este momento en todos ellos “una conexidad inescindible”.

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Jefe de Política de El HuffPost