Por una Ley Integral Contra la Violencia a la Infancia en España
España necesita con urgencia una Ley Integral Contra la Violencia a la Infancia. Sin ánimo de ser alarmista, España presenta un serio problema de normalización de la violencia ejercida por adultos contra la población infantojuvenil. 16 niños y adolescentes murieron por infanticidio en 2017. En estos escasos tres meses de 2018, se ha llegado casi a la mitad de esa cifra.
Según el último informe de la Fundación ANAR, en 2016 se produjeron 5.930 casos de agresiones contra menores de las cuales el 67,8 por ciento fueron cometidas por los padres o madres biológicos o la nueva pareja de estos. También nos señala que la Violencia contra la Infancia es un problema complejo, arraigado fuertemente en modelos de familia aparentemente no violentos, y es que, en 2016, el 76,8% de las víctimas no sufre violencia de género en el hogar. También señala dicho informe que no existe una gran diferencia entre padres agresores y madres agresoras: el género aquí no es, a priori, garantía de crianza no violenta.
El debate se nos presenta así más complejo, y necesita que la sociedad salga de los esquemas tradicionales de crianza para entender que los niños tienen derechos y dignidad, que un niño no tiene por qué ser castigado físicamente, ni gritado, ni insultado ni vejado. Y sí, un cachete o una torta es violencia. ¿O acaso es tolerable que si dos adultos discrepan, acaben a tortas? Si un adulto abofetea a otro, diríamos, sin conocer el motivo y a priori, que es un acto violento. ¿Por qué no es así con los niños? ¿Qué sociedad es esta que defiende que los menores tienen menos derechos que los adultos?
Para entender la dimensión de la violencia ejercida contra la infancia, tenemos que poner a los niños y niñas en el centro del debate. No como algo accesorio; no debemos legislar sólo para los menores, sino más bien para y con los menores. La creencia de que la población infantojuvenil no merece ser escuchada está en la base de esta cultura violenta: es más fácil violentar a alguien que no puede alzar la voz; es más fácil agredir a aquel que sabes que nadie escuchará.
España, con la aprobación de la Ley 26/2015, hace de la lucha contra la violencia a la infancia, teóricamente, un hecho transversal. Aunque esta Ley está lejos de ser una ley Integral contra la violencia a la infancia, insta directamente a los poderes públicos a proteger a los niños y adolescentes contra toda forma de violencia, incluido, además de los castigos físicos, el maltrato psicológico.
Por otra parte, según datos del Ministerio del Interior a diciembre de 2015, hay en España 3341 Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) acogidos por las distintas Comunidades Autónomas, a los que, el Gobierno de España no ofrece los recursos ni las garantías a las que esta ley precisamente obligaría. Además, la existencia de otras cuestiones, no menos importantes, como el acoso, el ciberacoso o la violencia verbal, sumadas a las formas más extremas de violencia, a la luz de los datos ofrecidos, hace que en España sea urgente la creación de una Ley Integral Contra la Violencia a la Infancia, que saque del ámbito doméstico y privado la violencia contra los menores, situando así en el centro del debate público esta problema, que en España, va camino de presentar proporciones epidémicas.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresa en su último informe "estar seriamente preocupado por el hecho de que las inversiones en la infancia realizadas por España no hayan alcanzado un nivel suficiente para compensar el impacto negativo de la grave crisis económica y social que comenzó en 2008 y que ha producido un aumento de la pobreza y la desigualdad social". Me sumo a dicha preocupación.
El Gobierno de España no puede mirar hacia otra parte ante el serio problema de la desigualdad, en especial, en la población infantojuvenil. La ley 26/2015, aunque insuficiente, insta a las autoridades públicas a actuar de un modo taxativo; en cambio, el Gobierno de España, está empeñado en promulgar leyes que luego deja, interesadamente, vacías de contenido y de presupuesto. Es preocupante que el Gobierno de un país europeo haga política también con cuestiones como las que aquí nos ocupan, alarmante, por otra parte, que el poder legislativo quede reducido a mera telegenia, propaganda y fraude mientras la población queda así doblemente desprotegida ante aprobaciones de leyes que luego quedan desactivadas.
Me asusta que se haga campaña política con el dolor de las víctimas, me aterra que haya un Gobierno democrático que utilice cadáveres como instrumento de propaganda política mientras deja sin efecto real una ley que insta a los poderes públicos a la protección ante toda forma de violencia contra la infancia, incluido el maltrato físico o psicológico, los castigos físicos humillantes y denigrantes.
Es hora de una Ley Integral Contra la Violencia a la Infancia. Es ahora cuando debemos ponernos a trabajar. Es en este instante cuando la sociedad debe sacar del ámbito privado la violencia ejercida contra los menores. Es en este momento cuando debemos mirar a la infancia de igual a igual. Ya es hora de que dejemos de tratar a los niños y niñas como seres humanos de segunda, con menos derechos que los adultos. Ya basta de cachetes, gritos, amenazas, chantajes. Ya basta de seguir tolerando esta cultura de la violencia en la que estamos inmersos. Los niños son dueños de los mismos Derechos Humanos y Fundamentales que los adultos. Ya es hora de que actuemos en consecuencia.
