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08/07/2021 07:06 CEST | Actualizado 08/07/2021 07:06 CEST

Presidencias UE: de Portugal a España, pasando por Eslovenia

El segundo semestre de 2023 será una ocasión para mostrar la fibra europeísta de España.

EFE
Parlamento Europeo.

La pandemia de la Covid ha puesto de manifiesto, como nunca antes, la interdependencia de los Estados que integran la comunidad internacional en el abordaje y manejo de los desafíos que acechan en la globalización. La emergente Unión Europea de la Salud (European Health Union) es un ejemplo elocuente de la imperiosa urgencia de articular -repentizar, si es necesario- un escalón europeo de aseguramiento y amejoramiento de los derechos a la vida, a la seguridad y a la salud de la ciudadanía europea en todos los planos afectados por el brutal impacto del virus en lo individual y en lo colectivo, en lo cotidiano y en lo institucional, y la necesidad de reforzar la escala paneuropea de las respuestas 

La estrategia reclamada desde el Parlamento Europeo (PE) para restaurar Schengen y la libre circulación (derecho fundamental proclamado en la Carta/CDFUE, art. 45), es asimismo expresiva de la fuerza normativa de la necesidad que aspira a trocarse en virtud. La histórica decisión de emitir deuda federal con la que financiar el EU Next Generation/Fondo de Recuperación, vital para reparar los destrozos infligidos por abrupto derrumbe de la actividad y el empleo, es otro ejemplo remarcable. La dimensión europea de las emergencias de Seguridad Pública y Salud Pública requieren, también como nunca, hacerse acompañar de instrumentos para hacer efectiva la solidaridad y responsabilidad compartida. Pero también de un liderazgo, un motor eficiente, con una mochila cargada de europeísmo a toda prueba, con un espíritu europeo contrastado en todas las estaciones. 

Es el caso de nuestro vecino fraternal, Portugal, Estado miembro (EM) cuya adhesión a la integración europea (entonces las CC.EE.), hace ya 35 años, tuvo lugar el mismo día que la de España, compartiendo ambos un podio de vocación europeísta entre nuestra ciudadanía y nuestros sucesivos Gobiernos. Acaba de concluir la Presidencia portuguesa rotatoria de la UE con elogios generalizados. Su rendimiento es imponente, con reconocimiento al impulso de su Primer Ministro, el socialista António Costa. Su balance de seis meses incluye el relanzamiento en Oporto de la Agenda Social Europea (retomada en Gotemburgo por el socialdemócrata sueco Stephan Lovfen); la Child Guarantee promovida por la Comisión Europea (Comisario N. Schmitt de Empleo y Asuntos Sociales) para combatir la pobreza infantil; el desbloqueo y aprobación de la revisión de la Blue Card (un instrumento al servicio de la migración regular de trabajadores a la UE);  la aprobación de la Directiva contra el Child Abuse Online, una amenaza execrable a la integridad de los menores que requiere el compromiso de los proveedores de servicios en la red: y la adopción en tiempo récord, por el procedimiento de urgencia, del Reglamento (Ley europea) EU Digital Covid Cerfificate para restablecer la libre circulación en el Espacio Schengen, relanzando la confianza mutua entre los EEMM y la confianza en la ciudadanía para volver a ejercer ese derecho fundamental que es, reconozcámoslo, el que más apreciamos y más hemos echado de menos durante esta larga lucha contra la crisis de la Covid que ha impuesto tantas restricciones (desconocidas hasta ahora) a la circulación de personas.

En acusado contraste con el europeísmo del liderazgo portugués, de acuerdo con la dinámica de presidencias rotatorias semestrales, arranca desde el 1 de julio la Presidencia de Eslovenia, con su Primer Ministro (PM) Janez Jansa alineado con el ultraconservador y ultranacionalista PM de Hungría Viktor Orbán y con su deriva iliberal, reaccionaria y antieuropea, admirador confeso de la delirante Ley AntiLGTBI aprobada el 23 de junio por el Parlamento húngaro. 

De lo que cabe esperar es indicio ilustrativo un episodio preocupante, pendiente de resolución: por decisión personal del PM Jansa ha sido revocado el nombramiento de los dos Fiscales Delegados Europeos seleccionados por la Fiscalía General de Eslovenia para completar la estructura de su funcionamiento,  provocando la dimisión de la ministra de Justicia y obstruyendo no sólo la puesta en marcha de la Fiscalía Europea (programada para el 22 de junio), sino su capacidad para combatir la corrupción y la investigación de delitos contra los intereses financieros de la UE.

Es cierto que luego vendrá la Presidencia rotatoria de Francia; y tras ésta la de la República Checa (ésta también aglutinada en el tristemente notorio Grupo de Visegrado liderado por Hungría y Polonia); luego seguirá la de Suecia (ojalá con un Gobierno socialdemócrata, vistas las dificultades del dimisionario Stephan Lovfen, derrotado en una reciente moción de censura no constructiva cuyos efectos se encentran pendientes de dilucidación en el Parlamento Sueco). Y luego vendrá la de España (segundo semestre de 2023), que ejercerá por cuarta vez la Presidencia de turno del Consejo de la UE. Y tenemos todos los motivos para esperar del acendrado europeísmo español un impulso tan impresionante como el portugués, singularmente en la legislación pendiente de acuerdo político con el PE.

Este es desde luego el caso del Nuevo Paquete de Migraciones & Asilo (New Pact on Asylum & Migration), que asegure de una vez solidaridad vinculante y responsabilidad compartida  en Salvamentos y Rescates (S&R), Desembarcos en Puertos Seguros, Gestión Integrada de Fronteras Exteriores de la UE, (art. 80 TFUE): Ceuta, Melilla, Canarias... son territorios europeos que, siendo fronteras españolas, lo son por tanto de la UE, a los que no les basta la solidaridad intraespañola, debiendo ser, cuanto antes, solidaridad paneuropea.

Y es el caso también del combate sin cuartel a los tráficos ilícitos de personas en las rutas migratorias con destino a su explotación laboral o sexual en territorio de la UE. El PE ha aprobado esta Legislatura una ambiciosa revisión de la Directiva Penal contra el Tráfico de Seres Humanos (THB). En uno de sus mandatos más significativos, propone tipificar penalmente en todos los EEMM el empleo y/o consumo de los servicios de las víctimas de tráfico o trata, incluyendo la persecución penal del cliente de la prostitución de mujeres traficadas, que encarnan, abrumadoramente, el rostro del execrable paisaje de la explotación sexual de mujeres en la UE. Imposible no saberlo; como impostergable es meter de una vez en la ecuación al principal motor de la esclavitud sexual de tantas mujeres víctimas de tráficos criminales, que no es otro que es el cliente que consume sin escrúpulo los servicios sexuales de su prostitución forzada.

Segundo semestre de 2023: una ocasión para mostrar la fibra europeísta de España, especialmente en la defensa de esos valores comunes y ese modelo social en los que sigue hincando pie la razón de ser de Europa.

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