Sólo sí es sí, también en la UE: el paso crucial del Europarlamento para pactar una definición común de violación

Cualquier forma de relación sexual no consentida es violación. En España, en lo legal, lo tenemos claro y hay una norma que lo recoge así desde 2022, la del "sí es sí" o, más formalmente, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Aquella pica en Flandes de Podemos, entonces socio de los socialistas en el Gobierno, supuso una revolución a la hora de abordar el consentimiento como eje fundamental de todo contacto. 

Ilusionó a feministas de toda Europa e inspiró intentos de réplica. Hasta ahora pocos se han concretado. Sin embargo, aquella batalla despertó conciencias y, con el tiempo, casos como el de la francesa Giselle Pelicot terminaron de abrir los ojos a los cegatos: la fuerza no se puede consentir, sólo la aprobación. Cuando un marido droga a una mujer para violarla y ofrecérsela a otros 50 violadores se diluyen muchas dudas. 

¿Pero de verdad hay que esperar a eso? No. Así que, con ese espíritu de nunca más, el Parlamento Europeo (PE) aprobó el martes pasado un informe no vinculante por el que reclama a la Comisión Europea (CE) una legislación que armonice a los Estados miembros con el Convenio de Estambul, el tratado internacional más importante de Europa para combatir la violencia machista y la violencia doméstica. Se busca una definición armonizada de violación y de agresión sexual, frente al mosaico de normas que hoy tienen los 27 socios de la Unión, muy diversas, muy distintas y, en su mayoría, insuficientes. 

Los legisladores hablan de un paso crucial en la defensa de las mujeres que ahora tiene que concretarse en un articulado, negro sobre blanco, de la Comisión. No será mañana, pero el camino ya se ha emprendido. 

Qué se ha votado y cómo se ha votado

El pleno de la Eurocámara reclamó que se tipifique de la misma forma el delito de violación en toda la UE, sobre la base del consentimiento explícito y no por el uso de la fuerza. El texto de la resolución, que salió adelante por 447 votos a favor, 160 en contra y 43 abstenciones, pide al Ejecutivo que comanda Ursula von der Leyen "que proponga sin retraso legislación que establezca una definición de violación a escala de la Unión basada en el requisito del consentimiento libre, informado y revocable".

Las diferencias legales entre Estados miembros de la UE "dan lugar a marcadas disparidades en la protección de las personas supervivientes en toda la UE y socavan el acceso a la justicia y el enjuiciamiento efectivo de la violencia sexual", se lee. 

El informe incide en que, a la hora de definir el consentimiento, "sólo es válida una indicación clara, afirmativa, libre e inequívoca", lo cual excluye "el silencio, la falta de resistencia verbal o física, la ausencia de un 'no' (...), el consentimiento previo, la conducta sexual pasada o una relación pasada o presente con el agresor".

El texto, negociado por una docena de eurodiputadas de todos los grupos políticos, apunta a que el consentimiento tampoco puede darse en casos de violencia, amenaza, miedo abuso de poder, coerción, vulnerabilidad o incapacidad resultante de una intoxicación o pérdida del conocimiento (los casos en que las víctimas estén inconscientes, dormidas o bajo los efectos de las drogas o el alcohol, por ejemplo). Se incluye hasta la edad, entre muchos otros supuestos.

Los legisladores recogen en concreto las "reacciones de congelación", o sea, la parálisis involuntaria en respuesta al terror, como un factor que debe considerarse al evaluar el consentimiento. Eso que aún hay que escuchar en los juicios de "no dijo nada" o "no se resistió". La Manada de Pamplona, en la memoria. 

Los defensores de la propuesta citan casos recientes de gran repercusión, como el ya señalado de Gisèle Pelicot, o el del grupo de Telegram alemán con más de 70.000 hombres de diferentes partes del mundo compartiendo consejos e información para violar mujeres. Unas normas legales más claras podrían ayudar a evitar casos similares.

Más allá de las definiciones legales, los eurodiputados han pedido la ampliación de los servicios de apoyo a las víctimas, incluyendo centros especializados gratuitos que proporcionen asistencia médica, psicológica y jurídica. También instan a la formación obligatoria de los profesionales que puedan tener contacto con víctimas, como personal sanitario, policías, jueces y abogados.

Un logro importante, la cal, pero que también tiene su parte de arena, porque el documento de partida era aún más ambicioso: se pedía incluir planes de estudios con una educación adaptada a la edad, perspectiva de género e integral en materia de sexualidad y relaciones para combatir un clima creciente de cultura de la violación. Sin embargo, el Partido Popular Europeo (PPE), la casa continental del PP español y bloque mayoritario en el hemiciclo, votó en contra. 

Segundo intento

La votación fue un éxito... ahora. En realidad, la propuesta de un sí es sí a la europea viene de lejos y fue tumbada en 2024. El voto de este informe reabre un debate viejo porque la directiva sobre violencia machista aprobada en ese año ya intentó incluir el consentimiento como columna vertebral de una ley común, a propuesta tanto de la Comisión como del Parlamento. Sin embargo, el rechazo de países como Francia, Alemania y Hungría se acabó imponiendo.

Nuestro país vecino, justo poco después, quedó en shock con el caso Pelicot y sus políticos cambiaron de idea, por presión popular. Así, la Asamblea Nacional gala aprobó a finales del año pasado incluir la noción del consentimiento en toda relación sexual para determinar si una persona es víctima de violación.

En una entrevista con EFE por el Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo, la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, confiaba en que este tipo de casos puedan "prender la chispa" para que cada vez más países pasen de un modelo basado en el uso de la fuerza por parte del agresor a uno que se rija por la ausencia de consentimiento por parte de la víctima, que es el que usan países como España.

Ahora es el momento de que, más allá de las apuestas nación a nación, se haga una a 27 miembros. El Parlamento ya está presionando a la Comisión para que presente directrices iniciales antes de que acabe 2026 y ponga en marcha ya campañas de sensibilización a nivel UE, destinadas a clarificar el concepto de consentimiento, algo que le costó no poco sudor al Gobierno español y, en concreto, a la ministra de Igualdad de entonces, Irene Montero, hoy eurodiputada. 

Sin embargo, las perspectivas de una legislación vinculante siguen siendo inciertas, aún con el espaldarazo -y la presión- de estos días. Hay socios de la UE que insisten en que el derecho penal en este ámbito queda fuera de la competencia comunitaria, lo que aumenta la probabilidad de un nuevo bloqueo político. Huelga decir que la mayor oposición proviene de Ejecutivos de derecha y ultraderecha. 

Ahora mismo, hay contactos entre PE y CE pero no se ha visto "ningún progreso en cuanto a acciones concretas para poner una propuesta sobre la mesa" de cara a una reforma, en palabras de una de las responsables de la resolución, la socialdemócrata sueca Evin Incir, pronunciadas en rueda de prensa. 

El argumentario

Los europarlamentarios que han llevado en volandas este texto, pertenecientes a los comités de Libertades Civiles y Derechos de la Mujer de la Eurocámara y en su mayoría mujeres, han dejado estos días un argumentario poco discutible sobre la necesidad de adoptar esta ley coral. "Si alguien se lleva tu dinero sin tu consentimiento, es robo. Si alguien coge tu bolso sin consentimiento, es un delito. ¿Por qué desaparece esta claridad cuando hablamos del cuerpo de una persona? ¿Por qué toleramos la impunidad cuando las principales víctimas son mujeres y niñas?", se preguntó Incir en el plenario. 

"En 2026, hay demasiados Estados miembros donde la ley protege mejor objetos como una cartera o un teléfono que el cuerpo de una mujer", añadió durante el debate sobre el texto en el hemiciclo. 

Por si se olvida: una de cada tres mujeres en el bloque había sufrido violencia de género y una de cada veinte había sido violada, recuerda también la eurodiputada polaca Joanna Scheuring-Wielgus, ponente principal del informe y miembro también del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D). "La mayoría de las violaciones son cometidas por alguien conocido por la víctima, a menudo sin violencia física, y las víctimas suelen estar paralizadas por el miedo en lugar de poder resistir", abunda Abir Al-Sahlani, eurodiputada liberal sueca, que actuó igualmente como ponente.

Esta pelea también lleva un importante sello español. Lina Gálvez, socialista y presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, destaca que "la ausencia de resistencia no equivale a consentimiento, más a bien parálisis. Al ignorar esto, nuestra normativa europea perpetua la impunidad del agresor". "España ha sido ejemplo para esta normativa", señala. "Ahora la Comisión Europea debe presentar una propuesta legislativa que armonice la definición de violación basada exclusivamente en la ausencia de consentimiento", reclama. 

Por su parte, su compañero de partido, Juan Fernando López Aguilar, miembro de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia, destaca que "urge que toda agresión sexual en contra del libre consentimiento esté sujeta a legislación y armonización penal europea". 

"Vemos una Europa en la que aún muchas mujeres en algunos países deben probar en un juicio que hubo violencia y resistencia para que se pueda demostrar que ha habido una violación. Esto es una aberración", señala, por su parte, la eurodiputada de ERC Diana Riba, que destaca que en la Eurocámara "siempre ha habido consenso" en que la noción del consentimiento es "imprescindible". Ahora viene el reto de hacer el proṕósito ley.

Estadísticas disparadas

Justo esta semana, el pasado miércoles, la oficina estadística de la UE, Eurostat, ha difundido los datos de las policías comunitarias sobre las violaciones y agresiones sexuales en los Veintisiete. Y son espeluznantes: se registraron 256.302 delitos de violencia sexual en 2024, de los que 98.190 (el 38% del total) fueron violaciones. Esto supone que los delitos de violencia sexual aumentaron un 5% (esto es, 12.097 casos más) y las violaciones crecieron un 7% (+6.291 expedientes), respecto al 2023. 

Es la constatación de una tendencia al alza en la última década, en realidad. Entre 2014 y 2024, los delitos de violencia sexual aumentaron un 94% (+124.350 casos) y los de violación un 150% (58.983 casos más). Durante este período, los delitos de violencia sexual aumentaron también de forma continua en casi un 10% anual de media, y los de violación un 7%.

Eurostat expone que el aumento del número de delitos de violencia sexual registrados por la policía puede estar relacionado con una mayor concienciación social, lo que repercute en los índices de denuncia. Es la única lectura positiva posible de estos daños demoledores. Actuar es obligado.