10 años de prisión y multas de incluso más de 50.000 euros: así castigará Grecia a los activistas de ONG que faciliten la entrada de migrantes
La nueva normativa introducirá también un límite máximo a la financiación estatal de estas organizaciones, del 30 % del presupuesto operativo de cada organización.
El Parlamento griego ha aprobado este jueves una ley que impone penas de al menos 10 años de prisión y multas que superan los 50.000 euros a cualquier miembro de una ONG que facilite la entrada ilegal de inmigrantes, lo que la oposición ha calificado como una norma que criminaliza la ayuda humanitaria. Además, se introducirá también un límite máximo a la financiación estatal de estas organizaciones, del 30 % del presupuesto operativo de cada organización.
La aprobación de esta ley contó con los votos del partido gobernante, Nueva Democracia (ND), liderado por el primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis, mientras que todos los partidos de izquierda se opusieron, denunciando la medida como una criminalización del trabajo humanitario y un ataque a los derechos fundamentales de las personas migrantes.
Según los defensores de la ley, el objetivo es proteger las fronteras nacionales y frenar el flujo irregular de inmigrantes hacia Europa, en un país que históricamente ha estado en la primera línea de la crisis migratoria. Sin embargo, para las ONG y activistas, la ley representa un riesgo directo para quienes brindan ayuda en el terreno. La amenaza de prisión y multas millonarias podría disuadir a organizaciones de prestar asistencia básica, desde comida y refugio hasta apoyo legal, dejando a muchos migrantes en una situación aún más vulnerable.
Una ley que no distingue entre quienes trabajan en ONG y quienes se lucran con el tráfico ilegal
Y es que, la ley no distingue claramente entre quienes lucran con el tráfico ilegal y quienes trabajan para salvar vidas o brindar ayuda humanitaria en zonas de crisis. Además, según han adelantado sus sanciones serían más severas. Organizaciones como la Comisión Nacional para los Derechos Humanos de Grecia han advertido que esta ambigüedad puede transformar actos de asistencia en conductas penales simplemente por el hecho de estar en una ONG registrada, incluso antes de que se confirme una culpabilidad en juicio.
"Si el traficante, este asesino que ha secuestrado y transportado inmigrantes, está inscrito en una ONG del registro nacional, se le impondrán sanciones más severas", señaló durante el debate previo a la votación el ministro de Migración de Grecia, Thanos Plevris.
Expertos en derechos humanos citados por EFE advierten que esta legislación podría tener un efecto de "enfriamiento" sobre el voluntariado y la cooperación internacional, y podría aislar a Grecia de programas europeos de apoyo a migrantes, al generar un clima de desconfianza hacia las organizaciones civiles.
La aprobación de esta ley llega apenas tres semanas después de que un tribunal de la isla griega de Lesbos absolviera a 24 voluntarios y activistas de la ONG Emergency Rescue Center International (ERCI), que durante siete años habían enfrentado cargos de tráfico de personas y de formación de organización de delincuencia.