Comida bajo vigilancia militar. Así ha empezado este lunes la distribución de ayuda humanitaria en Gaza por parte de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una ONG creada este mismo año y respaldada por Estados Unidos e Israel. El nuevo sistema, que actúa fuera del paraguas de la ONU y sin la participación de las principales organizaciones humanitarias, ha encendido las alarmas no solo en la Franja, sino también en la comunidad internacional.

Israel autorizó la entrada de ayuda el pasado 19 de mayo, tras más de dos meses de bloqueo total. Desde entonces, han cruzado más de 500 camiones, todos inspeccionados previamente por el Ejército en el paso de Kerem Shalom. Solo este lunes, las autoridades israelíes aseguran haber dejado pasar 170 camiones con alimentos, medicinas y suministros médicos. Pero la ONU advierte: el volumen que finalmente llega a la población es mínimo. Solo en los últimos días, apenas se han podido recoger los cargamentos de 115 camiones. Antes del 7 de octubre, entraban una media de 500 al día, y ya entonces no bastaban.

Ahora, con este nuevo sistema impulsado por Israel y EE.UU., el reparto queda en manos de GHF, con seguridad privada estadounidense y bajo vigilancia militar israelí. Naciones Unidas lo rechaza frontalmente, y tanto las ONG presentes sobre el terreno como las propias autoridades gazatíes denuncian que el plan convierte la ayuda en una herramienta de control.

Ya se han publicado fotografías de gazatíes recogiendo cajas de comida en uno de los puntos de reparto instalados en el sur del enclave, bajo estrictas medidas de seguridad. No se ha detallado cuántas personas han recibido ayuda ni el contenido exacto de esas cajas. Desde la fundación se han limitado a anunciar que este martes llegarán nuevos convoyes, con el objetivo de aumentar el volumen de entregas.

Gaza acusa a Israel de chantaje humanitario

Desde Gaza, las autoridades han reaccionado con dureza. En un comunicado oficial, el Ministerio del Interior y Seguridad acusó a Israel de intentar “reemplazar el orden por el caos”, eludiendo a Naciones Unidas y las organizaciones internacionales que tradicionalmente gestionaban la distribución de ayuda en el enclave.

La nota advierte de que este nuevo sistema humanitario, diseñado fuera de los canales internacionales, busca “aplicar una política de ingeniería de hambruna de civiles palestinos y utilizar la comida como arma de guerra”. Según denuncian, el reparto a través de GHF tiene como objetivo “obligar a los ciudadanos a recorrer largas distancias para recibir ayuda” y así facilitar el “reordenamiento poblacional dentro de la Franja”.

También acusan directamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de “negociar con los ciudadanos su sustento”, y denuncian que la ONG intenta “acceder a la información utilizando tecnologías modernas como escáneres de iris, para perjudicar a los ciudadanos y atraparlos”.

Califican a GHF de “dudosa institución” y aseguran que “sirve a las autoridades israelíes en sus malintencionados objetivos de aplicar planes de desplazamiento, además de atrapar y chantajear a los ciudadanos con fines de seguridad”. En ese contexto, el Gobierno de Gaza acusa a Israel de “sustituir la ayuda imparcial por un modelo de control directo sobre la vida de las personas más vulnerables”.

El comunicado termina con una doble advertencia. Por un lado, piden a la población que no interfiera en la entrada de los convoyes para evitar incidentes y garantizar la distribución. Por otro, exigen rechazar por completo este plan: “No permitiremos la creación de organismos que colaboren con la ocupación en las zonas controladas por su Ejército. Cualquiera que coopere (…) pagará el precio”.

El Gobierno de la Franja insiste en que la única vía legítima para la entrega de ayuda humanitaria es a través de Naciones Unidas y de las organizaciones humanitarias reconocidas internacionalmente. Confían en que el rechazo generalizado al plan de GHF y la presión internacional “obliguen a Israel a revertir este modelo” y a restaurar los canales anteriores.

Una fundación bajo la lupa

Mientras crece la presión sobre el terreno, el nuevo modelo también sufre fracturas internas. El esperado centro logístico conjunto entre Israel y Estados Unidos, que debía abrir este lunes, sigue sin estar operativo. Medios israelíes como Haaretz aseguran que su puesta en marcha se ha retrasado varios días más.

La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), que gestiona el reparto de ayuda bajo este nuevo sistema, se creó este mismo año a iniciativa de Estados Unidos e Israel con el objetivo de establecer un canal de distribución alternativo a Naciones Unidas y las agencias humanitarias tradicionales, a las que el Gobierno israelí acusa de ser incapaces de evitar que Hamás se apropie de los suministros.

Con sede en Suiza, GHF opera en Gaza con centros vigilados por empresas privadas de seguridad estadounidenses y bajo supervisión militar israelí. Solo permiten el acceso a representantes familiares previamente identificados, y según las autoridades de Gaza, utilizan sistemas biométricos como escáneres de iris, lo que ha desatado nuevas críticas por violación de la privacidad y control poblacional.

La comunidad humanitaria internacional ha rechazado de plano este modelo. Naciones Unidas ha advertido que “establece un precedente inaceptable para la entrega de ayuda en cualquier zona de conflicto”. También denuncia que contradice los principios humanitarios básicos de neutralidad, independencia e imparcialidad, y alerta de que podría obligar a nuevas oleadas de desplazamientos.

El escándalo ha llegado hasta dentro de la propia ONG. Este domingo, el director ejecutivo de GHF, Jake Wood, presentó su dimisión alegando que no podía continuar en el cargo sin comprometer esos mismos principios. “No voy a formar parte de un sistema que convierte la ayuda en un instrumento de presión”, señaló. Su marcha ha reforzado las sospechas sobre la falta de garantías del modelo.

En su lugar, la fundación ha nombrado a John Acree como director interino. Lo presentan como un veterano con dos décadas de experiencia en respuesta a emergencias, coordinación civil-militar y trabajo humanitario en contextos de conflicto. Pero ni su perfil ni sus credenciales han logrado frenar el aluvión de críticas.

Desde Gaza, insisten en que la ONG actúa como una extensión del aparato de seguridad israelí y estadounidense. “Sirve a sus planes de desplazamiento”, repiten. “Nos chantajean con la comida”.