No habrá pago por el uso de autovías en España en 2024. El Gobierno de España habría logrado el visto de la Comisión Europea, a falta de cerrar algunos detalles, según ha publicado El País este jueves en una información en la que alude a distintas fuentes conocedoras de la negociación. 

Según dicha publicación, todo indica que Bruselas ha dado luz verde a la propuesta española de retirar esta medida, contenida en el Plan de Recuperación, de introducir el pago por el uso de las autovías -actualmente son gratuitas- a partir de 2024. El Ejecutivo incluyó su sustitución en la adenda a dicho plan comunitario remitida el pasado mes de junio y ahora espera el aval definitivo se produzca de forma "inminente" por parte de las autoridades comunitarias.

Se trata de una maniobra de importancia, puesto que tras meses de evaluación de la propuesta española, se habría conseguido que Bruselas permita el cambio mediante la adenda. Cabe recordar que España ha adquirido una serie de cumplimientos con la Unión Europea para poder recibir los fondos millonarios asociados al Plan de Recuperación. El sexto tramo del que está pendiente de recibir asciende a 8.000 millones de euros.

Medidas alternativas para transporte sostenible y apuesta ferroviaria

Lo cierto es que todo lo que rodea a este episodio de la política doméstica y comunitaria ha estado acompañado de mucho ruido. Tras conocerse que el tercer hito del Plan de Recuperación, pasaba por la creación de "un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de quien contamina paga" las críticas fueron inmediatas y la oposición no dudó en emplearlo como arma política arrojadiza. 

A pesar de que el propio Partido Popular, durante la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa, había encargado dos informes para estudiar esa misma medida. De hecho, el de 2018 con "carácter urgente", lo analizaba para introducir los peajes ya en 2021, cuando saltó a titulares que el Plan de Recuperación incluía una idea en ese sentido.

Eso era lo que recogía el primer documento entregado en abril de 2021. Ahora la idea es sustituir esta polémica idea -que tampoco respondía a la realidad de los años siguientes marcados por las consecuencias económicas de la espiral inflacionista y ya golpeados por la crisis del coronavirus-. La alternativa será, precisamente, apostar por medidas alternativas que impulsen el transporte sostenible y con una clara apuesta por el ferroviario.

Hacia una Ley de Movilidad Sostenible

Así, habría pesado en gran medida la formulación por parte del Gobierno de España de un compromiso para la "entrada en vigor de una Ley de Movilidad Sostenible para mejorar la planificación, la coordinación y la eficiencia de las políticas de transporte público, apoyar la digitalización del transporte y el uso del transporte público. Comprenderá medidas específicas para promover el transporte ferroviario de mercancías, que contribuya a reducir las emisiones del transporte terrestre de mercancías".

Según El País, esa normativa estaría articulada en base a tres pilares. El primero se trataría de "la obligación de implantar un programa de desarrollo de autopistas ferroviarias en aquellos corredores en los que resulte viable y exista un interés empresarial para su desarrollo”. 

También se desplegarían inversiones económicas durante al menos un lustro, en el plano de la apuesta por el tren para transporte de mercancías: "la bonificación de los cánones ferroviarios para los tráficos de mercancías durante un periodo mínimo de cinco años". 

A mayores, también se suscribe el compromiso para "el desarrollo de un programa de apoyo al transporte ferroviario de mercancías, que incluirá medidas de incentivo al cambio modal de la carretera al ferrocarril y el impulso a la modernización e innovación en el sector del transporte ferroviario".