La justicia de Colombia ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado este martes la puesta en libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe, el primer mandatario de Colombia condenado penalmente. La Sala Penal de este órgano ha revocado el fallo que emitió a principios de agosto la jueza Sandra Heredia, que condenó a Uribe a doce años de arresto domiciliario por sobornar a testigos y manipular el proceso judicial abierto por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. El tribunal sostiene que la magistrada vulneró el derecho básico a la libertad al justificar su detención con argumentos "vagos e imprecisos”.

En una resolución de 38 páginas, los magistrados ordenan a Heredia dejar sin efecto la “privación inmediata de libertad” dictada contra el expresidente “hasta tanto (…) este Tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia”. El fallo subraya que las razones esgrimidas por la jueza, como “la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social”, resultan “desatinadas” porque las conductas atribuidas “afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social”.

“Este tipo de razonamiento desconoce el principio de igualdad ante la ley y el criterio de proporcionalidad, al priorizar fines genéricos y simbólicos sobre derechos fundamentales como la restricción de la libertad, lo cual también resulta desproporcionado en cuanto prevalece la presunción de inocencia hasta que la decisión condenatoria cobre ejecutoria”, agrega la Sala que, además, critican que Heredia “insistentemente destacó el reconocimiento público del enjuiciado”, cuando este “solo debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad, ideas ni características”.

El trasfondo del caso

Álvaro Uribe, de 73 años, ha negado los cargos y asegura ser víctima de una persecución política. La condena en primera instancia le impuso además una inhabilitación de más de ocho años para ejercer cargos públicos y una multa de 3.444 millones de pesos (algo así como 720.700 euros). Según la investigación, el expresidente habría instigado a su abogado Diego Cadena para ofrecer beneficios a exparamilitares encarcelados con el fin de modificar sus declaraciones.

El proceso judicial arrancó en 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda por supuestamente manipular testigos en las cárceles para vincularlo con el paramilitarismo. La Corte Suprema, sin embargo, archivó la investigación contra Cepeda y abrió una contra el propio Uribe. Desde entonces, el expresidente pasó de acusador a investigado.

La Fiscalía presentó hace poco más de una semana un recurso contra la sentencia, al considerar que se apoyaba en conjeturas, apelación que se suma a la interpuesta por la defensa del exmandatario. El Tribunal Superior de Bogotá tiene plazo hasta el 16 de octubre para resolver en segunda instancia el futuro judicial de Uribe.