La Justicia tumba otro gran arancel de Trump y pone en riesgo 166.000 millones de dólares
Un tribunal federal de Estados Unidos considera que el expresidente utilizó "de forma incorrecta" una ley comercial de 1974 para imponer un arancel global del 10% a la mayoría de importaciones.
Nuevo golpe judicial para Donald Trump y su política comercial. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha bloqueado este jueves el arancel global del 10% que el expresidente impuso el pasado febrero a la mayoría de productos importados al considerar que utilizó de manera "incorrecta" una antigua ley comercial para justificar la medida.
El fallo, emitido desde Nueva York, concluye que la Administración Trump excedió los límites legales al aplicar de forma prácticamente generalizada gravámenes a productos procedentes de casi todos los países.
La decisión judicial supone un nuevo revés para la estrategia arancelaria del mandatario republicano, especialmente después de que otro paquete similar ya hubiera sido anulado previamente por el Tribunal Supremo estadounidense.
En esta ocasión, Trump había recurrido a una disposición poco utilizada de la Ley de Comercio de 1974, conocida como "sección 122", para justificar el arancel universal del 10%.
Sin embargo, el tribunal considera que esa norma solo permite medidas temporales y muy concretas vinculadas a desequilibrios graves en la balanza de pagos o a problemas de estabilidad financiera internacional.
Además, recuerda que la propia legislación fija límites claros: los aranceles no pueden superar el 15% y solo pueden mantenerse durante un máximo de 150 días salvo autorización expresa del Congreso.
Un conflicto todavía abierto
Aunque el fallo supone una victoria para los sectores que habían recurrido la medida, el conflicto judicial está lejos de terminar. Según medios estadounidenses como The New York Times, la Administración Trump ya tenía previsto recurrir la decisión.
El arancel comenzó a aplicarse el pasado 24 de febrero y, en teoría, debía expirar el próximo 23 de julio salvo que el Congreso aprobara una prórroga.
Pero el problema para el Gobierno estadounidense podría ser mucho mayor si la derrota judicial termina consolidándose. Según las estimaciones citadas en Estados Unidos, Washington podría verse obligado a devolver los ingresos recaudados mediante esos gravámenes, una cifra que ronda los 166.000 millones de dólares.
La política arancelaria ha sido una de las grandes señas de identidad económicas de Trump desde su regreso a la Casa Blanca, especialmente en su intento de reforzar la industria estadounidense y presionar comercialmente a países rivales.
Sin embargo, sus críticos llevan tiempo cuestionando tanto el impacto económico de estas medidas como el uso expansivo que el expresidente ha hecho de herramientas legales pensadas originalmente para situaciones excepcionales.
El fallo vuelve ahora a abrir un debate incómodo para la Administración: hasta qué punto el presidente puede utilizar poderes comerciales extraordinarios sin pasar por el Congreso.