Las redadas de ICE en Minneapolis, un gran problema para Trump en año electoral

La muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales de inmigración en Minneapolis ha transformado una ofensiva diseñada para reforzar el discurso de mano dura de Donald Trump en un conflicto político de primer orden en pleno año electoral. El despliegue masivo de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en una ciudad gobernada por demócratas pretendía escenificar autoridad y confrontación con las llamadas “ciudades santuario”. Lo que ha provocado, sin embargo, es una combinación mucho más peligrosa para la Casa Blanca: ciudadanos muertos, grabaciones que contradicen el relato oficial, un choque institucional abierto y un malestar creciente que empieza a asomar incluso dentro del Partido Republicano.

El detonante inmediato fue el fallecimiento del enfermero Alex Pretti, de 37 años, el pasado sábado, durante una operación federal en el centro de la ciudad. Pretti se convirtió en el segundo estadounidense abatido este mes por agentes federales en Minneapolis, después de que el 7 de enero muriera Renee Good en circunstancias similares. Desde el primer momento, la administración Trump ha sostenido que Pretti agredió a los efectivos y que estos dispararon en defensa propia. El propio presidente encuadró los hechos en clave partidista: “Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas”.

Esa narrativa, sin embargo, comenzó a resquebrajarse de inmediato. Los vídeos grabados por testigos y verificados por Reuters muestran a Pretti con un teléfono móvil en la mano —no con un arma— mientras intentaba auxiliar a varias personas derribadas por los agentes. Las imágenes lo muestran reducido en el suelo y recibiendo múltiples disparos por la espalda. Los padres del enfermero han reforzado esta versión con un relato directo: “Tenía el teléfono en la mano derecha y la izquierda libre, intentando proteger a la mujer que el ICE acababa de tirar al suelo, todo ello mientras lo rociaban con gas pimienta”.

La respuesta oficial, lejos de rebajar la tensión, la ha agravado. El jefe de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, Gregory Bovino, defendió la actuación de sus efectivos y llegó a invertir el sentido del caso en una entrevista con CNN: “Las víctimas aquí son los agentes de la Patrulla Fronteriza”. Bovino sostuvo que Pretti “se puso en esa situación” al intervenir en una operación policial y confirmó que los implicados continúan trabajando, aunque se prevé que sean destinados a funciones administrativas. También admitió que la investigación sigue abierta y que aún no se ha aclarado cuántos agentes abrieron fuego.

Un conflicto que desborda a Washington

El choque ha trascendido el relato mediático. Las autoridades de Minnesota han cuestionado abiertamente la versión federal y exigen la retirada de los refuerzos desplegados. El gobernador Tim Walz señaló directamente al mandatario: “Presidente Trump, puede acabar con esto hoy mismo. Retire a esta gente”. El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, fue aún más explícito al resumir el conflicto: “Los vídeos hablan por sí solos”, sentenció, tras afirmar que no ha visto pruebas de que Pretti blandiera un arma.

Minnesota ha recurrido, además, a la vía judicial. A petición del estado, un juez federal ha ordenado preservar todas las pruebas relacionadas con la muerte de Pretti, después de que las autoridades locales denunciaran posibles excesos inconstitucionales en el operativo. En el caso de Renee Good, la fractura es total: el Departamento de Justicia retiró su cooperación de la investigación estatal y una docena de fiscales federales presentaron su dimisión en protesta por la gestión del caso.

El impacto político ha alcanzado al Capitolio. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció que su partido votará contra cualquier ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional que incluya fondos para el ICE si no se acometen reformas profundas. “Los estadounidenses deben estar a salvo del abuso de su propio Gobierno”, advirtió. La amenaza es concreta: si no hay acuerdo antes del 31 de enero, Estados Unidos se encamina a un cierre parcial del Gobierno.

Fisuras en el frente republicano

Pero el elemento más incómodo para la Casa Blanca no procede de la oposición. Según The New York Times, la muerte de Pretti ha encendido las alarmas en las filas republicanas. Mientras algunos dirigentes cierran filas con Trump, varios legisladores han reclamado investigaciones independientes. El senador republicano Bill Cassidy calificó lo sucedido como “profundamente perturbador” y urgió una investigación conjunta. “La credibilidad del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional está en juego”, afirmó.

Otros congresistas han ido más allá. El republicano James Comer sugirió en Fox News que el presidente debería retirar a los agentes para evitar “perder más vidas inocentes”. Incluso organizaciones defensoras del derecho a portar armas han expresado su alarma ante el intento de justificar el tiroteo por el hecho de que Pretti tuviera una licencia de armas. “Llevar un arma no es una sentencia de muerte”, escribió el congresista Thomas Massie, recordando que se trata de un derecho constitucional.

En este contexto se explica el reciente giro retórico del presidente. En una entrevista con The Wall Street Journal, Trump afirmó que su administración está “revisándolo todo” y abrió la puerta a una eventual retirada de los agentes federales, aunque sin fijar plazos. “En algún momento nos iremos”, dijo, al tiempo que defendía que los efectivos han hecho un “trabajo fenomenal”.

El riesgo político

Este movimiento sugiere una corrección táctica más que un cambio de fondo. Trump intenta contener el daño sin desautorizar una estrategia central para su proyecto político. Sin embargo, el coste reputacional es evidente. Minneapolis ha dejado de ser un escenario útil para proyectar autoridad y se ha convertido en un precedente incómodo: un lugar donde la política migratoria se asocia a ciudadanos muertos y enfrentamientos institucionales.

Para Trump, el riesgo electoral no radica en perder a su base más fiel, sino en erosionar el apoyo de votantes independientes y moderados. Estos sectores, aunque aceptan la firmeza en la frontera, rechazan el uso letal de la fuerza y el desorden administrativo. En un año decisivo, este desplazamiento del foco —del orden público al abuso de poder— amenaza con convertir uno de los pilares de su campaña en una fuente de incertidumbre política.