El juez Calama cita como imputadas a las hijas y a la secretaria de Zapatero

Novedades en la investigación acerca del caso Plus Ultra. El juez ha imputado tanto a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba, como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado que instruye la investigación, José Luis Calama, ha tomado dicha decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción presentase un escrito para que que tomase declaración tanto a las hijas como a la secretaria del expresidente del Gobierno, pero en calidad de investigadas —imputadas—.

En este sentido, la Audiencia Nacional ha esgrimido como justificación de esta medida lo contenido ya en el auto que se hizo público a mediados del pasado mes y por el que ya se produjo el registro de las dependencias de la empresa en la que ambas hijas constan como administradoras solidarias, Whatthefav. Esta es una de las cuestiones clave en las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO), que creen que, presuntamente, podría haber servido para el blanqueo de dinero procedente de un supuesto delito de tráfico de influencias.

En esa línea, el juez apunta a que "la investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad".

La imputación de las hijas de Zapatero: "La conexión deriva de la propia estructura societaria"

Sobre el caso de Alba y Laura Rodríguez, también concluye el alto tribunal que "la conexión deriva de la propia estructura societaria", por tanto, "quien ostenta la representación formal es, ex lege, el responsable de la actuación de la persona jurídica y de la adopción de decisiones que permiten o facilitan su operativa". 

Asimismo, Calama también subraya que la citación en calidad de investigadas representa la única vía para que no se vean alteradas las garantías constitucionales recogidas en el artículo 24 de la Constitución Española. Lo argumenta indicando que "llamarlas en calidad de testigos resultaría incompatible con su posición procesal potencialmente afectada, pues les impondría el deber de decir verdad y la prohibición de reservarse información, comprometiendo de forma irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables".

El caso de la secretaria y el rechazo a las diligencias reclamadas por Zapatero y la acusación particular

Por otro lado, el juez Calama también recuerda que la citación de la secretaria Gertrudis Alcázar, en calidad de investigada, deriva directamente los indicios de su participación directa en los que hechos. Cabe recordar que en el mencionado auto, se establecía que Alcázar era una "pieza operativa esencial" del supuesto entramado delictivo identificado en el caso Plus Ultra.

En dicho auto, el juez instructor cree que la secretaria de Zapatero juega un papel clave, como "nodo central de comunicación y gestión documental" de la supuesta trama. Es decir, se ocuparía tanto de elaboración de la documentación precisa para la actividad económica de la presunta trama, pero también de la "apariencia formal" del flujo económico.

Por otro lado, la Audiencia Nacional también ha rechazado las diligencias reclamadas por la defensa legal del expresidente del Gobierno, pero también por la acusación particular, un frente de varios actores que ha sido unificado en el Partido Popular. No habrá citación, como investigados, del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de su asesor Koldo García o la de Pedro Saura como testigo. O que se aportase una fianza por el importe de la deuda impagada por la aerolínea Plus Ultra, es decir, 53 millones de los que se han pagado 12 en intereses.

Pero tampoco Zapatero ve luz verde a la petición —clave en lo relativo a las garantías procesales de todo el caso— de complementar y ampliar el auto de 5 de junio con el fin de extender el objeto de la solicitud de cooperación a EEUU para que remitiera determinada información y documentación. No cierra la puerta a que se pueda producir más adelante, pero Calama entiende que primero debe resolverse la contestación al instrumento de cooperación jurídica internacional que él mismo formuló a las autoridades estadounidenses.